Reunión Vázquez-Amado: el voto 50 está cerca

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se metió de lleno en el debate sobre la Rendición de Cuentas. Este martes, el mandatario recibió en la residencia de Suárez y Reyes al diputado colorado Fernando Amado, para intercambiar sobre diversos aspectos y lograr acuerdos para alcanzar el necesario “voto 50”, que el Frente Amplio (FA) negocia en varios frentes. En este marco, Vázquez y Amado acordaron en promover un redireccionamiento del gasto para la educación. En particular, coincidieron en que había que darle un rol más importante a los directores de los centros educativos. Para esto, se buscará brindarle apoyo y un mayor respaldo en su gestión y buscar mecanismos para compensarlos económicamente de acuerdo a la jerarquía y responsabilidad que este cargo conlleva. En este caso, el aumento para los directores sería de entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales, que se financiará mediante una racionalización de los recursos y el reordenamiento del gasto. Se están afinando los números, dijo Amado, en diálogo con la prensa. Asimismo, también se acordó la creación de 1.000 cargos de auxiliares, un incremento de 90 millones de pesos para la UTEC, para el Ineed y para efectuar un nuevo censo en Secundaria. Más allá de esto, Amado aclaró que este arreglo “no implica que se vote todo”, por lo que el FA deberá buscar otras alianzas para aprobar diferentes propuestas. Por ejemplo, “no votamos más impuestos ni la tasa consular, tampoco los impuestos en los juegos de azar, porque entendemos que no es bueno y que las máquinas irregulares había que suprimirlas, porque sino es cosa de país bananero”, enfatizó Amado. Dijo que su negativa a votar los impuestos a los juegos de azar es “por convicción”. “Para nosotros lo que hay que hacer es gravar el impuesto a la herencia y al gran capital. Eso ya lo dijimos en la reunión con el presidente del Frente Amplio”, dijo Amado. Amado también garantizó su voto para el polémico artículo 15 de la Rendición de Cuentas, que permite al Poder Ejecutivo postergar el pago de los juicios en su contra, pero con una prevención previa del gasto. “Es parte de una preocupación legítima de que el Estado, no el gobierno, tiene que tener la potestad de, reconociendo sus deudas -reconociendo que las va a pagar-, poder, en base al interés general, programar esos pagos. El Estado puede reprogramarlas pero dándole garantías a los damnificados, […] con intereses. Que sepan cuando van a cobrar y que no pierda valor económico la deuda”, afirmó.