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Editorial

Regocijo arriba, indignación abajo

Por Enrique Ortega Salinas.

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Caras y Caretas Diario

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Que la verdad no ofende es una terrible mentira; la verdad puede ofender y doler, y mucho, y esto sí es tan cierto como que hoy en día hay mucha gente inteligente que evita decir lo que piensa porque siempre hay un mediocre dispuesto a sentirse ofendido.

Lo cierto es que unos pocos hechos recientes sirven para dejar al descubierto lo que es la derecha uruguaya, para que quien esté dormido despierte y quien fue engañado se rebele.

 

Amenazas

Parece que la costumbre de amenazar a quien hace tambalear sus intereses políticos se va naturalizando en filas nacionalistas. A las advertencias (al mejor estilo de una novela de Mario Puzzo) de la vicepresidente Beatriz Argimón contra Fernando Cristino (“Cuidate, soy muy joven, cuidate…”) le siguieron las amenazas de Luis Alberto Martínez Menditeguy, presidente de la Junta Departamental de Durazno, a la edila nacionalista Daniela Moreira para que asistiera a la Junta a votar el presupuesto departamental, advirtiéndole que provocaría su salida del cargo que ésta tiene en el Mides. “Yo te estoy avisando como amigo, nada más: te quedás sin Mides”. “Vos acá sos la edil, yo te aviso. El que avisa no traiciona. Vos sos mayorcita, ya sabés”. Al final, quien perdió el cargo fue el aprendiz de mafioso luego que se hiciera público el audio con la amenaza.

A ellos les siguió el intendente de Rocha, que intentó “apretar” al diputado del MPP Gabriel Tinaglini luego de que el frenteamplista presentara una denuncia penal en la Fiscalía por la contratación de la fundación A Ganar por parte de la intendencia.

La denuncia se realizó tras la negativa del Partido Nacional de conformar una comisión investigadora y por la falta de respuesta de los blancos a los pedidos de informes. Durante la inauguración de la red eléctrica en Laguna de Rocha, alguien logró filmar al intendente Alejo Umpiérrez acercándose al diputado y diciéndole, mientras lo señalaba con un dedo: “Pasaste una raya que no podías pasar”. Pero el “apriete” no terminó allí. También lo increparon el diputado nacionalista Milton Corbo y el secretario general de la intendencia e integrante de la Comisión Asesora de Adjudicaciones Valentín Martínez. Recordemos que este último personaje es hermano de Verónica Martínez (de la fundación contratada pese a las observaciones del TCR) y de Nicolás Martínez, secretario del presidente de la República.

 

¿Transparencia, dijo?

Con todo, Lacalle dijo en Estados Unidos que “Uruguay es un país serio y con un alto nivel de transparencia”. Su aseveración no coincide con el informe ITAel (Índice de Transparencia en Línea), de Cainfo y la Universidad Católica.

El análisis del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de los organismos públicos de Uruguay arroja datos muy negativos, con casi 20 puntos porcentuales menos que la edición anterior y un quiebre en la tendencia ascendente de los últimos años. Pasándolo al criollo, la mayoría de los organismos del gobierno incumple con las obligaciones de la Ldaip, mostrándose reacio a permitir que la ciudadanía acceda a la información pública. Como ha informado Ricardo Pose, “de 262 sitios relevados, solo 4 alcanzan niveles altos de transparencia activa, esto es menos del 2%. Además 57% de los organismos no cumple la mitad de las exigencias que plantea el índice ITAel”.

Es más, desde Naciones Unidas se ha enviado una misiva al Senado señalando que la tentativa de modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de la Ley de Rendición de Cuentas, es “regresiva e innecesaria”.

La verdad es que el herrerismo está provocando en Uruguay un retroceso en todas las áreas (derechos humanos, libertad de expresión, inversión social, economía) que será difícil de revertir en pocos años.

 

Codicia

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, y el exsubsecretario de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera, el economista Gustavo Licandro, recibieron una noticia que les cayó como un balde agua fría. El primero ha propuesto pagar a los trabajadores un 70% por debajo del laudo y no pagarles despido, mientras que el segundo propuso eliminar los Consejos de Salarios, eliminar el Salario Mínimo Nacional y que cada trabajador negocie su propio sueldo. Ambos neoliberales sostienen la teoría de que los sueldos altos fomentan el desempleo. Sin embargo, el Premio Nobel de Economía no les tocó a ellos, sino a tres especialistas en «experimentos naturales», el canadiense David Card, el estadounidense-israelí Joshua Angrist y el estadounidense-holandés Guido Imbens. David Card demostró con sus investigaciones que el aumento del salario mínimo no implica reducción del empleo.

Y ya que hablamos de oligarcas criollos, AEBU ha informado que el ritmo de aumento de los depósitos bancarios en este último año y medio supera por lejos todos los registros históricos. Solo en los primeros seis meses de 2021, los depósitos aumentaron US$ 2.845 millones, mientras que en 2020 aumentaron US$ 2.979 millones, pero en todo el año. Desde que asumió Lacalle Pou, “el ritmo de aumento de los depósitos superó ampliamente todos los registros históricos, con un crecimiento de más del 10% del PIB”.

El 90% de los casi US$ 2.900 millones corresponde a cuentas con más de US$ 100.000 y estas son propiedad del 2% de los clientes de los bancos. Las cuentas con más de US$ 250.000 acapararon el 73% del crecimiento de los depósitos, siendo propiedad de 0,7% del total de clientes de los bancos, lo que equivale a 19.000 empresas y personas. Pavada de concentración de riqueza.

Lo anterior hay que ligarlo al récord de exportaciones de ganado en pie, carne bovina, subproductos cárnicos, cueros, lanas y tejidos, madera y celulosa, entre otros; las que totalizarán a fin de año 10.500 millones de dólares y un crecimiento de 30% con respecto a 2020. Sin embargo, los trabajadores del sector agroindustrial exportador han perdido salario real. Un caso paradigmático es el de Minerva, multinacional líder en América del Sur en exportación de carne bovina in natura y sus derivados, que pese al récord mencionado rebajó en 22% el salario de sus trabajadores en Canelones.

Sanguinetti siempre dice que “hay que hacer crecer la torta para repartirla mejor”; pero la torta sigue creciendo y cada vez la reparten peor.

El gobierno y la prensa cómplice encubren estas inmoralidades tratando de convencer a los trabajadores de que están mal pura y exclusivamente por culpa de la pandemia. La verdad es que con la derecha las crisis las pagan siempre las clases media y baja. Con el mismo desparpajo, Lacalle Pou niega que haya aumentado el IVA; pero apenas asumió, decretó que, si pagas con tarjeta de débito, en lugar de tener un descuento de 4% del IVA el beneficio será de la mitad. Que la pinten como quieran; pero eso es un aumento de 2% del IVA.

A la vez, los recortes en educación, tecnología, investigación y becas es un ahorro que, como afirma Óscar Andrade, nos va a salir muy caro.

Los activos de los uruguayos en el exterior aumentaron, solo en nueve meses de gobierno herrerista, 3.400 millones de dólares. En seis meses de 2021, 2.800 millones. Sin embargo, el gobierno les permite pagar menos en salarios que en 2019.

Las opciones del presidente son claras.

Andrade nos recuerda que Lacalle recorta en Salud Pública; pero a quien tiene un yate amarrado en el puerto de Punta del Este se le cobra la mitad de lo que antes pagaba. Se recorta a la mitad el dinero destinado a la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, afectando a 20.000 pequeños productores y se recorta también en Colonización; pero, en el mismo presupuesto, se incrementa la exoneración de tributos de impuestos al patrimonio rural (que pagan solo los que tienen más de 2.000 hectáreas), con lo cual “estás diciendo que hay recursos de acá que se recortan y recursos de acá que se resignan”.

 

Blancas miserias

Paralelamente, los blancos continúan con sus pequeñeces políticas. A la negativa del presidente de negar la CNRT a la Comisión Nacional pro Referéndum para la anulación de 135 artículos de la LUC y la intimidación practicada por la Policía de Rocha contra quienes juntaban firmas, se suma un hecho protagonizado por el alcalde de Colonia Valdense. Andrés Malán envió a la Policía para detener la pintada que estaba haciendo contra la LUC el frenteamplista Marcel Bonnet, quien debió suspender todo y presentarse en la comisaría.

Que no se puede hacer una pintada en una obra pública lo podemos aceptar; pero Malán no llamó a la Policía cuando se hizo una pintada a favor de la lista 12, pintada que aún luce el puente. La 12 es la lista del alcalde Andrés Malán.

Y la hipocresía continúa. Adriana Peña, exintendente de Lavalleja y actual edil por el Partido Nacional, ha declarado a la diaria que “no es legal que el hermano del intendente cobre un sobresueldo de más de 70.000 pesos”. Tiene razón; es ilegal e inmoral; pero fue ella quien, para hacerle un favor al actual intendente Mario García, le dio a su hermano el cargo de peón, ya cuando ella finalizaba su mandato. Y sobre nepotismo, Peña le puede dar cátedra a García, porque fue ella la que designó a su propio hermano, Nestor Gerardo Peña, como director de Comunicaciones, y fue ella la que le aumentó el sueldo en un modesto 107% al director de Obras Gastón Elola, pareja de la intendente, medida que provocó un escándalo y el rechazo de la Junta Departamental, que impidió su concreción.

 

¿Y qué esperabas?

Quienes quieran mantenerse al día no deberían ignorar u olvidar este apurado e incompleto punteo de lo que ha hecho y propuesto la derecha en los últimos meses.

En solo un año y medio, la coalición ha incurrido en innumerables conductas delictivas o, por lo menos, inmorales. Efectivamente, y sobre todo los blancos, han protagonizado hechos de violencia doméstica (edil blanco de Paysandú), lesiones dolosas (edil blanco Darwin Correa, de Maldonado), abigeato (alcalde de Rincón de Valentín, en Salto); delitos sexuales contra menores (Juan Andrés Oronoz, alcalde blanco de Dolores, y Óscar Daniel Fracuelli Fernández, edil blanco de Mercedes); corrupción (media familia del alcalde blanco de Florencio Sánchez y, mientras, la Justicia investiga el caso del diputado blanco Omar Laffluf en Río Negro); falsificación de documentos (venta fraudulenta de terrenos en La Juanita, Maldonado, por parte del exedil colorado Pablo Gallo), contrabando (exedil del Partido Colorado y candidato a diputado en 2019 por el Partido de la Gente; Mauricio de Benedetti), abusos policiales, demagogia, incumplimiento de promesas electorales (“¡Se terminó! ¡Se terminó”), licitaciones con apariencia de amañadas (con la fundación A Ganar y Ayax, entre otras), ataques a los periodistas independientes y a los gremios (sobre todo de las empresas que buscan privatizar), nombramientos a dedo e ignorando la obligación de legal de adjudicar cargos mediante concurso (BPS, DGI y Comisión Mixta de Salto Grande, por ejemplo), nepotismo (en casi todas las intendencias derechistas con el intendente blanco de Artigas Pablo Caram a la cabeza), compensaciones especiales, ilegales e inmorales (Intendencia de Lavalleja); libramiento de cheques sin fondo (exdiputado blanco por Colonia Edmundo Roselli); violaciones a la ley de prendas (el mismo Roselli y el exintendente blanco de Soriano Agustin Bascou) y muchos, muchísimos casos más.

Mientras tanto, subieron la inflación, las tarifas, el dólar, el desempleo y la pobreza y bajaron el salario real, el poder de compra y la inversión en políticas sociales. Se ahorraron 600 millones de dólares a costa de 6.000 muertos y 100.000 nuevos pobres. Se recortó el presupuesto de vivienda en el peor momento y hasta el Observatorio del Mides marchó a la basura. De 110.000 capacitaciones brindadas por el Inefop en 2019, pasamos a 37.000 en 2020 y 2021 cerrará con una cifra idéntica.

Ahora, hasta debemos pagar hasta para ver los partidos de nuestra selección nacional de fútbol.

Pero estaba bueno cambiar.

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