La demanda de Colón
Este lunes, el Municipio de Colón aseguró en un comunicado que nunca presentó una denuncia como tal, pero afirmó que solicitó información a Uruguay a través del mecanismo derecho internacional creado por el Comité de Escazú; y que una vez obtenida la información requerida y tras la decisión de relocalizar la planta, el municipio desistió del reclamo a través del Comité de Escazú.
Esta decisión del Municipio de Colón llegó a Presidencia el pasado 25 de agosto y acerca de eso se refirió Orsi el viernes 28 en Paysandú.
Al respecto, Sánchez reconoció que el presidente Orsi se confundió: "Se refirió a un proceso judicial cuando en realidad no era un proceso judicial lo que estábamos levantando con respecto a la relocalización”.
El secretario de Presidencia aclaró: “Hay dos elementos, una instancia judicial que impulsó esta señora (la fiscal) y también había una serie de reclamos por parte de los gobiernos, pero reclamos en términos de lo que se había estado conversando tanto con la provincia como con el gobierno nacional de Argentina e incluso con la ciudad de Colón, porque la planta se iba a instalar cerca del margen del río, ahí había una crítica con respecto a la contaminación visual, luego el proyecto tuvo un cambio de ingeniería para evitar esos problemas, con determinados cercos verdes y hoy el proyecto, si bien no ha finalizado ni tiene un contrato de inversión firme, el proyecto ha mudado su locación. Ya no va a estar en las márgenes del río sino que probablemente va a estar en otra locación, en uno de los predios donde estaba la terminal de Ancap”.
"Uruguay tiene estándares de protección ambiental muy superiores a los de Argentina"
“Entonces, la confusión del presidente de la República es una serie de demandas del gobierno de Argentina que fueron levantadas en la medida que el problema de la contaminación visual ha sido descartado. Después en Argentina, en este caso particular, es una persona que hace una denuncia porque está en contra del hidrógeno verde y los efectos contaminantes del hidrógeno verde, que es un tema distinto y obviamente se sustanciará en la Justicia argentina, y en esto quiero ser muy claro, nosotros somos muy respetuosos pero nosotros tenemos un tratado común entre los dos países de la utilización del río Uruguay, ahora, lo que hacemos en territorio nacional es soberano, por lo tanto no hay juez argentino que le imponga ni sanciones ni le establezca reglas de juego a Uruguay, porque Uruguay tiene su Constitución, sus leyes y diría más, tiene estándares de protección ambiental muy superiores a los que tiene la Argentina”, aseguró Sánchez.
