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Política Radi |

Exintegrantes del GACH

Radi y Cohen suman críticas a cambio en normativa antitabaco

Tanto Rafael Radi como Henry Cohen respaldaron el pronunciamiento de la Facultad de Medicina contra el polémico decreto del Poder Ejecutivo.

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La flexibilización de la normativa antitabaco que aprobó el gobierno uruguayo a pedido de la tabacalera Montepaz, sigue cosechando críticas duras desde distintos sectores, tanto a nivel local como internacional. Ahora los cuestionamientos llegaron de Rafael Radi y Henry Cohen, dos de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia. Ambos especialistas respaldaron el pronunciamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en el que se rechazó el contenido del decreto redactado por el Poder Ejecutivo.

Este rechazo de la academia, afirmaron Cohen y Radi al término de un homenaje que se les brindó en la Junta Departamental de Montevideo, tiene una solida base en evidencia científica.

“Simplemente voy a decir que se ha expresado la Facultad de Medicina al respecto, y yo creo que ese es el documento que a nivel personal apoyamos y desde el Colegio Médico hay expresiones similares”, sostuvo Radi.

“Hacemos nuestras las expresiones transmitidas, que fueron moderadas y basadas en la evidencia científica”, agregó Cohen.

¿Qué planteó la Facultad de Medicina?

En una carta abierta al mandatario la Facultad de Medicina de la Universidad de la República expresó su profunda preocupación por el Decreto 282/022 del 2 de setiembre de 2022, que “contraviene las normas anteriormente analizadas, en favor de una solicitud de la industria tabacalera como fuera admitido públicamente en medios por parte de autoridades nacionales”.

Desde la Facultad se consideró enfáticamente que debe analizarse su revocación a la brevedad posible.

Este centro académico sostuvo que la política antitabaco es ley en Uruguay y que ha tenido amplia aceptación de la población. Ha logrado, añaden, bajar la prevalencia del 32% al 19%.

Por tanto, solicitaron al presidente revocar el decreto, ya que el contrabando no tiene tanta incidencia como se ha sostenido, y que las medidas del gobierno favorecen a la industria tabacalera.

Por su parte la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco y el Programa Nacional de Control del Tabaco, organismos que asesoran al gobierno en la materia, cuestionan los argumentos con los cuales se cambió la normativa.

Ambos entidades elaboraron este documento, en el que señalan que no hay evidencia científica que constate que la identificación de cada cigarrillo evita la circulación de otros falsificados.

“Las disposiciones del Protocolo establecen trazabilidad en la caja/envase, no en el producto en sí”, señalan. Y agregan en referencia a la disposición que autoriza las cajas blandas para competir “más efectivamente con aquellas mayoritariamente del mismo tipo que ingresan de contrabando”.

“Esta afirmación carece de evidencia libre de conflicto de intereses”, sentencian seguidamente. Y agregan: “De acuerdo a las declaraciones de ventas al Programa Nacional de Control de Tabaco, de las tres compañías elaboradoras e importadoras de tabaco de mayor venta en el mercado interno, el 37,5 %, 23 % y 0 % de las unidades vendidas previo a la entrada en vigor del Decreto 120/019 era en caja blanda. Además, luego de la vigencia de la norma no se comprobó un descenso de las ventas, por el contrario, hubo un aumento de estas en presentaciones que pasaron de envase blando a envase duro (comparación trimestre julio-setiembre 2019 con julio setiembre de 2020)”.

Concluyen que “la selección de una única forma de presentación se encuentra basada en evidencia científica sobre la percepción de riesgo, la experiencia en otros países y en recomendaciones de la OMS, y ha sido reafirmada como una medida de salud pública por el laudo del Tribunal Internacional”.

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