Por otro lado, la solicitud hace hincapié en la fiscalización del uso de estos fondos por parte de las instituciones privadas. Específicamente, buscan saber si existen mecanismos de control para evitar que la cápita sea utilizada como garantía en negocios paralelos o si se está destinando dinero de este origen para financiar campañas publicitarias de los prestadores.
MSP defiende el cambio
Por su parte, la ministra de Salud pública, Cristina Lustemberg, defendió el cambio.
Durante una recorrida por Salto, donde participó de la inauguración de un tomógrafo en el hospital local, Lustemberg sostuvo que fue una resolución coordinada con Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Admitió que habrá miles de personas que no recibirán la devolución del Fonasa pero señaló que habrá “más beneficios y prestaciones para más gente”.
En declaraciones consignadas por Telemundo (Canal12), aclaró que se trata de “un ajuste”, que consideró “necesario” y recordó que “ningún país” con un esquema de atención en salud “con cobertura universal” como tiene Uruguay, devuelve recursos a las y los contribuyentes, ya que se trata de un sistema “solidario”
Precisó su “deber es garantizar la máxima capacidad de atención” para la población y puntualizó que hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud “precisa más recursos”.
MEF y devolución Fonasa
Según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ajuste cambia la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del SNIS, un indicador que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.
Los cambios, según la cartera, son una corrección metodológica que busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.
