Los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social presentaron este viernes junto a la Suprema Corte de Justicia un protocolo de actuación para atender los casos de menores que se encuentran bajo la responsabilidad de personas privadas de libertad.
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“Es la primera vez que se firma un protocolo por parte de los tres poderes del Estado atendiendo la protección integral de niño, niña o adolescente en esta situación especial de vulnerabilidad”, destacó Rosario Burghi, asesora del Ministerio del Interior en materia penitenciaria.
Actualmente, los menores de edad permanecen en centros de reclusión junto a sus madres hasta los cuatro años y algunos llegan a estar allí hasta los ocho. Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, no deberían permanecer allí más allá de los dos años.
Según explicó Burghi, los ámbitos de aplicación de este texto son la detención infraganti de delito de la persona en presencia o no de un menor, la detención planificada de la persona en presencia o no del menor, la detención a espera de resolución judicial, procesamiento con prisión durante la permanencia en unidades de ingreso, diagnóstico y derivación, alojamiento en unidades de internación de mujeres con hijos, alojamiento de una mujer embarazada en unidades de internación, nacimiento de niños cuya madre esté internada en la unidad, visita y contacto en la unidad de internación, gestión de visita de los menores, aplicación de arresto o prisión domiciliaria, preegreso de una persona privada de libertad y excarcelación de la persona,
“Es un paso adelante muy fuerte en la materia cuyo proceso comenzó en el año 2014, cuando, buscando mejorar la situación de menores con familiares detenidos, analizamos la situación que comenzaba desde la propia detención de la persona”, declaró el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
El documento es producto del trabajo de profesionales procedentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la Comisión Especial para Seguimiento de Situación Carcelaria del Poder Legislativo, el comisionado parlamentario, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sumado al apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, según informó Presidencia.
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