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En un artículo publicado esta semana a propósito de los 91 años que habría cumplido Fidel el domingo pasado, el trovador cubano Silvio Rodríguez relata una anécdota sorprendente. Cuenta que, estando haciendo el servicio militar en los tiempos de la crisis de los misiles, tuvo la oportunidad de conversar por primera vez con alguien que venía de hablar con el mítico líder de la Revolución cubana. Silvio, que era como tantos cubanos un admirador del comandante en jefe desde mucho antes del triunfo de la revolución sobre la dictadura de Fulgencio Batista, recuerda la conversación con ese interlocutor privilegiado. Aquel hombre les transmitió lo siguiente: Fidel decía que, de acuerdo a la información que habían obtenido, Estados Unidos podía lanzar dos bombas nucleares en Cuba la mañana siguiente. De tal forma, dividirían el territorio de la isla en tres partes. Ante eso, sus instrucciones eran inequívocas: “Si algo así sucede, miren al oeste para no encandilarse y prepárense para la resistencia”. Traigo a colación esta anécdota extraordinaria de Silvio para destacar con sencillez la estatura moral y el coraje que se debe tener para liderar un proceso político que se aparte de las directivas de los dueños del mundo. A lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo, muchas personas han puesto en duda las gravísimas condiciones que impuso el bloqueo para la subsistencia y la singular épica de llevar adelante una decisión popular y revolucionaria, cuando se enfrenta a los Estados Unidos. De un modo inesperado, Uruguay se ha encontrado con este problema que hace medio siglo viven los cubanos –y ahora los venezolanos–, pero no en el marco de una revolución, sino debido a la original política de legalización de la marihuana, asunto que a algunos les parecerá trivial, pero cuya peripecia nos habla de las inmensas restricciones a la soberanía a las que están sometidos los países que se atreven a contradecir al poder real. Veamos. Uruguay, luego de un arduo debate, resolvió, en pleno ejercicio de sus derechos nacionales y mediante aprobación parlamentaria, permitir el expendio legal de marihuana producida de forma controlada y supervisada por el Estado. En aplicación de la norma y con varios años de análisis, idas y vueltas, el Estado resolvió que dicha droga fuera vendida en las farmacias a usuarios residentes debidamente registrados. Las farmacias que venderían el cannabis lo harían voluntariamente, pudiendo rechazar su suministro si sus propietarios no lo consideraban apropiado o conveniente para su negocio. Finalmente, tras un largo cavilar, 16 farmacias se plegaron a la iniciativa y llegó el día en el que empezó a funcionar la ley. Fue un éxito. Miles de personas agotaron el stock de marihuana legal y miles de personas que inicialmente no se habían registrado lo hicieron estimulados por el éxito de la política. Asimismo nuevas farmacias pidieron ser incluidas en el programa. Con el programa funcionando, gran respuesta de la ciudadanía, satisfacción de los consumidores, los expendedores, los productores y el Estado, nada tenía que salir mal. Pero fue allí que comenzó el problema: los bancos decidieron clausurar las cuentas corrientes de las farmacias que aplican el programa. Todos los bancos. Los privados y hasta el Banco República. El argumento es sencillo: las instituciones financieras y sus socios financieros internacionales no pueden permitir mantener cuentas bancarias de empresas que venden drogas, incluso cuando la venta es legal. No importa que todos sepamos que las grandes casas bancarias manejan enormes sumas de dinero de tráfico de drogas, tráfico de armas y corrupción política y empresarial. No importa que las grandes casas manejen fortunas inmensas de mafiosos y evasores. Los bancos están dispuestos a esconder dinero negro; a lo que no están dispuestos es a permitir que un pequeño país de Sudamérica tenga el tupé de legalizar la venta de marihuana. Ilegal, no hay drama. Si tu fortuna es grande, hasta te ponen atención personalizada para esquivar cualquier clase de controles. Pero legal, de ningún modo. No vaya a ser que a otros Estados se les ocurriese contravenir las normas de la DEA, organismos multilaterales y otras agencias bajo control imperial. De las consecuencias de esta audacia uruguaya en el sistema financiero privado no nos podemos sorprender. El Ñato Huidobro, que fue el hombre al que se le ocurrió poner este tema sobre la mesa e impulsar su aprobación, ya suponía que esto podía pasar: que el sistema financiero internacional no nos iba a querer dejar y se iban precipitar sanciones y advertencias. Pero lo que es tristísimo es que el Banco República, entidad financiera del Estado, haya cedido también a la presión, clausurando la cuenta de empresarios uruguayos que no hicieron otra cosa que poner su negocio a disposición de cumplir una ley aprobada en el Parlamento. He ahí el límite de la soberanía. Nuestro pequeño bloqueo por nuestra minirrevolución. ¡Qué enseñanza para los que niegan o se burlan del daño que puede producir el acoso económico del imperio, sus normas y sus acólitos! Ya veremos cómo se resuelve esto. Todavía está muy presente el gusto a indignidad que nos dejó la expulsión de Venezuela para que los vecinos no nos sancionaran a nosotros. Lamentablemente, hemos tenido una muestra amarga del alcance limitado de nuestro valor. Pero ahora hay una oportunidad de redimirse: bancar. Por respeto a nuestro país, a nuestro Parlamento, a nuestro pueblo, que merece saber que estamos dispuestos a no transar con nuestra soberanía. En términos figurativos me atrevo a repetir aquellas instrucciones de Fidel: hay que mirar al oeste y prepararse para la resistencia. Lo que no se puede hacer es renunciar a una política que hemos votado en las dos cámaras porque lo ordena el sistema financiero internacional.

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