Sanguinetti, Lacalle y los robos para la corona

El tema de la corrupción ha sido poco menos que dominante en nuestro país en los últimos tiempos. En particular, en los últimos años se le utilizó como arma política contra el Frente Amplio (FA) en un ataque mediático masivo jamás visto antes. Y, además, se lo hizo con especial ferocidad y sin demasiada rigurosidad. De un día para otro, descubrimos que con bastante disimulo, hasta hoy mismo, los intendentes blancos acomodaban hasta a los bisnietos en la plantilla de la comuna, que con un solemne cinismo amenazaban con bautizar a una calle de Cerro Largo con el nombre de la vedette más casquivana de Buenos Aires y que el combustible de toda la flota comunal se cargaba en la estación de nafta del máximo jerarca municipal de Soriano. Unos meses antes de esta fulminante sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos, el cambio Nelson de Sanabria y Capote se fue a pique en Punta del Este y dejó más muertos que una guerra. Por supuesto, todos los difuntos bien vestidos a la moda, como corresponde a la elegancia de  nuestro principal balneario. El estallido del negocio financiero clandestino y sus numerosas víctimas, las inocentes, las culpables y las culposas, complicaron al intendente blanco Enrique Antía y a figuras relevantes del Partido Colorado (PC), como su secretario general Germán Cardoso. Ambos todavía se están sacudiendo las telarañas de la importante red de negocios sucios. Dos meses después, el hermanastro del expresidente Sanguinetti fue enjuiciado en Andorra por lavar las coimas de Odebrecht y me temo que aún permanecerá en la cárcel un tiempito mas. Días previos a la semana de turismo, entre domas, vacaciones y huevos de Pascua, salta una vieja historia en 100 capítulos, que trata sobre las tarjetas corporativas. La misma es una interminable saga, llena de misterios, que nos lleva, dos décadas atrás, de la Corporación Nacional para el Desarrollo al Banco República, y en la que florecen los inculpados blancos y colorados. De esta serie elegimos cuatro personajes: Daniel Cairo, Milka Barbato, Pablo García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, todos están vivos, creo que todos son  profesionales universitarios y me temo que todos desempeñaron alguna vez la profesión de recaudadores al servicio de la corona. Y escondidos detrás de ellos, siempre ocultos entre las bambalinas, estaban los personajes que dirigían, redactaban el libreto y cobraban en la boletería: Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle de Herrera. Esto sí que recién empieza. Aunque el debate sobre corrupción y el uso de ella en la disputa de los partidos de la oposición para desplazar al FA del gobierno es un hecho difícil de controvertir, algunos dirigentes blancos, que sabemos dignos y honestos, insisten en esta pantomima que ve la paja en el ojo ajeno y no recuerda que la viga se le incrustó mil veces en el ojo propio. Es verdad que puede haber conductas condenables en cualquier gobierno y faltas a la ética que deben criticarse quienquiera que sea el infractor, pertenezca al partido político al que pertenezca y detente el cargo que desempeñe. Pero parece evidente que hay mucho humo  y que este no se condice con la magnitud de la hoguera, ni con la realidad ni con los informes de instituciones internacionales que miden los índices de la corrupción y la transparencia a nivel internacional. Por el contrario, parece haber muchísimo teatro y para evaluar la magnitud de la novela bastaría con recordar algunos hechos de la historia reciente, particularmente los 20 años en que el gobierno fue desempeñado por blancos y colorados luego de terminado el ciclo dictatorial. Es verdad, también, que han pasado muchos años y que muchos de los dirigentes de los partidos tradicionales o han perdido de la memoria o nada tuvieron que ver con toda la corrupción de los años 90, en que gobernaron Lacalle y Sanguinetti. Incluyo en esta consideración y los exonero de toda responsabilidad a algunos muy destacados, como Larrañaga, Eber Da Rosa, Verónica Alonso, Álvaro Delgado, Carlos Enciso, Adrián Peña o Fernando Amado. Su mayor responsabilidad es hacerse los amnésicos, olvidando que su partido fue el instrumento que usaron hace veinte años para el saqueo de nuestro país y pretendiendo hacer un juicio ético sobre García Pintos en el Partido Nacional o Francisco Sanabria en el Partido Colorado como si fueran una solitaria mosca perdida en la leche. Todas las investigaciones conducen, al igual que los recuerdos, a los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. Pretender que ellos no tenían ninguna responsabilidad es una verdadera infamia. El exhaustivo informe del Banco República (BROU) a la Cámara de Representantes sobre el uso abusivo (claramente antiético y probablemente ilegal) de las tarjetas corporativas acusa a directores blanquicolorados del BROU: Daniel Cairo (expresidente) y Milka Barbato (expresidenta y exvicepresidenta de la CND), Pablo García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, este último, exdirector de la CND y del BROU. Casi nadie se acuerda de ello, pero como los personajes que están en la cartelera son los mismos, o sus parientes mas cercanos o sus lugartenientes más destacados, vale recordar el pasado para evitar que algunas cosas se repitan el futuro. La presencia conjunta y reiterada de los abogados Milka Barbato, hoy gran empresaria de agencias de intermediación, taxis y otros rubros, y Carlos Rodríguez Labruna, une los escándalos de la CND y el BROU, que terminaron fundidos tras sus gestiones. Desde que estalló el escándalo del uso abusivo de las tarjetas corporativas del BROU, a raíz del pedido de informes del diputado del MPP Daniel Placeres, los grandes medios han tratado de cargar toda la culpa en el herrerista Pablo García Pintos y por ende tapar rápidamente el episodio. Pero las tarjetas corporativas del BROU son la punta de un gigantesco iceberg que a medida que buscamos en la hondura revela las oscuras maniobras en la CND y el desastre financiero que casi lleva a la quiebra al BROU en el año 2004, dos instituciones que quedaron fundidas en sus patrimonios bajo la dirección de colorados y blancos, así como otras muchas dependencias estatales, como el Banco Hipotecario. Estos directores deberían responder, penal, civil y administrativamente ante el BROU, no sólo devolviendo los dineros mal habidos y todos los dineros usados en beneficio personal, aumentando sus patrimonios, sino también ante sus colegios profesionales (que deberían expulsarlos si utilizaron indebidamente sus investiduras), ante la Justicia -porque podría haberse violado el derecho público con figuras como “apropiación indebida” o “defraudación”- y ante los partidos Colorado y Nacional si es que estos se respetaran en algo como instituciones políticas y, sobre todo, respetaran a sus mayores y fundadores. Caras y Caretas recopila los documentos oficiales de ambos escándalos, unidos por la presencia de contadores y abogados que respondían a Sanguinetti y Lacalle, que son los verdaderos jefes de sus respectivos partidos y que me temo que tienen mucha responsabilidad en esta suerte de asociación criminal. Quieren tapar el cielo con un harnero, pero tienen mucho para explicar.   La Corporación Nacional para el Desarrollo Entre el 1º de marzo de 1990 y el 1º de marzo de 2000, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) fue concebida por Wilson Ferreira Aldunate como un instrumento de reconstrucción de la economía nacional (que salió de la dictadura completamente desarticulada) para que recuperara su vitalidad mediante una entidad de fomento y desarrollo dirigido sobre todo a las micro y pequeñas empresas. La idea fue combatida por Sanguinetti, hasta que finalmente la CND fue aprobada por el Parlamento. Se creó tarde, mal y descapitalizada, pero durante el segundo gobierno de Sanguinetti (1995-2000), cuando se vio que su carácter de “persona de derecho público no estatal”  le permitía utilizar y hacer fácilmente usos indebidos de los dineros públicos (teniendo solamente que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas), las cosas se fueron de su cauce. El “dúo dinámico”, formado por la colorada Milka Barbato y el blanco Carlos Rodríguez Labruna, que luego siguieron juntos en el directorio del BROU durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), se dedicó a utilizarla de diversas formas y sin presentar sus balances al Tribunal de Cuentas en toda su prolongada gestión. La gestión de la CND fue indagada por una comisión investigadora parlamentaria convocada por el diputado Pablo Mieres, la cual, tras numerosas actuaciones, emitió un Informe de Conclusiones muy terminante en lo ético y en lo jurídico que fue aprobado por la Cámara de Diputados (con la sola excepción del PC) y envió sus resultados a la Justicia. A esos documentos nos remitiremos, teniendo en cuenta, además, que tanto la CND como el BROU terminaron con sus patrimonios seriamente comprometidos después de estas gestiones.   Las actuaciones del Parlamento El Parlamento, representante del Soberano, fue la institución que más rápida y eficientemente actuó para analizar y juzgar las responsabilidades en las que incurrieron ciudadanos uruguayos en los procesos que causaron la crisis del año 2002 y escándalos financieros conexos, como el de la CND, que por entonces conmovió a la opinión pública. En octubre de 2002 se constituyó en la Cámara de Representantes la Comisión Investigadora del Sistema Financiero, cuyo miembro denunciante fue el entonces diputado Víctor Rossi (Encuentro Progresista, Alianza Progresista, Lista 738); y en noviembre del mismo año, ocurrió lo propio con la Comisión Investigadora sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), cuyo miembro denunciante era el diputado Pablo Mieres (Partido Independiente, PI). En ambos casos, las comisiones trabajaron al amparo de la Constitución y las leyes, citando a decenas de testigos y emitiendo dictámenes con sus conclusiones. Los mismos, con condenas directas y repletos de documentación respaldatoria, fueron aprobados por la Cámara de Diputados (en ambos casos sin los votos del PC) y los antecedentes, pasados a la Justicia, que aún no se ha expedido. Saque el lector sus conclusiones.   Los trabajos y las condenas de las dos comisiones El jueves 1º de abril de 2003, con el apoyo de 66% de los diputados presentes, la Cámara de Representantes envió a la Justicia Penal las conclusiones a que arribó la Comisión Investigadora del Sistema Financiero que comenzó sus trabajos en octubre de 2002. La moción, que se adjunta, fue apoyada por las bancadas del Encuentro Progresista/Frente Amplio, el Nuevo Espacio, el PN y el PI y no fue votada por la del PC, colectividad que consideró que todo estaba bien. Además, el EP/FA manifestó entonces que si llegaba al gobierno, impulsaría “acciones judiciales en la esfera civil contra el patrimonio privado de los representantes del Poder Ejecutivo que resulten responsables de las decisiones adoptadas” durante la crisis que devastó nuestro sistema financiero. La resolución asigna “responsabilidad política” a las autoridades económicas de los años 2001 y 2002, encabezadas por el contador Alberto Bensión; y “responsabilidad administrativa” al directorio del BCU, integrado por el César Rodríguez Batlle, Eva Holz y Rosario Medero, por las fallas en los controles de las instituciones financieras y las “excepciones” otorgadas a instituciones como los bancos de Montevideo, de Crédito y Comercial. También se impulsó una norma adicional por la que se reclamaba al Parlamento que deje de regir el secreto bancario para los depósitos bancarios. Tras la crisis de 2002, el BROU, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros y la CND terminaron sus gestiones con sus patrimonios seriamente afectados, resultado de las malas decisiones y malas acciones que refiere el Informe de la Comisión Investigadora del Sistema Financiero. El 13 de abril de 2004, en sesión histórica, la Cámara de Representantes aprobó, con el respaldo de legisladores del EP/FA, el Nuevo Espacio, el PI y algunos legisladores blancos (55 votos contra 19, no la votó el Partido Colorado), pasar a la Justicia la documentación recopilada por la Comisión Investigadora sobre la gestión de la CND referida a Migranja SA, actividades “presuntamente delictivas” en programas de apoyo a micro y pequeñas empresas, y verificó “la existencia de situaciones de responsabilidad administrativa previstas en el artículo 119 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) en decisiones del Directorio de la CND de la época” (presidido por Milka Barbato, dirigente del Foro Batllista, e integrado por Julio Gemelli, Servando Arrillaga, Carlos Rodríguez Labruna y Ángel Alegre, tres colorados y dos blancos) “referidas en el informe de la Comisión Investigadora con respecto a las inversiones en Trimma SA, Cedetex SA, Pig Uruguay SA, Southern Cross Timber y Canalmar SA”. La Cámara de Representantes declaró que “el funcionamiento de la CND se apartó en múltiples oportunidades de sus objetivos originales relacionados con la promoción del desarrollo nacional, desnaturalizando el sentido original de este instrumento, transformándolo, en muchos casos, en un mecanismo de salvataje de empresas y empresarios que eran inviables”. Así culminaron los intensos trabajos de nuestros legisladores acerca de asuntos como la crisis financiera que devastó al país o el mal funcionamiento de instituciones de desarrollo, que van mucho más allá de su propia significación cuantitativa, por enorme que sea. La crisis financiera, largamente anunciada y muy mal manejada, terminó con el mito de “Uruguay-plaza financiera”, que defendían blancos y colorados, que fue el buque insignia de sus gobiernos y nos endeudó en miles de millones de dólares, derivando hacia el desastre de 2002, que enriqueció a pocos y sufrió y pagó el pueblo uruguayo. La crisis de la CND, y luego la de otras instituciones lideradas por el BROU, dejaron sin patrimonio ni prestigio, y con pérdidas de millones de dólares, a instituciones que tenían o deberían tener roles vitales en el desarrollo del país. En ambos casos, más allá de los cuantiosos montos involucrados y de las pérdidas que sufrieron el país y la sociedad, estuvieron en juego los valores de nuestra sociedad. Los valores de honradez, integridad moral, manejo sano de la cuestión pública, respeto a los ciudadanos y preservación del patrimonio nacional, que son el sustento de la convivencia democrática.   El dictamen sobre la investigación a la CND La Comisión Investigadora solicitada por el Diputado Pablo Mieres e integrada por representantes de los cuatro partidos trabajó durante 17 meses y produjo tres informes, entre los cuales destaca el firmado por el EP/FA y el PI, que condensó su tareas en 122 páginas, llegando a numerosas conclusiones que hizo suyas la Cámara de Representantes en la moción votada el 13 de abril. En dicho informe se señala, entre muchas otras cosas, que “los US$ 104 millones que integraron el patrimonio de la Corporación se han perdido prácticamente en su  totalidad”, y que “si se constituyeran previsiones por incobrabilidad […], la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría un patrimonio negativo de más de US$ 6 millones de dólares”. Agrega que con los frigoríficos el Estado perdió US$ 61 millones, con El Mago SA, la CND perdió más de US$ 13 millones y que “la pérdida total para el Estado uruguayo de su participación en Migranja asciende a la suma de US$ 22 millones”. “En todos los casos mencionados existen elementos más que suficientes como para establecer que podría asignarse responsabilidad por mala administración al Directorio y el Gerente General de la CND que actuaron durante el período 1995 a 1999”. Respecto de la mala gestión llevada a cabo por las autoridades de la CND, el informe señala que “es posible detectar algunas constantes en la gestión de la CND con respecto a sus inversiones en empresas productivas. En primer lugar, la ausencia o debilidad de los estudios técnicos previos a la decisión de invertir; en segundo término, la falta de correspondencia entre las previsiones formuladas sobre la evolución económico financiera de los emprendimientos y su desempeño efectivo posterior; la gestión de la CND está plagada de pronósticos fracasados sobre la evolución de los emprendimientos en los que invirtió; en tercer lugar, la adjudicación al socio privado de la dirección de la gestión empresarial y una fuerte desconexión de la CND respecto de su control; en cuarto lugar, en aquellas empresas en las que la CND tuvo la gestión directa sufrió importantes pérdidas, como por ejemplo en el caso El Mago SA; en quinto lugar, la omisión de exigir el cumplimiento de la cláusula de obligación de recompra de su participación, situación en la que además se incurrió en incumplimientos de contratos en donde ello estaba estipulado (esto es claro en el caso Migranja); en sexto término, la omisión de ejecutar las garantías previstas en su beneficio y finalmente la insuficiencia o no aplicación de los mecanismos de control público de las inversiones de CND. Estas siete características demuestran la falta de garantías que rodeó la actuación de la CND en las decisiones de uso de los recursos públicos que manejaba”. Así de terminantes y fundamentadas son las conclusiones. También se señala, en relación a los préstamos a micro y pequeñas empresas, que “específicamente dentro del Programa Corporación, que alcanzó en dos años (1998 y 1999) un monto total de colocaciones de casi US$ 13 millones, el Banco de Crédito (ex-BPA) concentró la mayoría de los préstamos por un monto de US$ 9 millones, cifra que representó 70% de los préstamos otorgados […] la morosidad registrada en el Banco de Crédito, notoriamente elevada y muy por encima de los promedios registrados en las líneas de crédito del Programa BID MyPe, demuestra que existió una política de concentración profundamente equivocada por parte de la CND. Pero, además, en la medida que la CND se convierte en accionista mayoritario del Banco de Crédito en diciembre de 1998, el impacto de la morosidad de este banco impacta sobre el propio organismo o, debido a la cláusula de no afectación patrimonial, sobre el propio Estado, que es, en definitiva, el responsable final por el resultado financiero de dicho banco […] De modo que, notoriamente, la gestión de este programa a cargo del Banco Pan de Azúcar en 1998 y, posteriormente, a cargo del Banco de Crédito en 1999, ha sido altamente insatisfactoria, sin embargo, ello no impidió que la CND concentrara los créditos en dicho banco”.   Cómo debería seguir esta historia Es de nuestro conocimiento que se está preparando un nuevo pedido de informes que esta vez se cursará a la CND y que pedirá datos sobre viajes, monto de los viáticos pagados (y comprobará si además de ellos, se cubrían también con fondos públicos gastos de hotel, comidas y personales que debían ser cubiertos por estos), y numerosas cuestiones de conocimiento público, como si es cierto que dos directores viajaron a un seminario que se realizó durante un mes en Estados Unidos, al que no concurrieron por no saber ni una palabra de inglés y que costó decenas de miles de dólares. Será ilustrativo ver esas rendiciones de cuenta, si existen. Veremos cuánto le costaron al país personajes como “la topadora del Foro” o “el rey de la milanesa y el whisky”. Pero ahora debe actuar la Justicia: deben comparecer, acusados por algún fiscal u otra autoridad competente de oficio, estos cuatro personajes, dirigentes políticos y profesionales universitarios que utilizaron los fondos del BROU en joyerías, catering, retiros en efectivo, compras de combustible en Punta del Este, duty free shops, licorerías y comidas en los más lujosos restaurantes (o bien 12 milanesas todos los fines de semana, cuando tenían sueldos principescos), y responder por los eventuales delitos cometidos. Hay que averiguar en qué juzgado y por quién o quiénes fueron enterrados los expedientes y las actuaciones que se formalizaron a raíz de las denuncias del Parlamento, aprobadas por mayoría, por el FA y el PN. Deben actuar también el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores, expulsándolos si se comprueban los hechos. Y deberían actuar el partido de Fructuoso Rivera y José Batlle y Ordóñez y el de Manuel Oribe y Wilson Ferreira Aldunate, expulsándolos de sus respectivas colectividades. Veremos qué pasa, y quiénes son los “catones” y los “guapos” que ahora actúan. El Partido Colorado y el Partido Nacional tienen la palabra.