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QUIÉNES SE LA LLEVAN

Rebelión en la granja

A pesar de las quejas, el Estado se lleva sólo 8,6% de la renta de la tierra. Los cambios registrados en el sector agropecuario en los últimos 15 años provocaron el incremento absoluto y relativo de los ingresos de capitalistas y terratenientes.

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Por Víctor Carrato   Desde el año 2002, el sector agropecuario de Uruguay atravesó intensas transformaciones en un contexto de altos precios de los commodities y flujos de inversión extranjera. En el periodo 2000-2015, los terratenientes fueron el sujeto que más incrementó su apropiación de valor, creció levemente la masa salarial y no se modificó la participación estatal en el valor agropecuario ni en la renta del suelo. Luego de una profunda recesión que afectó al país entre 1999 y mediados de 2003, la economía de Uruguay inició un período de intensas transformaciones con altas tasas de crecimiento económico. Los precios de los productos de exportación subieron mucho. Llegaron muchos capitales desde el exterior, es decir, inversión extranjera directa (IED). Entre los años 2004 y 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) fue 6,4% anual promedio, la tasa anual de formación bruta de capital fijo (inversión) fue 19,9% del PIB y las exportaciones de bienes y servicios crecieron 5,3% por año. El sector agropecuario fue uno de los más dinámicos, no sólo por su propio crecimiento, sino por su efecto multiplicador en el conjunto de la economía y por ser el sector más dinámico en materia exportadora. Entre los años 1998 y 2001, la producción agropecuaria había caído. Entre 2002 y 2015 el PIB agropecuario creció 42,5% en pesos constantes de 2005, a una tasa anual de 3,3%, mientras que la economía creció a razón de 6,2% por año.   Forestación y soja La forestación y la soja subieron al podio. La forestación pasó de 186.000 hectáreas en 1990 a 1.071.128 hectáreas en el año 2011. El cultivo de soja pasó de un área ocupada de 404.291 hectáreas en el año 2000 a 1.545.889 hectáreas para el año 2011. El área sembrada por ejercicio agrícola se incrementó de 637.810 hectáreas en el año 2000 a 1.947.113 hectáreas en el año 2011(9,5 veces más). A fines del siglo XIX, Uruguay había ocupado prácticamente la totalidad de su frontera agropecuaria. La expansión de la forestación y la agricultura supuso el desplazamiento territorial de otras actividades agropecuarias. El uso del suelo destinado principalmente a la ganadería de carne, lana y leche se redujo 2.394.000 hectáreas entre 1990 y 2011. En el período 2000-2015 se comercializaron 7,84 millones de hectáreas que representan 48,1% del territorio nacional. El precio de compraventa de la tierra pasó de 448 a 3.594 dólares/ hectárea con un pico de 3.934 dólares/hectárea en 2014. El precio de arrendamiento anual pasó de 28 a 124 dólares/hectárea con un pico de 174 dólares/hectárea en 2014. Pero ¿cómo fue el impacto de estas transformaciones en la distribución del ingreso? El Banco Central del Uruguay (BCU) dejó de  estimar la cuenta de generación de ingresos en el año 2005. La Encuesta Anual de Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística (INE) no incluye en su muestra las explotaciones agropecuarias. Y la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP) no aborda la distribución del ingreso sectorial. Tampoco existen estimaciones rigurosas sobre la magnitud del plusvalor apropiado como renta del suelo. La participación del salario en el PIB pasó de 40% a 28%, una leve reducción posdictadura que volvió a desplomarse con la crisis de 1999-2002. En el 2011, el salario rondaba 36% del PIB.   Metodología La renta del suelo es apropiada a través de dos formas principales: 1) como precio de arrendamiento para aquellos que arriendan sus campos a explotaciones agropecuarias; 2) como parte de la ganancia en el caso de los productores que a su vez son dueños de sus campos. La renta de la tierra puede ser (y de hecho es) derivada primariamente hacia otros actores sociales, es decir, sin llegar a manos de los terratenientes, producto de la intervención del Estado mediante sobrevaluación del tipo de cambio, impuestos a las exportaciones agropecuarias, fijación de precios de las mercancías agrarias y otros mecanismos. En la agricultura, alrededor de 70% de la superficie está bajo arrendamiento, mientras que en la ganadería el porcentaje baja a 30%.   Distribución social del ingreso I Los capitalistas apropian ganancias (por definición), pero también renta cuando son dueños de la tierra, y salario cuando trabajan (ingreso laboral patronal). Los terratenientes sólo apropian renta del suelo. Los productores mercantiles directos apropian salario como trabajadores, renta cuando son dueños de la tierra y eventualmente ganancia si ingresan en un proceso de acumulación ampliada. Los asalariados sólo perciben salario por la venta de su fuerza de trabajo. Por su parte, el Estado se apropia de una parte del plusvalor vía tributos que afectan tanto a las ganancias como a la renta, y vía renta del suelo directamente como terrateniente a través del Instituto Nacional de Colonización (INC), un ente público que controla cerca de 2% de la superficie productiva y que arrienda parcelas de tierra a productores mercantiles a precios subsidiados. El valor apropiado por los terratenientes resulta de la renta de la que estos se apropian por la propiedad del suelo menos los impuestos a la tierra que afectan su propiedad. En 2005 se arrendaban 250.000 hectáreas, y en el periodo 2005-2015 se adquirieron 10.000 hectáreas más por año; el precio de arrendamiento promedio del INC equivale aproximadamente a 35% de la renta ponderada.   Distribución del valor agropecuario En el caso particular de los salarios, hay que destacar que desde 2005 se inició una nueva etapa en materia de regulación del conflicto capital-trabajo en el sector agropecuario con la llegada al gobierno del Frente Amplio. Entre las principales medidas impulsadas que permitieron elevar el ingreso real de los asalariados 76,1% destacan las siguientes: la convocatoria por primera vez en la historia nacional a los Consejo de Salarios para el sector agropecuario (rural), la aprobación de la ley que regula la jornada laboral en ocho horas y la regularización de las tercerizaciones. En el caso de la renta del suelo, su crecimiento extraordinario es producto de la expansión de rubros agropecuarios altamente dinámicos como la soja y la forestación en un contexto de altos precios internacionales y alta rentabilidad de estos cultivos, a lo que se sumó un flujo creciente de capital a la tierra como medio de atesoramiento y valorización vía renta del suelo en un contexto mundial de crisis financiera. De 2003 a 2015 el BCU (2016) registra un flujo de IED en tierras de 1.962 millones de dólares, 8,7% de la IED total hacia Uruguay en ese periodo, cifra equivalente a 1,53 millones de hectáreas a precios promedio de cada año. Viéndolo de otra forma, la renta y el ingreso laboral pudieron crecer de 2004 en adelante dado el incremento de la rentabilidad del capital agrario, al tiempo que el importante descenso en el precio de los commodities registrado desde 2014 ya se expresó en un descenso de 14% en la renta total en 2015 y es esperable que se traduzca en un ajuste salarial.   Distribución social del ingreso II En los años de crisis (2000-2003) se redujo la participación de los asalariados en el producto de 31% a 17%, se mantuvo la participación relativa del Estado y los terratenientes en el entorno de 8%-9% del Valor Agregado Bruto (VAB), y creció de forma significativa la participación de los capitalistas en el producto de 43 a 64%, lo que expresa el proceso de restablecimiento de las condiciones de la acumulación a expensas del valor de la fuerza de trabajo. De 2004 a 2013 se registra un significativo incremento del VAB total que se tradujo en un incremento absoluto del valor apropiado por todos los sujetos, y que en términos relativos muestra como principal transformación un avance de los terratenientes a costa de los capitalistas, en tanto los primeros pasan de apropiar 8% a 16% del VAB, mientras que los segundos reducen su participación de 61% a 50%. En esos años la participación del Estado se mantiene en el entorno de 7%, la de los asalariados oscila entre 15% y 18% y la de los productores mercantiles, entre 7% y 10%. Finalmente, 2014 y 2015 muestran el agotamiento del ciclo expansivo de los commodities afectando la participación en el producto de los capitalistas a costa del crecimiento de la participación de los asalariados, que llegan a 24% del VAB en 2015. De esta forma los 16 años analizados dan cuenta primero (2000-2003) de un proceso de restablecimiento de las condiciones de acumulación que permite a los capitalistas incrementar su participación en el producto para elevar su tasa de ganancia. Luego (2004-2013) un período expansivo que en un contexto de altos precios de las mercancías agrarias y flujos de IED hacia la tierra posibilitan a los dueños de la tierra incrementar su participación en el producto a costa de los ingresos de los capitalistas, en tanto los otros sujetos no ven afectada su participación en el producto y, finalmente (2014 y 2015), el inicio de un período de estancamiento/recesión que afecta significativamente los ingresos de los capitalistas, empieza a afectar los ingresos de los terratenientes que reducen su participación absoluta, pero no relativa en el producto, y permite una expansión relativa de los ingresos de los asalariados en el producto. De seguir la reproducción del capital sus tendencias seculares, lo esperable es que la recuperación de la rentabilidad se procese ajustando rentas y salarios, lo que ya se ha expresado en las pautas para 2015 y 2016 del Poder Ejecutivo de cara a los Consejos de Salarios. Los propietarios de la tierra apropian renta del suelo a través del precio de arrendamiento para aquellos que arriendan sus campos (terratenientes) y como parte de la ganancia en el caso de los productores que a su vez son dueños de la tierra (capitalistas).   Apropiación de la renta Entre los años 2000 y 2015 la renta del suelo pasó de 349 a 1.658 millones de dólares con un pico de 1.939 millones en 2014. Su distribución evidencia que creció la participación de los terratenientes de 29% a 35,6%, con un máximo de 40,2% en 2009; la participación de los capitalistas osciló entre 45% y 50% y la de los productores mercantiles en el entorno de 8%; la participación del Estado primero cayó de 14,4% a 5% de 2000 a 2009, para luego subir a 8,6% en 2015. Las cifras evidencian que la distribución de la renta sigue una tendencia fuertemente estable, siendo la principal variable de ajuste la proporción de renta que apropia el Estado en función de los cambios en la política tributaria. La participación del Estado en el VAB agropecuario y en la renta del suelo muestra el mismo patrón. En los años de crisis (2000-2003) cae la participación del Estado en el VAB de 8% a 4% y de 14,4% a 5% en la renta del suelo, producto de un conjunto de políticas que “aliviaron” la presión fiscal sobre el sector para acelerar la recuperación de la tasa de ganancia del capital. Por el contrario, de 2004 en adelante el crecimiento económico va acompañado de una serie de políticas que incrementan la presión fiscal y la apropiación estatal de renta. En el primer caso las modificaciones introducidas permiten recuperar el nivel de presión tributaria precrisis en el entorno de 7-8%, obteniendo una presión efectiva que no difiere con otros sectores de la economía. En el segundo caso, la apropiación estatal de renta se estabiliza en el entorno de 8%, en un período en el cual se aprobaron nuevos impuestos destinados a incrementar la participación del Estado en la renta, como el Impuesto al Patrimonio Rural (2013), la eliminación de la exoneración del Impuesto de Enseñanza Primaria (2015) y del descuento de 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural (desde 2016). Estas medidas elevaron en 2015 la presión sobre la renta tres puntos porcentuales y la presión fiscal casi dos puntos.   Conclusiones 1) Los resultados muestran la relevancia cuantitativa (hasta 50% del valor agropecuario) y cualitativa de la renta agraria como forma del plusvalor en el valor agropecuario, en tanto el sector “exige” una masa extra de ganancias para remunerar a los terratenientes. Esta cuantía extra de plusvalor seguramente esté explicando el menor peso relativo del ingreso laboral en el producto agropecuario con respecto a las ramas industriales. Se eliminó el impuesto al patrimonio para el sector, se redujeron las tasas de la Contribución Inmobiliaria Rural, se exoneró el pago de aportes patronales y se bajaron las tasas del impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba). El Imeba grava la primera enajenación a cualquier título, realizada por los productores, a quienes se encuentren comprendidos en el IRAE, administraciones municipales y a organismos estatales, de los siguientes bienes: Lanas y cueros ovinos y bovinos, Ganado bovino y ovino, ganado suino, cereales y oleaginosos, leche, productos derivados de la avicultura, productos derivados de la apicultura, productos derivados de la cunicultura, flores y Semillas. productos hortícolas y frutícolas, productos citrícolas, productos derivados de la ranicultura, helicicultura, cría de ñandú, cría de nutrias y similares, y otros productos agropecuarios que determine el Poder Ejecutivo. 2) La crisis económica (2000-2003) se “resolvió” en el agro ajustando a la baja el valor de la fuerza de trabajo y la participación relativa del ingreso laboral. Al tiempo que el período de crecimiento económico (2004-2013) permitió incrementar el valor de la fuerza de trabajo y la participación del ingreso laboral en el producto, pero no sin la mediación del Estado, que operó activamente empujando al alza los salarios, en el contexto de un gobierno (el del Frente Amplio) que expresó la posibilidad coyuntural de un nuevo pacto de clases en Uruguay. 3) La evolución del ingreso real por clase permite evidenciar mejor la tendencia a la descomposición de la producción mercantil agraria, en tanto mientras el ingreso real de los asalariados crece un 76,1%, el de la producción mercantil propietaria apenas crece 9,6%, y para aquellos no propietarios cae un 16,1%. Con estas tendencias no es difícil explicar por qué los productores de tipo familiar-mercantil se redujeron 22% entre los años 2000 y 2011. 4) La actuación del Estado, aunque con nuevas mediaciones desde 2005, parece ajustarse en el período estudiado a los requerimientos de la acumulación de capital, en la medida que durante los años de crisis redujo la presión tributaria y permitió la desvalorización de la fuerza de trabajo, y durante el periodo de crecimiento elevó la presión tributaria y presionó al alza los salarios. De hecho, y a pesar de los constantes cuestionamientos que recibieron las modificaciones tributarias y la mayor regulación del conflicto capital-trabajo por parte de los representantes del capital agrario, no se está ante un incremento relativo significativo de la participación del Estado y del ingreso laboral en el producto agropecuario. En definitiva, los cambios registrados en el sector agropecuario en los últimos 15 años provocaron el incremento absoluto y relativo de los ingresos de capitalistas y terratenientes en un contexto caracterizado por un nuevo sistema tributario y por políticas de crecimiento del salario real. De allí que las iniciativas estatales orientadas a mejorar la distribución del valor lograron mantener la participación de los salarios y del Estado en el PIB, pero resultaron ineficaces a la hora de modificar el patrón de distribución. La encrucijada se abre con el inicio de una fase de retracción en los últimos dos años del análisis (2014-2015). La reducción registrada en la participación de las ganancias en el producto que, a igual stock de capital supone una reducción en la tasa de ganancia del capital agrario, ya produjo la retracción absoluta de la renta del suelo en 2015 y comienza a presionar para bajar la participación del ingreso laboral en el producto agropecuario. La disyuntiva para quienes conducen el Estado es si expresarán plenamente la necesidad de reducir impuestos y bajar salarios, o enfrentarán con una estrategia superadora las crisis recurrentes de la valorización del capital. En este sentido, si el desafío es articular un proceso de acumulación de capital que no atente contra las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, no parece haber más opción que avanzar sobre una fuente de plusvalor que no surge del propio proceso de producción, sino del monopolio privado de la tierra: la renta del suelo. Sea con ajustes impositivos, sea regulando sus precios de transacción mercantil, o avanzando directamente sobre su propiedad, el Estado debería redirigir la renta del suelo hacia los sujetos que participan directamente de la producción y/o hacia sus propias arcas, en vez de permitir su apropiación por los dueños privados del suelo.

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