Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
SCJ confirmó condena del hombre que abusó de una mujer en Colón
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La decisión de la Suprema Corte de Justicia del 12 de agosto de suprimir a partir del 1º de octubre 20 juzgados de Paz en 12 departamentos del interior despertó el rechazo de legisladores, sindicato y Colegio de Abogados del Uruguay.
Por motivos presupuestales la SCJ decidió suprimir sedes judiciales en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.
En las últimas horas la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) expresó su total desacuerdo con la medida de suprimir los juzgados que atienden casos de violencia doméstica.
El sindicato cuestionó que se realicen cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al gremio que los representa.
“No encontramos razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios. No se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte, lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100.000 personas”, indicó el sindicato.
Los funcionarios judiciales expresaron su preocupación por la situación de aquellos trabajadores que deberán trasladarse, los magistrados que quedan sin destino, y la posibilidad de acceso de la población a la Justicia.
“Durante todo este año de emergencia sanitaria, la SCJ ha tomado resoluciones erráticas, sin tomar en cuenta a los trabajadores ni a la población usuaria del servicio de Justicia. Resoluciones tomadas desde un escritorio, lejanas a la realidad de las oficinas y en este caso de las poblaciones que van a ser afectadas con el cierre de estas sedes”, expresó la AFJU.
En su comunicado manifiestan, asimismo, que “ahora se resuelve cerrar juzgados que se encuentran, unos en lo más profundo del Uruguay, otros con cantidad importante de habitantes y otros en los límites fronterizos de nuestro país. En este último caso, desprotegiendo a la nación de los peligros que este retiro de la autoridad civil conlleva”.
“Esta resolución burocrática no toma en cuenta la vinculación que se genera en las comunidades con los juzgados, donde la relación es de confianza y de garantías en situaciones extremas. No olvidemos que estos juzgados actúan en primera instancia en las situaciones de violencia doméstica y de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en más de una ocasión se dirimen incluso conflictos de vecindad”, remarcó el sindicato.
