Senado argentino buscará sancionar la ley de emergencia alimentaria

El Senado se apresta a sancionar este miércoles la ley de emergencia alimentaria en una sesión especial.

Jornada de movilizaciones en Argentina por la emergencia alimentaria

Dicha sesión tendrá como telón de fondo un acuerdo político entre todas las bancadas para evitar discursos polémicos y altisonantes que puedan exacerbar a los movimientos sociales que vienen ganando la calle en las últimas semanas.

La reunión está citada para las 14 y según el consenso arribado entre los bloques de la Cámara alta, la idea es realizar una “sesión tranquila”. Esto se traduciría en la intervención de dos representantes por cada fuerza con representación legislativa.

Tal como ocurrió en la Cámara de Diputados la semana pasada, el proyecto será respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición, por lo que se espera que sea sancionado por unanimidad.

La iniciativa aprobada por la Cámara baja extiende la emergencia, en vigencia desde 2002, hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece un incremento mínimo del 50% de las partidas correspondientes a planes alimentarios y de nutrición contempladas en el presupuesto vigente.

Según cifras de un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento en un 50% de esas partidas podría llegar a los $10.000 millones si se toma como base el presupuesto alimentario ejecutado hasta el 31 de agosto último.

Si el cálculo se hace sobre los montos presupuestados y aún no ejecutados, los fondos que deberán reasignarse ascenderían a algo más de $4000 millones.

El texto faculta al Poder Ejecutivo a realizar reasignación de partidas, pero también habilita la posibilidad de una ampliación presupuestaria, lo cual implicaría un incremento del gasto público.

Más allá de los discursos públicos, el debate de la emergencia alimentaria se convirtió en un tema incómodo para todos los sectores políticos del Congreso, pero en particular para el peronismo en el Senado.

Hasta que el bloque kirchnerista empezó a agitar el tema en la Cámara baja, el acuerdo entre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el bloque peronista que conduce el cordobés Caserio implicaba eludir las sesiones hasta después de la elección de octubre. La razón: evitar cualquier tipo de desborde que pudiera perjudicar la marcha triunfal del PJ hacia la Casa Rosada.

Sin embargo, el tema tomó vida propia con el accionar de grupos piqueteros en las calles y tornó imposible detener el trámite legislativo de un proyecto que había sido pensado para azuzar al Gobierno.

“Esto lo impulsaron los sectores más duros del kirchnerismo con los movimientos sociales; una vez que arrancó, ya no lo pudieron parar”, se lamentó ante este diario un senador peronista con terminal en las oficinas de Fernández en la calle México.

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