Promesas de Bolsonaro: ajuste, privatizaciones y el “perdona tutti” religioso

En el mismo sentido, en un juego de leyes y vetos, favorece al sector evangélico y perjudica al Estado, para mantener su base electoral. Mientras tanto, millones de brasileños esperan una definición sobre los programas de transferencia de renta.

Ajuste fiscal: austeridad que pagan los trabajadores del Estado y los ciudadanos.

Una de las promesas electorales de Bolsonaro fue la disminución del tamaño del Estado brasileño. Autoproclamado liberal, menciona en todo discurso el “lugar común” de que el problema de Brasil es tener un Estado grande, y puso en marcha el mayor ajuste fiscal en décadas. Se inició en 2019 y se profundizó durante 2020, sin importar el contexto de crisis sanitaria, y prevé un “ahorro” de 68.000 millones de reales.

El ajuste incluye: reducción de la plantilla, congelar salarios por dos años y digitalización. Para disminuir el tamaño de la plantilla se propuso la tan esperada “reforma administrativa”, que permitiría cambios en el estatuto del funcionario público como, por ejemplo, el fin de la estabilidad o inamovilidad, igualaría su sistema de previsión social al del sector privado, podría eliminar cargos y no llamar a concurso, etc.

Como esa reforma está demorada en el Congreso, a la espera de mayorías, el gobierno propuso una enmienda constitucional para iniciar una reforma administrativa “silenciosa”.

La reducción de la “máquina pública” se inició en 2019, continuó en el primer semestre de 2020, tuvo como resultado que no se cubrieran casi 40.000 vacantes.  Desde que asumió Bolsonaro, el número de funcionarios del ejecutivo federal, bajo de 630.000 a 602.000. En suma, esto representó un “ahorro” de 19.700 millones de reales. No habrá nuevos llamados o concursos, y a cada 100 funcionarios que se jubilen, solo podrán ingresar 26. Además, se han eliminado 21.000 cargos comisionados.

Pero el verdadero ahorro se obtuvo con la interrupción de la política de ajustes y correcciones en los salarios. Al congelar los salarios desde 2019 hasta diciembre de 2021 el ajuste será de 46.000 millones de reales. Esta pérdida de salario se aplicó en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Finalmente, la digitalización, para la que se creo una secretaria especial, dirigida por ejecutivos del sector privado, supuso el fin de muchos servicios del Estado y el fin de los documentos físicos (carné de conducir, libreta de trabajo, etc.), que ahora están dentro de aplicaciones como versiones digitales. En caso de que los ciudadanos se vean en la obligación de mostrar sus documentos, basta exhibir el teléfono.

Esto produjo la destrucción de miles de puestos de trabajo en el sector público, y coloca en riesgo el acceso a los servicios porque, si bien es verdad que generó un aumento en la recaudación, la tecnología necesaria no está disponible en todas las ciudades y no todos los ciudadanos tienen las competencias o condiciones materiales indispensables para realizar todo online.

El desprecio por lo público, y colocar a los trabajadores de los tres escalones de gobierno como culpables del atraso del país, y de ser un peso para el Estado, cautiva a una gran parte del electorado.

Privataria: el megapaquete de privatizaciones

La creatividad del pueblo brasileño ha dado lugar a un neologismo. La privataria surge de la unión de las palabras privatizar y pirataria, y define muy bien el rumbo que el gobierno Bolsonaro quiere imprimirle al país.

La gran promesa de la privatización le aseguró a Bolsonaro el voto de la clase media alta y alta, del “gran capital” nacional e internacional. Esa base de electores dice haber votado no a Bolsonaro, sino al equipo económico, liderado por Paulo Guedes.

Fueron creadas secretarías específicas para llevar adelante el desmantelamiento del Estado como, por ejemplo, la Secretaría de Privatización, Desestatización y Desinversión.

Empresarios y altos directivos del sector privado fueron llamados a integrar el Ministerio de Economía y esas Secretaría especiales, con salario millonarios.

El año 2019, sería el año para aplicar las grandes recetas de la década de 1990.

Sin embargo, esas promesas no pudieron ser cumplidas.

El gabinete de Bolsonaro, compuesto por muchos militares, mostró cierta resistencia a la posibilidad de la privatización total de Petrobras, por ejemplo. Lo mismo sucedió con algunos aliados en el Congreso.

En 2020, la llegada de la pandemia retrasó los planes de privatización, y muchos integrantes del equipo económico, abandonaron el gobierno, al tiempo que Guedes amenazó con lo propio. Al llegar el mes de setiembre, con la proximidad de las elecciones municipales, el gobierno necesita enviar señales claras al electorado.

Se anuncia un plan de privatizaciones, que se iniciaría a partir de setiembre de 2020 y finalizaría en diciembre de 2021.

El plan prevé privatizar:  11 empresas de energía eléctrica, 22 aeropuertos, 23 puertos, 11 vías férreas, 2 empresas de gas y petróleo, 19 rutas y autopistas, 4 parques nacionales, 5 empresas de tecnología. 4 programas de desarrollo regional, 4 empresas mineras, 4 empresas de telecomunicaciones e inclusive la emisión de moneda.

¿Dar al Cesar lo que es del Cesar? El perdona-tutti de la religión?

Bolsonaro también enfrentó algunos conflictos con su base aliada, los evangélicos, por tener que ceder a presiones de su ministro de economía, Paulo Guedes, que exigió que las iglesias pagasen una deuda millonaria con el Estado. La Ley Ordinaria 14057/2020, redactada por un referente religioso, en sus artículos exoneraba a las organizaciones religiosas de Contribución Social sobre Ganancias Líquidas (CSLL, por sus siglas en portugués) y las multas generadas por el atraso en su pago, así como deudas a la Seguridad Social.

El presidente tuvo que vetar parte de esa ley del Congreso que condonaba esas deudas de los grupos religiosos por concepto de CSLL, y se abrió entonces un gran debate público sobre el tema. Sin embargo, en una coyuntura de caída de la recaudación, las autoridades acabaron renunciando a unos R$ 868 millones referentes a aportes al Instituto de Seguridad Social (INSS).

El dilema de tener que traicionar a sus hermanos religiosos se desvaneció rápidamente ante la idea de tener que enfrentar un proceso de impeachment, ya que un perdona-tutti lo dejaría al borde de un crimen de responsabilidad fiscal.

“Temeroso” de Deus y del impeachment, recibió a sus hermanos de fe en el palacio de gobierno y les comunicó que no podría exonerarlos totalmente de esas deudas y al mismo tiempo pidió al Congreso que anulase su propio veto. En Brasil las organizaciones religiosas gozan de exoneraciones fiscales (Impuesto de Renta, Impuesto Inmobiliario y Territorial Urbano, Impuesto Territorial Rural, Impuestos sobre donaciones, Impuesto sobre Propiedad de Vehículos Automotores, Impuesto sobre Servicios y otros).

Bolsonaro baila al son de la vieja política

Se aproximan las elecciones municipales en Brasil cuyo resultado puede ser una proyección del escenario electoral nacional de 2022.

Bolsonaro abandonó el Partido Social Liberal (octavo partido al que estuvo afiliado) en medio de una crisis interna por distribución de cargos y la disputa por el control de fondos electorales millonarios a finales del 2019. Desde entonces a permanecido sin afiliación partidaria pese a los intentos fallidos de fundar su propio partido, Alianza por Brasil, por falta de las firmas necesarias para su registro ante la Corte Electoral. Pese a un supuesto 30% de base electoral fiel al presidente y a declaraciones en cuanto a la posibilidad de declinar la disputa electoral, las estrategias hacia la reelección se van tejiendo.

El auxilio emergenc1ial, que creó y aprobó el Congreso, fue “apropiado” por Bolsonaro y eso le rinde un supuesto aumento en su base electoral. Ese mecanismo de transferencia de renta se redujo a la mitad en setiembre, y se prevé que finalice en diciembre, colocando a millones de brasileños en la extrema pobreza. Vale recordar que Bolsonaro fue un militar conflictivo, apartado del ejercito por conductas que rozaban lo patológico, y un político con una carrera de casi 30 años sin presentar propuestas y actuando según sus intereses particulares. De la misma forma en que se benefició toda su carrera con méritos ajenos, hoy continúa esa línea, con el agregado de su escandalosa industria de fake nnews y vínculos con paramilitares.

A las promesas incumplidas, la puesta en escena de inauguraciones de obras iniciadas por gobiernos anteriores, se suman políticas sociales impulsadas por el Poder Legislativo e incluso determinaciones del Poder Judicial que hábilmente ha sabido presentar como propias frente al electorado, pese a haberlas atacado e incluso vetado. Ese juego se comienza a abrir aún más con el coqueteo de Bolsonaro con sectores políticos del “centrão” (parlamentarios de pequeños grupos políticos que definen sus acciones por conveniencia, entre los cuales él mismo ha estado), tan criticados durante su campaña, e incluso con la izquierda en controvertidas leyes de exoneración fiscal para organizaciones religiosas. Discursos con promesas de mano dura que se redujeron a la cobardía de siempre; reformas que el ejecutivo es incapaz de impulsar con autonomía; promesas electorales y compromisos dilatados con el gran capital de ir a fondo con su Plan de Privatizaciones. Este escenario decepciona a una parte de sus seguidores y de su equipo de gobierno.