Abriendo Puertas: tres herramientas para facilitar el acceso a la vivienda
Di Candia explicó que el programa Abriendo Puertas contempla diferentes líneas de acción. Una de ellas es el alquiler social en viviendas públicas, otra es el subsidio parcial para familias que alquilan en el mercado privado y la tercera, que el jerarca anunció para la próxima semana Abriendo Puertas Primera Vivienda, destinado a facilitar la compra de una casa mediante un crédito hipotecario.
“Lo que estamos buscando es generar instrumentos que le permitan a las familias acceder a una vivienda propia por el mismo precio o menos que lo que van a alquilar”, sostuvo.
La nueva línea de primera vivienda apunta a hogares que sí pueden acceder a un préstamo, pero para los que el importe de la cuota representa una barrera. En esos casos, el Ministerio de Vivienda subsidiará una parte del pago mensual al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
El subsecretario planteó el ejemplo de una familia que solicita un crédito para comprar una vivienda de 120.000 dólares y debe pagar una cuota de 25.000 pesos mensuales. Con el nuevo instrumento, el ministerio podrá subsidiar hasta el 30% de esa cuota, de manera que la familia termine pagando entre 16.000 y 17.000 pesos, según sus ingresos.
El objetivo es reducir el esfuerzo económico que implica acceder a una vivienda propia y ofrecer una alternativa que pueda competir con el costo de un alquiler.
Alquiler social: precios máximos y un límite del 30% de los ingresos
Otra de las herramientas de Abriendo Puertas es el alquiler social en viviendas públicas. Según explicó Di Candia, el ministerio comenzó a adjudicar viviendas disponibles bajo esta modalidad y trabaja para ampliar el parque público habitacional.
El programa establece precios máximos de alquiler según la cantidad de dormitorios: 15.000 pesos para una vivienda de un dormitorio, 19.000 pesos para una de dos y 23.000 pesos para una de tres dormitorios.
Sin embargo, esos montos están sujetos a los ingresos del núcleo familiar. El jerarca aclaró que el alquiler no puede superar el 30% de los ingresos familiares, por lo que, cuando los ingresos son menores, el precio se ajusta en función de la capacidad de pago del hogar.
Di Candia defendió la necesidad de ampliar la cantidad de viviendas públicas disponibles para alquiler y planteó que debe tratarse de una política sostenida en el tiempo.
“Es una línea absolutamente necesaria”, afirmó sobre el alquiler social, al tiempo que consideró que el país necesita construir un parque público de viviendas capaz de generar una competencia real en el mercado de alquileres.
Como ejemplo de las dificultades para sostener esta política, mencionó la entrega de 30 viviendas para jubilados y pensionistas al Banco de Previsión Social (BPS), correspondientes a una licitación de 2019. Según señaló, durante los cinco años anteriores no se había realizado ninguna nueva licitación para construir viviendas destinadas a esa población.
Subsidios para evitar que las familias pierdan su vivienda
La tercera línea es el alquiler social en viviendas privadas, mediante un subsidio parcial destinado a hogares que necesitan una ayuda económica para sostener el pago mensual.
La propuesta apunta a familias que ya alquilan o que podrían hacerlo, pero que enfrentan dificultades para cubrir la totalidad del precio. La intervención estatal busca completar la diferencia necesaria para que puedan permanecer en el mercado formal y evitar que terminen en una situación de mayor vulnerabilidad habitacional.
“Esta es una política para que aquellas familias que están cerca de caer no caigan”, explicó Di Candia.
El subsecretario defendió la medida por su impacto social y por el uso de los recursos públicos. Según argumentó, puede resultar más eficiente aportar una ayuda mensual relativamente pequeña para sostener un alquiler que esperar a que una familia termine en un asentamiento y deba recibir, años después, una solución habitacional integral.
“Es mucho mejor, más eficiente que el Estado ayude a una familia con mil, dos mil, tres mil pesos que necesite para sostener un alquiler en el mercado formal antes de caer”, sostuvo.
La estrategia busca actuar antes de que el deterioro de las condiciones de vida vuelva más compleja y costosa la intervención del Estado.
Una revisión de la vivienda promovida
Durante la entrevista, Di Candia también se refirió a la política de vivienda promovida, impulsada con el objetivo de favorecer el acceso habitacional de los sectores medios.
El subsecretario reconoció que tuvo efectos positivos en materia de empleo y contribuyó al crecimiento de barrios que anteriormente habían tenido menos desarrollo inmobiliario en Montevideo, como Palermo, Barrio Sur, La Comercial y La Blanqueada. Sin embargo, cuestionó sus resultados en términos de acceso efectivo a la vivienda.
“Desde el punto de vista de la vivienda, lo hemos dicho varias veces, no terminó siendo una política de acceso a la vivienda”, afirmó.
A su entender, uno de los problemas fue que parte del beneficio otorgado terminó trasladándose a los precios del mercado. “Ese subsidio terminó en precio”, señaló, al explicar que esto puede ocurrir cuando se conceden incentivos sin establecer topes que impidan que el beneficio se incorpore al valor final de las viviendas.
Dos grandes prioridades para la política habitacional
Aunque el foco de Abriendo Puertas está puesto en los sectores medios y medios bajos, Di Candia recordó que la otra gran prioridad del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat es duplicar los recursos destinados a los sectores más afectados por la pobreza multidimensional, de 350 millones a 700 millones de dólares.
Ese incremento comprende programas como Juntos, Avanzar y Mejoramiento de Barrios, además de Crece desde el Pie, una iniciativa del actual gobierno destinada a mejorar las condiciones habitacionales de mujeres embarazadas y niños menores de tres años, y Más Barrio, que articula acciones del Estado en territorios afectados por situaciones de violencia.
El subsecretario indicó que el ministerio también avanzó en convenios con las 19 intendencias departamentales para definir prioridades de relocalización de asentamientos, regularización de barrios y atención a familias que necesitan soluciones habitacionales específicas.
En ese marco, Abriendo Puertas constituye una de las apuestas para atender a quienes no están necesariamente en situación de pobreza extrema, pero tampoco encuentran condiciones accesibles para comprar una vivienda o sostener un alquiler.
