La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso el inicio de un sumario administrativo con separación del cargo del juez de Paz, Santiago Lorenzo, procesado con prisión por delitos de hurto, falsificación o alteración de documento público y peculado, en relación a diversos ilícitos constatados en la gestión de su Sede. La jueza Letrada de Florida de 1º Turno, Annabel Gatto de Souza dispuso el enjuiciamiento de Lorenzo, titular del Juzgado de Paz de la Segunda Sección Judicial de Florida (Fray Marcos), tras considerar probado –al menos prima facie- que se apoderó de un expediente judicial en provecho propio. La indagatoria judicial determinó que, encontrándose en licencia médica, Lorenzo se apoderó de de un billete apócrifo que había en un expediente y lo utilizó con fines personales. La denuncia fue presentada por la jueza subrogante, quien detectó las irregularidades que podían involucra a su colega. Durante esta investigación, se determinó que el magistrado también se había apoderado de una moto que pertenecía al Poder Judicial para utilizar en beneficio propio. En este marco, la Corte decidió adoptar las medidas disciplinarias contra el magistrado y dispuso el inicio de un sumario administrativo con separación del cargo y la retención del 50% de los haberes durante el período de la investigación. El sumario estará a cargo de la jueza Letrado de Paso de los Toros, Mercedes Reyes de Salterain. El sumario puede culminar con la destitución del magistrado. Jueces probos El presidente de la Corte, Jorge Chediak, lamentó la situación generada con Lorenzo, pero reiteró la honestidad de los magistrados del Poder Judicial. “Siempre hemos reivindicado y reivindicamos la probidad del universo de los 500 magistrados uruguayos. […] Pero siempre hay un caso puntual que es la excepción de la regla”, expresó Chediak a Caras y Caretas Portal. En este sentido, Chediak recordó que este no es el primer caso que involucra al magistrado. Meses atrás, Lorenzo emitió una resolución contra la periodista Estela Apollonia en la que le prohibía recibir denuncias sobre la Policía, la policlínica y el juzgado de Villa del Carmen “so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e injurias”. Por este motivo, la Corte inició una investigación administrativa que culminó con una sanción contra Lorenzo, que implicó el descenso de categoría y su designación al frente del Juzgado de Paz de Fray Marcos -de Segunda Categoría-. Además, la Corte tiene en trámite otro proceso administrativo contra Lorenzo en virtud de algunas “inconductas” en el desempeño de su cargo. Por otro lado, el magistrado es investigado por la Justicia Penal en Montevideo por la elaboración de resoluciones judiciales apócrifas, en las que falsificó la firma de un colega (el juez Silvestre Barreda), en el marco de un sonado litigio de restitución internacional de una menor de edad. La Corte tiene a estudio una contienda de competencia entre dos Juzgados de Montevideo.
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