Rendición de Cuentas: COFE denuncia artículos que buscan profundizar el ajuste fiscal

“La rebaja salarial para los funcionarios fue de un 5% en enero pasado y se profundiza a lo largo de los meses. No existen al momento instancias de negociación sobre al ajuste de salario del año próximo, por lo que el mismo puede implicar una nueva rebaja salarial”, expresó COFE y exige “comenzar a recuperar el salario perdido”.

Denuncian que, al igual que en el año 2020, el gobierno vuelve a “incumplir” con la Ley 18.508 de Negociación Colectiva en el sector público.

El sindicato rechaza algunas propuestas que se han incluido en la Rendición de Cuentas, como por ejemplo: “aumentar el salario a cargos de confianza ya que en el artículo 7 se establece que los directores Generales de Secretaría pueden designar como adscriptos a un funcionario y hasta dos en el caso de los ministerios de Economía, Cultura, Desarrollo Social y Salud”.

“Estos adscriptos verán incrementados sus salarios en algunos casos en casi un 100%, pasando a percibir un ingreso de 171.960 pesos, y aumenta la discrecionalidad, dado que el adscripto puede ser también un funcionario público que haya pasado en comisión al Inciso”, denuncia el gremio.

“No sólo se destinan fondos públicos a aumentar el salario de unos pocos, sino que se amplía el universo de funcionarios que pueden ser designados a dedo para ocupar estos cargos”, aseguraron en la misiva.

Si bien valoran que “se reduzca el plazo de provisoriato de 15 a 12 meses, aseguran que por otro lado reduce garantías en el proceso de presupuestación”.

Otro tema que preocupa a COFE es el artículo que establece que “aquellos funcionarios que soliciten licencia por enfermedad por más de dos años, que padezcan enfermedades delicadas y se encuentran en proceso de recuperación, podrán ser destituidos por ineptitud”.

“Se trata de trabajadores que se encuentran luchando contra enfermedades complejas, cuyo tratamiento y recuperación son prolongados, pero que el desenlace puede ser la mejora en la salud o evitar la progresividad de la enfermedad”.

Por otro lado, COFE entiende que se debe poner coto a las irregularidades en cuanto a las licencias médicas que se obtienen falseando la realidad, pero “sin menguar los derechos de quienes sí efectivamente enferman”.

Denuncian también que en la Rendición de Cuentas se busca “maximizar las ganancias de la banca privada, al permitirles, en caso de que se apruebe, depositar sus fondos en cualquier banco habilitado en plaza, cuando a la fecha sólo pueden depositarlo en instituciones financieras públicas, salvo excepciones”.

“Este cambio tiene el claro objetivo de aumentar las ganancias del sector privado en detrimento de los bancos públicos”.

COFE cargó también sobre dos artículos de la Rendición de Cuentas que establecen la eliminación de las conminaciones económicas contra el Estado (artículos 295 y 296) por ser inconstitucionales.

“La eliminación de la potestad del Poder Judicial de imponer conminaciones económicas al Estado, frente al incumplimiento de una sentencia pasada, en autoridad de cosa juzgada, implica reducir la función jurisdiccional a juzgar, sin poder ejecutar lo juzgado. Ello deja librado a la voluntad de la parte condenada el cumplimiento de la sentencia de condena, sea esta la obligación de suministrar un medicamento de alto costo, una vivienda, o cumplir con el pago de obligaciones salariales o indemnizatorias pendientes”.

COFE asegura que la modificación propuesta es “inconstitucional”, porque “la eliminación de la posibilidad de imponer astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial) contra personas públicas es una diferenciación sin justificación razonable, que establece un privilegio a favor del Estado, violándose el tratamiento igualitario ante la Ley, lo que resulta inaceptable en un estado de derecho, donde el Estado es responsable de sus actos por acción u omisión (artículo 24 de la Constitución de la República) y no puede sustraerse de la autoridad judicial”.

El sindicato del sector público afirma que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas “contiene una serie de medidas que tienen el objetivo de profundizar el ajuste fiscal y que se suman a las medidas ya tomadas: rebaja salarial masiva tanto en el sector público como privado, rebaja de jubilaciones y pensiones, recorte de derechos, supresión de puestos de trabajo, no llenado de vacantes, eliminación de cargos y cese de contratos».