Restitución: Jueces y defensores públicos cuestionan presiones a operadores

La decisión del Poder Judicial de conceder la restitución internacional de una niña a España, pese a las acusaciones de abuso sexual contra su padre, generaron duras críticas de organizaciones sociales y de organismos estatales (como Mides e Inau). En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó un recurso de revisión presentada por la madre y suspendió, en forma temporal, el viaje de la niña al país europeo. Sin embargo, la situación generó molestias a la interna del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) cuestionaron la actitud de las organizaciones sociales y organismos estatales y defendieron la independencia técnica de sus integrantes, así como el necesario respeto a los convenios internacionales firmados por el Estado uruguayo. En un comunicado, la AMU salió al cruce de los cuestionamientos contra la decisión judicial y recordó los principios de Naciones Unidas sobre independencia judicial. Así se señala que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”. Asimismo, los jueces resolverán los asuntos “con imparcialidad” y basándose “en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. En este sentido, “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial”, expresa el comunicado. Defensores rechazan injerencia El comunicado de Adepu, en tanto, apunta sobre los “distintos agravios y valoraciones ofensiva” a la actuación del defensor público de la niña y rechaza los intentos de injerencia de grupos sociales en el proceso y la desinformación generada a través de los medios de comunicación por integrantes de estos colectivos. El motivo del comunicado refiere a las críticas a la actuación del defensor Walter Pritsch -representante de la niña en el proceso de restitución-, denunciado por “colusión” por los abogados de la madre. En su comunicado, Adepu señala que los defensores públicos “gozan de absoluta independencia técnica en el ejercicio de su función” y que la defensa, en estos casos, se rige en el fondo por normas internacionales, al amparo de otras de corte interna que resguardan el debido proceso, para asistir a los menores involucrados y a las partes en litigio. “La Defensa Pública en materia de restitución internacional se respalda en el conocimiento así como versada experticia de técnicos que conforman un grupo en el seno de la Defensoría de Familia de Montevideo […] y que brinda asistencia con carácter permanente a todos los demás Defensores Públicos del país a quienes se les solicita patrocinio por alguna de las partes del proceso”, dice. Asimismo, se señala que el proceso de restitución internacional implica la participación de varios operadores del sistema de justicia, quienes cumplen su rol con independencia, cuya actuación puede ser controlada por las otras partes en base a la normativa procesal, y que Uruguay “es el único país que tiene a la Defensa Pública actuando gratuitamente al servicio de estos asuntos, y en amparo de todos los involucrados”. Por todo lo anterior, “esta Asociación valora positivamente la especialización y el ejercicio que realizan los Defensores Públicos en la materia jurídica que nos ocupa, y rechaza cualquier injerencia de grupos sociales que coliden con la independencia técnica, generando desinformación sobre el tema mediante la intervención constante a través de los medios de comunicación”.