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La iniciativa de los legisladores del MPP aún no fue presentada formalmente, ya que está a estudio de la bancada del Frente Amplio (FA).
Que las personas privadas de libertad puedan tener un trabajo o realizar alguna actividad es saludable y en los próximos meses se presentará un proyecto bastante interesante.
El gobierno impulsa un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para regular el trabajo penitenciario que realicen personas privadas de libertad, entendiendo como un "derecho humano" y una "herramienta de intervención basada en evidencia".
La elaboración del texto está a cargo de los diputados frenteamplistas Graciela Barrera y Pablo Inthamoussu. Tal como adelantó hace unos días la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, el objetivo es encarar un tipo de labor con "unas condiciones que son particulares y no son asimilables a ningún contexto extramuros".
"En términos porcentuales, las personas que estudian, trabajan o ambas cosas son aproximadamente el 53%", indicó la jerarca.
También se refirió a la retribución que otorga el organismo, el denominado peculio, que representa medio Salario Mínimo Nacional. "Es sumamente simbólico, sin leyes sociales ni nada asociado al trabajo como derecho", señaló.
El proyecto, establece que, "sin perjuicio de los derechos limitados por los efectos de la sentencia que dispuso la medida o pena, la condición jurídica de la persona que trabaja es idéntica a la de las personas que no tiene sujeción penal en lo relativo a sus derechos laborales individuales y el ejercicio de derechos colectivo.
Actualmente, la normativa vigente está estipulada en el decreto 14.470, del año 1975. Otro cambio que prevé el proyecto es que el trabajo sea voluntario. Además, elimina la referencia del SMN con respecto al peculio y no especifica su valor mínimo como ocurria con el decreto.
Sin embargo, indica cuatro modalidades con distinta remuneración para aquellos presos que trabajen. En particular, se mantiene el concepto del peculio, pero se introduce el de "trabajo remunerado" definido como "la relación entre la persona sujeta a penas o medidas privativas de libertad y los empleadores" con una remuneración que "no podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional vigente".
La iniciativa de los legisladores del MPP aún no fue presentada formalmente, ya que está a estudio de la bancada del Frente Amplio (FA).