Robando para la corona

Un pedido de informes del diputado Daniel Placeres destapó una olla insólita. El legislador del MPP pidió al Banco República (BROU) un informe sobre el uso de las tarjetas de crédito corporativas en la entidad desde el año 2000 a 2016, lo que, en rigor, incluye dos períodos muy claramente diferenciados: el período que va entre 2000 y 2005, sin reglamentación de uso, bajo el gobierno nacional de Jorge Batlle, y el período entre 2006 y 2016, durante gestiones del Frente Amplio (FA), ya con la reglamentación de uso aprobada en 2005 en el primer directorio del BROU conducido por la izquierda. El contenido del informe fue revelado por el semanario Búsqueda en su última edición y demuestra que los miembros del último directorio de composición blanca y colorada hizo uso y abuso de las tarjetas corporativas durante toda su gestión, realizando compras en rubros tan inexplicables como joyería, licorería, cuchillería, supermercados, bazares, galerías, viveros, free shops y confiterías, entre otros. En el informe se desglosan los gastos de los directores por rubro, monto y fecha. Así surge que la sanguinettista Milka Barbato hizo nueve compras entre bazares, florerías y shopping; el otro director colorado, Daniel Cairo, hizo 35 compras, pero los que realmente se van de madre son los directores blancos Carlos Rodríguez Labruna, con 134 operaciones, y el exsecretario de la presidencia de Luis Alberto Lacalle, que concretó 181, entre ellas, 50 retiros de adelantos en efectivo a un ritmo de uno por mes e incluso más. En un reportaje radial realizado por el equipo periodístico que conduce Gabriel Pereyra en radio Sarandí, y para el asombro de los entrevistadores, el doctor Pablo García Pintos reconoció que los adelantos en efectivo que hizo con la tarjeta institucional tenían como destino las “arcas” del partido y respondían a las exigencias del mismo. Era “una obligación que tenía para contribuir al partido”, dijo García Pintos, que, como si estuviera rememorando un apriete mafioso, recuerda que en un momento el “partido  exigió una cantidad de dinero mayor”. Pablo García Pintos está refiriéndose al Partido Nacional (PN), y su Honorable Directorio, durante todo ese período, estaba al mando del expresidente Luis Alberto Lacalle. García Pintos fue secretario de Presidencia entre 1990 y 1995, desde el primero al último día de gobierno del líder del herrerismo, y es evidente que sólo Lacalle tenía la autoridad para “exigirle” y “obligarle” a ese goteo de robos descarados para la corona, sobre todo cuando nadie en el PN va a reconocer que hubiese alguna decisión del directorio en ese sentido. Atando cabos, es indudable que García Pintos robaba por orden de Lacalle. Pongámoslo de otro modo: retiraba adelantos en efectivo de una tarjeta institucional del BROU para entregarlos en la casa del PN a su presidente. Todo, seguramente, sin recibo alguno. Pero así como García Pintos hacía esto, él mismo sostiene que era una práctica común, conocida y aceptada por todo el directorio blanco y colorado. Cierto es que no aparece en el informe que ninguno de los otros directores incurriera en el mismo estropicio, pero es improbable que García Pintos fuera el único director del ente que realizaba este tipo contribuciones con dineros del Estado a su partido o a su jefe político, como diezmos para una iglesia o para un rey. Quizá estos delitos hayan prescripto. Pero le haría bien a este país conocer más sobre las prácticas que tuvieron durante años los que ahora se rasgan las vestiduras con los gastos que hizo con su tarjeta corporativa Raúl Sendic. Es interesante leer el pedido de procesamiento emitido por el fiscal Luis Pacheco. En su dictamen, el fiscal solicita el procesamiento sin prisión de Sendic y los directores por abuso de funciones e incluso peculado, pero tanto en el dictamen como en declaraciones, por ejemplo al semanario Búsqueda, afirma que luego de levantar el secreto bancario de Sendic y allegados o posibles testaferros, concluye que no se llevó un peso para su casa ni utilizó dinero mal habido para financiar la campaña de su proyecto político. En suma, que Sendic incurrió en actos que el considera irregulares, que pueden ser comprendidos en el delito muy discutido de abuso innominado de funciones, pero no observa ni estafa, ni conjunción del interés público con el privado, ni enriquecimiento ilícito ni uso de recursos para financiamiento político. Raúl Sendic debió renunciar a la vicepresidencia  tras descubrirse los gastos que había realizado con la tarjeta corporativa y no pudo rendir apropiadamente. No obstante, el pedido de informes de Daniel Placeres revela que hubo un tiempo en el que la práctica de usar fondos del Estado para el financiamiento ilegal de partidos políticos era aceptado por todos, y con todos se refiere a los jerarcas blancos y colorados, y que era una obligación de estos jerarcas, sometidos a la disciplina contributiva que, cada tanto, les exigía más y más. Insaciables. Es imposible que el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional entre 1999 y 2004 no estuviera enterado. Sobre todo, porque es imposible que no fuera él quien daba la orden.