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Santiago Maldonado, un crimen de Estado

El gobierno de Mauricio Macri modificó la doctrina de seguridad interior casi con mano militar, de facto; lo hizo cuando empezó a justificar y promover los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad, la doctrina Patricia Bullrich: primero disparar y luego dar explicaciones o buscar las pruebas para justificar la ejecución.

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Por Sebastián Premici   El ensayo comenzó el 31 de julio del año pasado cuando desde el Ministerio de Seguridad le ordenaron a dichas fuerzas -como la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)- avanzar por sobre las jurisdicciones de los jueces para reprimir. “Nosotros no tenemos que dar las pruebas, en todo caso será el juez quien las busque”, dijo la ministra Bullrich unos meses después. La nueva doctrina de seguridad interior quedó inaugurada en Argentina el 1º de agosto de 2017, cuando la GNA cumplió las órdenes del Poder Ejecutivo y arremetió, con una represión ilegal, contra una comunidad mapuche de la Patagonia (Pu Lof en Resistencia Cushamen), que terminó en la desaparición forzada seguida de muerte del joven anarquista Santiago Maldonado. Lo que ocurrió hace un año fue un crimen de Estado. El libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado (Acercándonos Ediciones, 2018) fue escrito por este periodista a partir de una profunda investigación -urgente también- que pretende visibilizar lo indecible: la impunidad como rasgo distintivo de una alianza gobernante que debe responder exclusivamente a los intereses económicos que la sostienen, en la que la tan mentada seguridad jurídica es rubricada en el Ministerio de Seguridad con balas de tinta putrefacta. La Patagonia argentina huele a muerte. Escenario de una cacería. Esta investigación periodística está construida a partir de un minucioso análisis de los dos expedientes principales vinculados a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado: el habeas corpus (expediente 8233/17) y la causa penal por su desaparición forzada (8232/17). El recorrido incluyó la lectura de miles de fojas repasadas hasta el cansancio, documentos anexados a dichos expedientes, como por ejemplo los archivos surgidos de los discos rígidos de las áreas de inteligencia de la GNA, secuencias de fotos y videos claves para reconstruir la cacería dentro de la Pu Lof; las declaraciones testimoniales de los gendarmes grabadas en video y las declaraciones de los mapuches que tuvieron el coraje de narrar los hechos del 1º de agosto. Para concretar sus planes, Macri colocó a dos de sus funcionarios -la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete de esa cartera, Pablo Noceti- como los ideólogos o los instrumentadores de la nueva Doctrina de Seguridad Interior con base en los pueblos originarios pero que no se agota ahí. Dicha doctrina obedece a un mandato de Estados Unidos que en 2005 determinó que el indigenismo estaba dentro de las “nuevas amenazas” a las democracias. Esto arrancó con los mapuches, pero no se detendrá ahí. Para legitimar el nuevo paradigma en el que todos somos potenciales amenazas tuvieron que construir un enemigo interno. Para ello se valieron de empresarios de la Patagonia quienes pidieron a gritos una mayor represión como forma de garantizarles su “seguridad jurídica”. Inventaron supuestos atentados de organizaciones guerrilleras para avanzar en esta doctrina y fraguaron causas judiciales con pruebas falsas. Es, como diría el pensador Noam Chomsky, una eliminación de la democracia por goteo. El presidente Mauricio Macri y la mayoría de sus funcionarios -casta social mafiosa con asiento en la casa de gobierno- detestan la democracia por más que digan lo contrario o hayan accedido al gobierno por la vía electoral (legalidad fraguada). A un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿es casual que Macri haya anunciado hace unos días la intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior? Todo tiene que ver con todo. Otra pregunta que debería aquejarnos es la siguiente: con la nueva doctrina militar, ¿Macri también avanzará en la construcción de estas “nuevas amenazas” como hizo con los pueblos originarios de la Patagonia? No debería extrañarnos que a partir de ahora aparezca algún posible atentado en alguna zona de frontera o sobre alguna central eléctrica (activo estratégico) para justificar la nueva incursión de las Fuerzas Armadas. La doctrina de seguridad interior impuesta desde la desaparición forzada y muerte de Maldonado carece de lineamientos claros: cualquiera podría caer en sus definiciones, por eso todos estamos en peligro. ¿Pasará lo mismo con la nueva doctrina militar? Lamentablemente, habría que esperar lo peor y mucho más. Nada bueno ni democrático anida en el macrismo. Nada.   Una cacería Lo que sucedió con Santiago Maldonado desde el día de su desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo en el río Chubut, y los meses posteriores, es la huella de cómo el Estado colocó a las fuerzas de seguridad al servicio de esos intereses económicos, los mismos que colocaron a la “ceocracia” en la Casa Rosada, llámense Benetton, Lewis (británico dueño de activos energéticos) o Braun (familia tradicional de Argentina beneficiada con la matanza de indios hacia fines del siglo XIX). La investigación plasmada en el libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado desmonta las operaciones autoritarias desplegadas por el macrismo y las áreas de inteligencia de la GNA, como por ejemplo el espionaje ilegal a familiares de Santiago u organismos de derechos humanos. “Abatidos en combate, fuego cruzado durante un enfrentamiento, cayeron cuando se producía una fuga. En un enfrentamiento eliminaron a un extremista”. La prensa canalla siempre estuvo al servicio de los miserables, llámense dictadores, gobiernos conservadores o de derecha. La figura del “abatido en combate” era utilizada durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) para calmar las conciencias de una parte de la sociedad que por acción u omisión terminó siendo cómplice de los crímenes que sucedían a diario. Cuarenta años después, la historia no se repite ni como farsa ni mucho menos. Todo lo contrario. La historia se retuerce en su crueldad profunda. La definición de una “democracia de baja intensidad” ya no alcanza para describir la etapa histórica que fue iniciada el 10 de diciembre de 2015. Tampoco basta con realizar un parangón lineal con la última dictadura, por más que los integrantes de la casta social mafiosa que hoy ocupa el gobierno sean los hijos de ese terrorismo de Estado. Son algo peor. Gozan de una “legalidad fraguada” (pero legalidad al fin) otorgada por los votos, que es leída por las autoridades nacionales y provinciales como una carta blanca para avanzar sobre los derechos y garantías de diversos sectores sociales. Es también una “legalidad o normalidad fraguada” que blanden para generar desocupación, pobreza, endeudamiento extremo, también para reprimir, estigmatizar, perseguir opositores o militantes sociales. “Ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante. La negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual en los crímenes de Estado”, sostuvo Eugenio Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde un primer momento, el gobierno negó a Santiago Maldonado. Negó su participación en el corte de la Ruta Nacional 40 y lo catalogó prácticamente de terrorista. Esa negación fue su primera desaparición. Lo desapareció la ministra Patricia Bullrich cuando lo vinculó a una supuesta organización guerrillera inexistente (la RAM) y también cuando insinuó que podría estar en otro lugar del país. Lo desapareció el exjuez de la causa penal Guido Otranto cuando confesó que Maldonado no sólo era buscado en el río Chubut, sino que estaba enterrado en el propio territorio mapuche. A Santiago lo desaparecieron cada vez que injuriaron el apellido Maldonado. Lo desaparecieron cada vez que negaron sistemáticamente su presencia dentro de la Pu Lof. Lo hicieron a sabiendas de que había estado allí porque contaban con las imágenes tomadas por la propia Gendarmería, que lo ubicaban con vida a las 11.32 del 1º de agosto, segundos antes del inicio de la cacería que lo empujó a su muerte. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado fue el resultado de una planificación estatal, la construcción de un enemigo interno con ayuda de los sectores económicos concentrados de la Patagonia, como las sociedades rurales de Esquel, Bariloche y Neuquén. ¿Cuánto le debe el actual gobierno argentino a los grupos económicos que lo llevaron al poder para sostener con tanta vehemencia esta reinstalación de una doctrina de seguridad interior? Lo que está en juego con la construcción de la figura de “enemigos públicos” y “terroristas” no son solamente los pueblos originarios sino todos los actores sociales y políticos que osen manifestarse en contra de la alianza Cambiemos y sus intereses económicos en juego. El mensaje implícito es “podemos hacer con ustedes lo que queramos”. Este libro es la historia de un crimen de Estado. A Santiago Maldonado lo desaparecerán nuevamente si se permite que su rostro deje de interpelar al conjunto de la sociedad. Si desaparecen su gesto solidario, habrán vencido los apropiadores de riquezas, los gerentes que hoy ocupan un lugar en el gobierno nacional, esa casta social mafiosa llamada Cambiemos, los poderosos de siempre. Ante tanta mentira planificada y desinformación, la mejor herramienta es la búsqueda de la verdad y la justicia. Ese es el principal temor de los infames que hoy ocupan un sillón en la Casa Rosada.   El libro puede adquirirse en su formato digital a través de la plataforma www.culturaesintegracion.com.ar.  

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