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Una reducción del Presupuesto público se verá reflejada en la disminución de servicios que el Estado debe brindar y, si esa merma se pretende hacer sobre el número de empleados, el abatimiento del déficit fiscal sería mínimo, explicó Scavarelli.
El titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil defendió el rol que cumple el funcionario público uruguayo y subrayó que en las áreas en las que más se han reforzado los recursos humanos en los últimos años son en educación, salud y seguridad pública, como respuesta al reclamo nacional.
Al cierre del ejercicio 2018 se verificó que 4.600 empleados públicos se encuentran con causal jubilatoria, agregó.
A su entender, se debe ser muy prudente cuando se hace ese tipo de afirmaciones, porque es un gravísimo error pensar que haya alguna posibilidad de abatimiento sustantivo del déficit fiscal bajando la cantidad de funcionarios estatales.
Ese escenario no sería posible “ni aun cuando se quisiera pasar a una concepción absolutamente neoliberal, en la cual el Estado no participara en la prestación de servicios básicos», concluyó Scavarelli.