Este domingo 4 de febrero más de 13 millones de ecuatorianos están convocados para votar en un referéndum y pronunciarse acerca de la reforma de la Constitución del país, en temas tales como la reelección presidencial, la prescripción de los delitos sexuales y aspectos relativos al castigo de los funcionarios acusados de corrupción.
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La consulta fue anunciada el pasado 2 de octubre de 2017 por el presidente Lenín Moreno y constará de siete preguntas para que los votantes puedan aprobar o rechazar
Moreno propuso a la ciudadanía expresarse sobre la denominada muerte civil a funcionarios públicos culpables de corrupción, remoción y nombramiento de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), reelección indefinida, explotación petrolera en el parque Yasuní, límites a la minería metálica, derogación de la Ley de Plusvalía y la no prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. Cinco preguntas mediante referéndum implicaría cambios concretos a la Constitución, y dos preguntas mediante consulta popular reformarán leyes actuales.
De las siete preguntas la que más polémica ha levantado es la referida a la elección de autoridades: “¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?”
Su formulación ha profundizado la crisis en el movimiento Alianza PAIS, que gobierna en Ecuador. Ante la consulta el partido se ha dividido en dos grupos: los que siguen a Moreno y los que están con el expresidente Rafael Correa.
Moreno afirma que «nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos», en 2008, luego que se realizara una Asamblea Constituyente, durante el gobierno de Correa. En 2015 se hizo una enmienda constitucional en el Congreso, que permite que una persona electa para cargo público se postule cuantas veces desee.