Fallo del Ciadi

Política antitabaco protegió la salud pública

Las medidas adoptadas por Uruguay tuvieron como objetivo “proteger la salud pública” de la población y cumplió estándares nacionales e internacionales, valoró el Ciadi.

Las políticas de control de consumo de tabaco impulsadas por el Estado uruguayo no implicaron una afectación del derecho de marca de la empresa Philip Morris y se constituyeron en una medida efectiva para alcanzar sus objetivos: la reducción de la incidencia de consumo de tabaco y sus efectos sanitarios en la población. Así lo afirmó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en su fallo referente al litigio internacional entre la tabacalera Philip Morris y el Estado uruguayo.

En esencia, Philip Morris alegó en su demanda que las medidas de restricción de publicidas impulsadas por el gobierno uruguayo se habían transformado en una “expropiación indirecta” de su inversión, en cuanto a que no se le permitía vender sus productos con conceptos como Light o Ultralight. Estas medidas implicaban una restricción en el desarrollo comercial de la empresa, alegó la tabacalera. Por su parte, Uruguay argumentó que las medidas se adoptaron en ejercicio de su derecho soberano de ejercer como policía sanitaria y velar por la salud pública de los habitantes del país.

Tras varios años de litigio, el Ciadi falló a favor de Uruguay. La empresa alegó que el marco regulatorio implicó una interferencia en sus derechos como inversor, y que privaría a la inversión sustancialmente de su valor, y afirmó que se trataban de una “expropiación indirecta”. Sin embargo, el Ciadi –organismo de solución de controversias del Banco Mundial- afirmó que el título legal de propiedad de la inversión de Philip Morris “no se vio afectado” por las medidas adoptadas por el Estado.

El organismo señaló que desde hace años se reconoce el “rol de policía del Estado” en materia de salud pública, y que estos pueden negarse a admitir inversiones “por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad”, y valoró que en Uruguay la tutela del derecho a la salud de los habitantes “tiene rango constitucional y está previsto en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado uruguayo”, entre ellos, el Convenio Marco de Control del Tabaco (Cmtc).

Para que las acciones de un Estado en el ejercicio de sus potestadades regulatorias no conformen una expropiación indirecta, estas “deben cumplir ciertas condiciones”, entre ellas, ser adoptadas de buena fe para proteger el bienestar público, no ser discriminatorias ni desproporcinadas. En el caso de la normativa uruguaya “cumplen con estas condiciones”. “Uruguay adoptó las Medidas Impugnadas con el fin de proteger la salud pública en observancia de sus obligaciones nacionales e internacionales”, señaló el Ciadi.

En este sentido, “las medidas fueron proporcionales al objetivo al que aspiraban” y no implicaron un impacto adverso sobre el negocio de la empresa. Las medidas “no fueron ‘arbitrarias e innecesarias’, sino potencialmente un ‘medio efectivo para la protección de la salud pública’”, al tiempo que se introdujeron “como parte de un amplio plan para el control del tabaco y es difícil desglosar sus distintos componente”. “ Sin embargo, el hecho es que la incidencia del cigarrillo en Uruguay ha disminuido, en particular entre los jóvenes fumadores, y que estas son medidas de salud pública que apuntaban a este fin y fueron capaces de contribuir a su alcance.

“En la opinión del Tribunal, esto es suficiente para desestimar el reclamo planteado en virtud del Artículo 5(1) del TBI. 307. A la luz de lo expuesto, el Tribunal llega a la conclusión de que las Medidas Impugnadas fueron un ejercicio válido del poder de policía de Uruguay para la protección de la salud pública. En este carácter, no pueden constituir una expropiación de la inversión” de Philip Morris, dice el fallo.

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