Neltume Ports reivindica el marco jurídico
En un comunicado, Neltume Ports afirmó que corresponde exclusivamente a las autoridades uruguayas analizar las características de su iniciativa, evaluar sus méritos y decidir si existen condiciones para avanzar hacia una nueva terminal.
La compañía argumentó que su intención de invertir US$ 900 millones responde a la “gran oportunidad de desarrollar y posicionar a Montevideo en un hub regional, duplicando los volúmenes de carga en los próximos años”.
La discusión no se limita, sin embargo, al potencial económico de la inversión. Uno de los puntos centrales es determinar qué efectos jurídicos tiene una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictada en diciembre de 2025 sobre el régimen aplicable a Terminal Cuenca del Plata.
Según recordó Neltume Ports, el TCA anuló una disposición del régimen de gestión de TCP que establecía restricciones para otorgar la explotación de otras terminales especializadas en contenedores.
Para la empresa chilena, esa decisión modificó de manera sustancial el escenario jurídico. “Con esa disposición anulada, el Estado ya no se encuentra sujeto a dicha limitación para otorgar nuevas concesiones”, expresó la compañía.
Neltume también señaló que tanto la Administración Nacional de Puertos (ANP) como empresas pertenecientes al grupo Katoen Natie participaron del procedimiento ante el tribunal y quedaron comprendidas por los efectos de la sentencia.
La opinión de Katoen Natie
La interpretación de Katoen Natie es diferente. Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía belga en Uruguay, enfatizó que existe un contrato formalmente celebrado entre la empresa y el Estado.
“Lo único concreto es que Katoen Natie firmó un contrato con Uruguay y ellos (Neltume Ports) no tienen nada”, declaró Correa a El Observador.
La empresa sostiene que el acuerdo alcanzado con Uruguay debe considerarse único e indivisible. Bajo esa interpretación, una modificación administrativa que altere total o parcialmente las condiciones pactadas podría configurar un incumplimiento contractual.
Katoen Natie también fundamenta su posición en la mencionada cláusula de estabilidad jurídica. El acuerdo establece que “los derechos y obligaciones de Katoen Natie Group bajo el contrato de gestión y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción del acuerdo”.
Correa remarcó que esa disposición continúa teniendo efectos. “Esa cláusula es entre Uruguay y Katoen Natie y está vigente”, afirmó.
A juicio del representante empresarial, habilitar una segunda terminal en condiciones que afecten el acuerdo significaría modificar las condiciones bajo las cuales Katoen Natie decidió mantener y ampliar sus operaciones en Montevideo.
