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Se rematarán 3.500 hectáreas pertenecientes a Aratirí

Uruguay Libre de Megaminería emitió un comunicado en el que da cuenta de las contradicciones entre el discurso de las autoridades que defendieron el proyecto minero y el de la firma rematadora de los terrenos que le fueron asignados a Aratirí.

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El movimiento ecologista Uruguay Libre de Megaminería emitió un comunicado en el que señalan que el 7 de junio “se rematarán judicialmente en Montevideo 3.508 hectáreas de campos pertenecientes a la minera Aratirí en los departamentos de Durazno y Florida por la decisión de sus acreedores de ejecutar las hipotecas contraídas por la minera como garantía de préstamos que no fueron devueltos”. “Estos campos que la minera para justificarse llegó a definir como ‘improductivos’ ahora son presentados como ‘buenos campos ganaderos con destacada aptitud forestal’ y de ‘fácil acceso’ por la firma rematadora que cumplirá con el decreto del Juzgado en lo Civil de 15 turno, según la ficha 2-15752-2016”, reza el comunicado. En este sentido, la organización da cuenta de discursos contradictorios entre las autoridades que en su momento defendieron el proyecto de megaminería a cielo abierto y la rematadora de los terrenos. Los primeros defendían entonces que la “productividad (de estos campos) es inferior a la media nacional”. Sin embargo la rematadora hoy dice que son terrenos productivos con valor histórico, ya que en ellos se encuentran los retos de una casa del fundador del Partido Nacional y segundo presidente de la República, Manuel Oribe. En el remate no se incluyen todas las tierras que en su momento adquirió Aratirí en la zona (un total de nueve mil hectáreas). Entre ellas estarán la planta de concentración del mineral y el lago de desechos, en Durazno, junto con los cuatro cráteres del sector sur, en Florida. En el comunicado también señalan que la minera enfrenta varios juicios por incumplimiento de sus obligaciones con productores de la zona y con sus mismos trabajadores. “De haberse llevado a cabo ese proyecto, que solo constituía un negocio circunstancial para una firma con sede en un paraíso fiscal sin antecedentes mineros, los perjuicios habrían sido mayores”, concluye el comunicado.

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