Primer año de gobierno: educación, TISA y Ancap

Con un saludo a los 30 años ininterrumpidos de vida democrática y el compromiso de reformar la enseñanza, Tabaré Vázquez Rosas asumió el 1º de marzo, por segunda vez, la Presidencia de la República. Fiel a su estilo sobrio y pausado, hizo un repaso de sus proyectos y de su visión del mundo, dejando en claro que su antecesor en el cargo, el ahora senador José Mujica, sería «un punto de referencia de primer orden».

Sin embargo algunas informaciones negativas no se hicieron esperar: el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, hizo saber que el estado financiero de las empresas públicas no era bueno, que el déficit fiscal era grande, que el crecimiento sería más lento, y alertó acerca de la situación económica de la región, que repercutirá negativamente en el país. Anunció que habría austeridad y que se vería reflejada en el Presupuesto Quinquenal. Acto seguido comenzaron a llegar las novedades, entre ellas la suspensión de las obras del complejo Antel Arena, obra del período anterior. La falta de financiación fue el argumento empleado. De inmediato se hicieron sentir las reacciones, tanto de la oposición como del propio Frente Amplio y los sindicatos. Los trabajadores ocuparon la obra y, luego de semanas de intensas negociaciones, el Poder Ejecutivo anunció que seguía adelante con el proyecto, pero con algunas correcciones. Está previsto que los trabajos se reanuden a mediados de enero, cuando finalice la licencia anual de los trabajadores de la construcción. Las obras serán inauguradas en el correr de 2018.

Atento a ese panorama, el presidente Vázquez lanzó, el 27 de julio, un ambicioso plan de inversiones de U$S 12.000 millones para infraestructura. “Es una inversión récord en la historia del país”, afirmó, y recordó que ésta “es condición necesaria para sostener el crecimiento que el país ha tenido en los últimos 10 años”. El plan se compone de 66% de inversión pública, el resto será inversión privada, a través de mecanismos como las PPP (Promoción Público Privada). Sobre los rubros en los que se distribuirán las inversiones, especificó que en materia de energía serán U$S 4.230 millones, que se discriminan de la siguiente manera: 1.370 millones para UTE, 270 millones para Ancap, 390 millones para la regasificadora, 460 millones en sistemas de participación público-privada, leasing y fideicomiso para la trasmisión de UTE y, finalmente, U$S 1.740 millones PPA (Power Purchase Agreement, por su sigla en inglés) para eólicos, energía solar y biomasa.

Para vialidad se destinarán U$S 2.360 millones, distribuidos en 740 millones para participación público-privada, 1.590 millones para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Vial y 30 millones para las concesiones de las rutas 5 y 8. En infraestructura social, que incluye la infraestructura educativa, hospitalaria, de cuidados y de seguridad ciudadana, se invertirán U$S 1.870 millones. En vivienda unos 1.320 millones, en comunicaciones 750 millones, para agua y saneamiento se destinarán 550 millones y en puertos la cifra será de 550 millones.

Austeridad La austeridad anunciada por el ministro Astori se vio plasmada en el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2016-2020 que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el 31 de agosto, ya en el fin del período constitucional. De acuerdo a la iniciativa, la educación llevará 39% de los recursos disponibles, seguida por el sistema de cuidados (16%), infraestructura (10%), salud (7%), seguridad (5%), Sirpa e INAU (5%), descentralización e intendencias (5%), y 15% irá a otros rubros, como gobierno electrónico, tablets para jubilados, innovación e investigación, cuidado ambiental, fiscalías, secretaría de deportes, Ministerio de Defensa e Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Se establecen U$S 470 millones adicionales por año durante 2016 y 2017, que se destinarán en líneas generales a la educación, infraestructura y el financiamiento del sistema nacional de cuidados.

Diversos actores sociales expresaron su protesta, entre ellos los funcionarios del Poder Judicial, ya que este poder del Estado no recibirá recursos, así como tampoco los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas. Además se movilizaron los docentes de las tres ramas de la enseñanza, los que llegaron incluso a la huelga y la ocupación de los liceos. Para enfrentar la creciente ola de movilizaciones, el Poder Ejecutivo decretó la esencialidad de los servicios educativos, lo que provocó una reacción contraria de la población en forma inmediata. La situación se saldó mediante la negociación.

En ese marco de enlentecimiento de la economía es que se registra la caída de las exportaciones a lo largo del año; a noviembre alcanzaba 11,7%. Ese indicador fue asumido por las cámaras empresariales como índice de la desaceleración económica que el país comenzó a vivir a fines de 2014, y estuvo sobre la mesa durante la sexta Ronda de Consejos de Salarios como un elemento de presión de los sectores empresarios sobre los trabajadores y el gobierno.

Tras varios reclamos de los sindicatos, el 29 de junio el Poder Ejecutivo presentó ante el Consejo Superior de Salarios sus pautas para la negociación salarial, que de inmediato recibieron el rechazo del Pit-Cnt. Los lineamientos presentados por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, establecían una clasificación de sectores en tres tipos: los más dinámicos serán aquellos que tengan un crecimiento de más de 4% anual; les sigue el sector medio y luego los sectores con problemas, que son los que tienen envíos importantes al seguro de paro, problemas de competitividad y que reciben subsidios del Estado. Las pautas también cambian los ajustes de anuales a semestrales, lo que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del salario, según un estudio del Instituto Cuesta Duarte.

Mirando al mundo

La política internacional y el relacionamiento del país estuvieron en la palestra desde el primer momento, por tres elementos: la integración o no a la denominada Alianza del Pacífico; el Tisa, y los lazos con Venezuela y su gobierno. En el primero de los casos, la integración a ese club de países de economías liberales y, en algunos aspectos, opuesto al Mercosur, está sin decidirse.

No sucedió lo mismo con el Tisa (Acuerdo en comercio de servicios o Trade in Services Agreement), un tratado internacional en el que entran 23 países, incluyendo los que pertenecen a la Unión Europea y EEUU. La decisión del gobierno, luego de un lapso de indecisiones, fue la de retirarse de las conversaciones. Uruguay había ingresado en las negociaciones por el Tisa durante el gobierno de Mujica, como observador. Esta situación fue objeto de un fuerte rechazo por parte de importantes sectores del Frente Amplio y de todo el movimiento sindical, que vieron en ella un intento de las corporaciones multinacionales para controlar los mercados financieros y de servicios de los países y la creación de una gran área de libre comercio dominada por las empresas estadounidenses. El rechazo a esta iniciativa se expresó en una fuerte campaña informativa y una movilización que abarcó a todo el país, con puntos culminantes en los paros parciales desarrollados por el Pit-Cnt. Finalmente, el Plenario Nacional del Frente Amplio, tras una consulta del presidente, resolvió que Uruguay debía retirarse de las negociaciones, lo que llevó al Poder Ejecutivo a anunciar, el 7 de setiembre, dicha retirada. “El presidente tomó sin ninguna duda la opinión del FA, que es su fuerza política y a la que le había pedido opinión”, indicó la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, quién actuó en la ocasión como vocera del Consejo de Ministros.

La decisión desató una tormenta en la oposición, que, a través del senador colorado Pedro Bordaberry, interpeló al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, un notorio partidario de la permanencia de Uruguay en el Tisa.

En cuanto a Venezuela, el año comenzó complicado tanto para los venezolanos como para el gobierno de Tabaré Vázquez. El que inició la polémica fue el propio vicepresidente de la República, Raúl Sendic, quien, apenas asumida la nueva administración, el 3 de marzo, se refirió a las denuncias del presidente Nicolás Maduro respecto a la injerencia extranjera en los asuntos de su país, diciendo que «hay que estar atentos» a la situación de violencia que vive Venezuela. «Nosotros no tenemos elementos para acompañar esa afirmación [de que hay injerencias externas], pero sin dudas que es un proceso que a todos nos tiene preocupados y lo vamos a seguir mirando con mucho cuidado», dijo el vicepresidente uruguayo.

La respuesta de Maduro no se hizo esperar, y puso en aprietos al novel gobierno oriental: «Han hecho toda una campaña de intrigas. Pero allá un amigo en el sur, un gran amigo, que tiene un buen cargo, un importante cargo en un gobierno dijo que no le constaba la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela. ¡Qué vergüenza esas declaraciones! Estamos agredidos, intervenidos, amenazados y ¡todavía hay gente que dice eso en América Latina!”.

El hecho se diluyó con el tiempo, pero resurgió en vísperas de las elecciones legislativas venezolanas del pasado 6 de diciembre, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller Luis Almagro, afirmó que no había garantías para la oposición. La furia de Maduro y otros funcionarios no se hizo esperar, pero en el gobierno uruguayo no hubo reacciones. Sí las hubo en el Frente Amplio, donde la mayoría de los sectores condenó los dichos de Almagro y se alineó con la postura del gobierno de Caracas.

Rompé esas cartas

Pero ningún anuncio del gobierno concitó la atención como la situación de Ancap, empresa que tiene deudas por encima de los U$S 600 millones y es objeto de una investigación por parte de una comisión parlamentaria. Desde la oposición se acusa al anterior directorio de Ancap, presidido por Raúl Sendic, de mala administración, e incluso algunos legisladores han deslizado la posibilidad de delitos, extremo que deberá ser probado por la Justicia. Con esta comisión investigadora la oposición ha logrado que la prensa y la opinión pública hablen todos los días de supuestas irregularidades.

En el último mes la investigación sobre Ancap tuvo repercusiones en la interna del Frente Amplio, en particular por el enfrentamiento epistolar entre los líderes de los dos principales sectores, que hasta hace siete meses ocupaban los principales cargos jerárquicos del país: el senador y ex presidente José Mujica y el ministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori.

Respondiendo a afirmaciones de Astori, Mujica dirigió una carta abierta en la que se pregunta, entre otras cosas: «¿Por qué decisiones fundadas de Economía no se volcaron en el Consejo de Ministros? ¿Por qué no se planteó investigar si la cosa era tan mala? ¿Por qué no lo planteó el contador Astori en el Consejo de Ministros? ¿Acaso trataba de ayudar a la empresa pública? No entiendo cómo se ayuda a otros y se elude la propia responsabilidad».

“Al parecer has olvidado que, no en una, sino en diversas oportunidades, tanto el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, como yo mismo, planteamos en el Consejo de Ministros que no sólo Ancap, sino también otras empresas públicas, estaban ‘fuera de control’”, respondió Astori.

La investigadora parlamentaria sobre Ancap cerró su trabajo el viernes 18, aunque las conclusiones serán presentadas recién en febrero, luego del receso. Al cierre de esta edición, el gobierno acababa de anunciar la creación de un grupo de trabajo integrado por el MEF y la OPP para compartir la gestión de Ancap junto a sus autoridades, la condonación de la deuda del organismo con Economía y la concreción de un préstamo por 250 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El ministro Astori fue enfático al declarar que no estaba en cuestión la continuidad de las autoridades del organismo, aunque se prevé impulsar “cambios en la gestión y en la toma de decisiones”.