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Punto final: Suprema Corte absolvió a Amodio Pérez

La Suprema Corte no hizo lugar a los argumentos presentados por la fiscal Stella Llorente contra el fallo del Tribunal de Apelaciones que revocó el procesamiento del extupamaro.

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimo el recurso de casación presentado por la fiscal Stella Llorente y dispuso el archivo definitivo de la indagatoria penal contra el ex militante tupamaro, Héctor Amodio Pérez. El máximo órgano del Poder Judicial afirmó que las detenciones efectuadas en ese periodo estaban amparadas en el marco legal, por lo cual eran legítimas. En setiembre de 2015, tras retornar a Uruguay, la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, dispuso el procesamiento con prisión de Amodio Pérez como autor responsable “reiterados delitos de privación de libertad”. Pero meses después, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 4º Turno revocó el fallo y dispuso el sobreseimiento del ex militante tupamaro. La fiscal Llorente presentó un recurso de casación, por lo cual el expediente pasó a estudio de la Corporación, que finalmente confirmó el sobreseimiento. El fallo de la Corte fue firmado por los ministros Maria Elena Martínez, Jorge Chediak y Eduardo Turell, ya que se trató de una interlocutoria. En oposición a la postura de la jueza Staricco y la fiscal Llorente, la Corte valoró que las detenciones efectuadas por militares sin orden judicial, entre los años 1972/1973, o sea, en tiempo de democracia, fueron “legítimas”. “Tampoco las precitadas detenciones se llevaron a cabo en forma clandestina, con violencia física, o moral”, dice la sentencia. Para fundamentar su posición, la Corte detalló el conjunto de leyes y decretos que ampararon estas detenciones sin orden judicial, entre ellas, la declaración del Estado de guerra interno y la que habilitó que los civiles fueron juzgados bajo la jurisdicción militar. Ese marco legal vigente en la época “habilitaba las detenciones por parte del personal militar”. “No pueden caber dudas, entonces, acerca de que la jurisdicción militar y las detenciones eran legítimas, más allá del juicio de valor, oportunidad o conveniencia, que cada uno pueda formular al respecto”, expresó la Corte. El Parlamento Nacional “confirió a los militares la potestad y obligación concreta y directa de detener a quienes aparecían como responsables de la subversión. Se podrá discrepar con la normativa relacionada, pero lo que resulta difícil admitir es que las detenciones no estaban amparadas en ninguna norma, tal como en un primer enfoque afirmó la ‘a-quo’ al dictar el auto de procesamiento, aunque luego, al resolver el recurso de reposición, ciertamente, matizó su decisión. Ya se señaló que el acto de detención, en sí mismo, no fue antijurídico en virtud de que fue realizado por personal autorizado normativamente a ello”. La Corte valoró que, en todo caso, serían delitos “los abusos y excesos cometidos con posterioridad, actos que no pueden ser imputados al Sr. Amodio Perez, pues su eventual autoría o co-participación no forma parte de la requisitoria fiscal”. En este sentido, “los actos posteriores a la privación de la libertad, serían ajenos al tipo penal. De adosarlos, se infringirían los principios de legalidad, reserva de la ley, certeza y seguridad, que tan celosamente gravitan en el Derecho Penal”, afirma la Corte. “Entonces, en el específico ámbito apuntado, la colaboración que un civil hubiera prestado a un funcionario del Estado, para la realización de una actividad de detención amparada por el orden jurídico vigente, no puede ser considera ilícita. Por lo tanto, a criterio de este Colegiado, las detenciones fueron legítimas, aunque la prisión posterior hubiera resultado abusiva, acompañada de una represión indebida y de una coacción ilícita, actos todos tan funestos como execrables”. Por este motivo, la Corte entiende que no existió delito: “Si las detenciones ‘por sí solas’ fueron ‘legítimas’, resulta por lo menos dudoso que, luego, por efecto de lo ‘que vino después’, se pueda recalificar la conducta y decir que fueron ‘ilegítimas’, pues ello, en último grado de análisis, desnaturalizaría el tipo penal bajo el cual se lo pretende enjuiciar al acusado”. “Ahora, si con ulterioridad hubo exceso en el cumplimiento de lo dispuesto por ley, si se vulneraron otros bienes jurídicos, como la integridad física, la vida, las buenas costumbres, etc., ello resulta ajeno al enjuiciamiento seguido en la causa, puesto que, contra el encausado, no se ejercitó reproche penal alguno respecto a dichas conductas”, expresó la Corte.

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