Finalmente el Parlamento aprobó definitivamente la reforma del proceso penal, donde se establecen algunos cambios al sistema que entró en vigencia en noviembre del año pasado.
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Esta reforma da mayor respaldo legal y flexibilidad a la actuación policial y establece que los fiscales deben pedir la prisión preventiva para reiterantes y reincidentes por delitos gravísimos.
También se incluyen una serie de modificaciones al proceso abreviado, excluyéndose del mismo la aplicación de la libertad anticipada y las libertades vigiladas.
Por su parte el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se presentó ante la Comisión de Constitución de Diputados para explicar aspectos del proceso y aclarar dudas, aunque la reforma ya había sido votada en Diputados la semana pasada y aprobada por el Senado este miércoles.
En declaraciones a la prensa, Díaz dijo que el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo fue mejorado en el trámite parlamentario.
El fiscal general indicó que las diferencias entre fiscales, Policía y Poder Judicial se deben gestionar dentro de la institucionalidad.
En su visita al Parlamento, Díaz informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia la situación de Uruguay con respecto a los presos sin condena y la aplicación de la prisión preventiva.
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