¿Hacia dónde van las nuevas políticas sociales para este sector vulnerable?

Voluntades peligrosas: Políticas para el consumo problemático de drogas

Ingresó al Parlamento un proyecto de ley que busca aprobar la internación de personas con consumo problemático de drogas mediante una «voluntad anticipada» que el paciente firmaría en un momento de lucidez para luego ser internado durante una crisis. Esta situación preocupa a muchos especialistas, colectivos y técnicos que trabajan con esta población, quienes entienden que se trata de una nueva vulneración de derechos.

Por Meri Parrado

El proyecto de ley ingresó al Parlamento en el mes de marzo por parte de la diputada colorada Nibia Reisch. En origen, se trata de una propuesta del Colectivo Madres del Cerro, conformado por madres y padres de adictos, quienes desde el año 2017 vienen presentando esta alternativa que entienden como «único mecanismo para la rehabilitación de sus hijas e hijos».

El día 13 de mayo este colectivo fue recibido en el Parlamento por la Comisión de Salud Pública, ante la cual presentaron el proyecto que actualmente se encuentra en fase de tratamiento. Tras finalizar la actividad de la comisión, Gabriela Jos, una de las integrantes del colectivo, manifestó que esta iniciativa surgió ante la falta de herramientas para «sacar adelante» a sus hijas e hijos. Argumentó que es un «acuerdo que firmarían por voluntad propia» y que «no se trata de una internación compulsiva ni de quitarles derechos», sino de que «puedan sostener un tratamiento cuando son internados y no como pasa día a día, que entran por una puerta y salen por una ventana».

Esta madre también expresó que, en la mayoría de los casos, «son pocos los momentos de lucidez» que tienen sus hijas e hijos, pero aseguró que durante estos lapsos «piden que los internemos o que los ayudemos porque solos no pueden y asegura que este proyecto es la manera que encontraron». Algún día, cuando logran internarlos, contó, deben costear pos sus medios tratamientos que rondan los 1.500 dólares mensuales y que sus hijas e hijos abandonan a los pocos días.

Por su parte, la diputada Nibia Reisch detalló el espíritu de este proyecto que, de aprobarse, habilitaría a un tipo de internación que actualmente no está permitido en nuestro país, pero, según manifestó, contaría con el apoyo de Cabildo Abierto y parte del Partido Nacional. «El proyecto de ley establece que toda persona adicta mayor de edad firme una voluntad anticipada ante escribano público y con certificación del médico en un momento que este apto y lúcido». De esta forma, dijo, se le otorga la potestad a dos familiares directos o tutores para que puedan proceder a la internación en un momento que el paciente este bajo efectos de la droga.

Una vez internados, los pacientes deben cumplir el tratamiento por plazos no menores a los 90 días y su voluntad sería irrevocable durante ese período. Solo podrían volver atrás una vez que estén recuperados.

La mayoría de los integrantes de la comisión, de todos los partidos políticos, coincidieron en la necesidad de buscar alternativas para solucionar esta problemática, aunque no aseguraron que este sea el camino adecuado. «Si no es exactamente como se está planteando, debemos buscar la manera de que esto se pueda llevar adelante, porque es un tema que aqueja a nuestra sociedad desde hace muchísimos años», opinó la presidenta de la comisión, la cabildante Silvana Perez Bonavita.

Por su parte, Lucía Etcheverry, del Frente Amplio, hizo referencia a la posibilidad de retomar aportes que se hicieron anteriormente y convocar especialistas «porque hay cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con la salud y con la dinámica cultural».

Para la diputada frentista, Cristina Lustemberg, es un tema de «alta sensibilidad» que se debe resolver, pero para ello propuso recurrir a la opinión de Ministerio de Salud Pública, como al comisionado parlamentario y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que «nos permitirá un abordaje real y concreto de una situación».

 

¿La voluntad de quiénes?

La posible aprobación de este proyecto, así como el curso que han tomado algunos dispositivos que trabajan en la contención y acompañamiento de personas en situación de consumo problemáticos de drogas, plantea un cambio de rumbo en las políticas sociales orientadas a esta población vulnerable que preocupa a especialistas, colectivos y técnicos involucrados en estos procesos. Se advierte un retroceso en derechos y una mirada evangelizadora que pretende esconder todo aquello que molesta.

Milton Romani, extitular de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), recordó que la internación compulsiva de pacientes adictos es un «viejo debate ya saldado» que incluso se llevó a cabo durante el tratamiento de la actual ley de Salud Mental (aprobada en 2017), que reserva la internación involuntaria para situaciones muy particulares que implicaran riesgo de muerte inminente para el paciente o para terceros. A su entender, la actual propuesta «viene envuelta en papel de regalo, como ‘voluntad anticipada’, cuando ya existe una normativa anterior al respecto, en la ley 18.473, que utiliza este concepto como un mecanismo de protección de los derechos humanos de los pacientes para contrarrestar el abuso médico y de prácticas invasivas contra los pacientes».

La ley que señala Romani garantiza que «toda persona mayor de edad y psíquicamente apta tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos expresando anticipadamente su voluntad y en tanto no afecte o pueda afectar la salud de terceros». Asimismo, esa disposición prevé que tal manifestación de voluntad «tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural». En tal sentido, Romani entiende que el proyecto presentado recientemente «constituye un agravio» a un instituto que data de los años 60 y que surgió para proteger los derechos de los pacientes y no para someterlos. «Se trata de un absurdo: si las y los jóvenes tienen un momento de lucidez, lo mejor es persuadirlos en ese momento para su tratamiento y no hacerles firmar algo para cuando estén en crisis».

Para el especialista, el texto del proyecto que se presentó recientemente «es un mamarracho jurídico que solo tiene como objetivo disfrazar la internación compulsiva, apelando a la inversión del instituto de la voluntad anticipada, que fue creado para garantizar derechos y proteger a los pacientes del aparato de la tecnología y del poder médico sobre la persona». Además, calificó como «insólito» que en esta iniciativa se especifique sin fundamento alguno el plazo de la internación. «¿Cuál es la base científica para que una ley determine que una persona tiene que estar tres, cuatro o hasta seis meses internada?», cuestionó.

«Es una vulneración de derechos», concluye, argumentando que la firma de una persona en su sano juicio, anticipándose a una supuesta situación de emergencia y que “voluntariamente” exprese que quiere internarse, es una inversión total de los derechos en el sentido de que la figura de «voluntad anticipada» se creó con la finalidad de que el paciente pueda «protegerse del abuso del poder médico y de la creciente manicomialización». En la misma línea de pensamiento, Romani considera que «estamos avanzado hacia un modelo que pretende aplicar la fuerza para la internación, el encierro o institucionalización del paciente», mecanismo que solo debería aplicarse en casos agudos.

«Nuevamente estamos ante un dislate que pretende ‘solucionar’ un problema sanitario y social mediante la fuerza. Es decir que cedemos ante la tribuna y familias disfuncionales que hicieron omisión del problema, y cuando el joven pierde el control, se lo quieren sacar de arriba y que se lo interne rápido».

 

La internación y el fenómeno de la burbuja

Por su parte, el magíster en Psicología Clínica Aldo Tomassini, quien trabaja en el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas en la policlínica del Sacude en Casavalle y en el ámbito privado, brindó algunas consideraciones sobre el proyecto de ley presentado recientemente. Por un lado, señaló el carácter inconstitucional de esta normativa porque se contradice con la actual legislación vigente de salud mental, que ya establece los criterios de internación.

Por otro lado, cuestionó que la nueva iniciativa hace referencia a conceptos como «lucidez» o «psíquicamente apto», que no quedan del todo claras en la redacción del documento. «En todo caso, cualquier tipo de práctica riesgosa o conducta autodestructiva debería someterse a ese tipo de juicios», opinó.

Para Tomassini, tampoco quedan claros términos como la frecuencia, intensidad o contextos de consumo que ameritarían la internación, pero identifica como la «principal falla» de esta propuesta que plantea la internación como único dispositivo para el tratamiento. «Existen diversas maneras de trabajar el tema, móviles, ambulatorias, desde la gestión de riesgos y daños y, en algunos casos, se necesita mejorar las condiciones de vida para dejar de consumir».

El profesional explicó que todos los tratamientos pueden ser eficientes o no, atendiendo la peculiaridad de cada caso y que la alternativa de la internación puede derivar en el conocido fenómeno del tratamiento «burbuja»  que plantea la privación del consumo durante la internación, así como la realización de actividades denominadas como saludables, pero que no se sostienen cuando el paciente sale.

Otro inconveniente, de acuerdo al planteo de Tomassini, es que el dispositivo de internación le asigna mucha responsabilidad al poder médico relegando la participación socio comunitaria y de la familia. Está comprobado que el apoyo en red es fundamental en estos procesos.

Tomassini opinó que en la administración pasada se avanzó mucho en materia de tratamientos y entiende que continuar en esa línea es la mejor alternativa. El siguiente paso, dijo, tiene que ver con «ampliar la oferta de tratamientos, hacerlos accesibles, amigables, de puertas abiertas, basados en derechos humanos y consolidados en evidencia y desburocratizar al máximo posible el ingreso de la persona». Enfatizó en la necesidad de implementar dispositivos de rápida atención y con apertura para amoldarse a cada situación particular.

 

Invisibilizar lo que molesta

Natalia Rebetez, directora del Centro Interdisciplinario Signo e integrante del colectivo de trabajadores de la Red Nacional de Drogas (Renadro) apuntó que este tipo de medidas refleja «una tendencia en el cambio de modo de atender a las personas con consumo problemático de drogas y sobre todo aquellas en mayor vulnerabilidad». Para ejemplificar esta observación, explicó que los dispositivos de atención orientados a esta población están experimentando una mutación desde  estrategias de trabajo enfocadas en la persona hacía abordajes más sanitaristas, como los que está proponiendo el gobierno actual con la internación compulsiva. «Creemos saber hacia dónde apuntarán las estrategias y dispositivos de abordaje para personas en situación de vulnerabilidad y consumo problemático de drogas», expresó haciendo referencia a la notoria «mirada evangelizadora que trae el gobierno actual».

Para la técnica, «hay una claro retroceso en lo que se avanzó en los últimos años y esto se refleja en la intención de volver a instalar la figura de la internación compulsiva olvidando que los otros y las otras tiene capacidad de decisión. Es una vulneración grosera de las libertades y los derechos».

Sabemos que siempre que existe la vulneración de un derecho, hay alguien que se beneficia de esa situación. Consultada sobre este punto, Rebetez advirtió el peligro que hay detrás de todo este tema de la internación, ya que existen «intereses económicos y empresariales muy gruesos». Si se aprueba este tipo de medidas de encierro, posiblemente va a circular mucho dinero en convenios con iglesias evangélicas, chacras y ese tipo de espacios.

«Se trata de un juego muy perverso que ya venimos viendo en Brasil con Bolsonaro y que trae consecuencias devastadoras para este sector vulnerable de la población. Encerrar a las personas con consumo problemático de drogas en clínicas psiquiátricas y manicomios es una forma de invisibilizar lo que molesta», concluyó.

2 comentarios en «Voluntades peligrosas: Políticas para el consumo problemático de drogas»

  1. Avatar p-p-paulina T-tarta de Mud | el 29 mayo, 2020 a las 6:21 pm |

    ¡¡¡…’pliz’…!!, ¡¡..n-n-o v-vay-vayan a int-int-internar a
    nuest… p-pr-esid…

  2. Avatar MADELON ZORRILA DE SAN MARTIN | el 30 mayo, 2020 a las 10:15 am |

    Uffffff. LA VEO DIFÍCIL. !!!!
    OJALÁ LES SIRVA!!!!

Comentarios cerrados.

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