Como un evento histórico, ha sido calificado la decisión del Senado de México que retira el fuero al presidente.
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La decisión, señala RT, permitirá que “desde ahora los mandatarios podrán ser juzgados por corrupción”.
«Es un evento histórico», expresó el senador oficialista, Ricardo Monreal, quien no dudó en calificar el nuevo dictamen del Senado, como un paso para «enterrar la impunidad y la corrupción».
La iniciativa, hoy promulgada ha sido criticada desde las filas opositoras, bajo el argumento de que “la iniciativa del Ejecutivo representa la ampliación del catálogo de los delitos por los que puede ser juzgado un mandatario, y consideran que no significa la eliminación del fuero presidencial”, consigna RT.
Damián Zepeda, senador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), “criticó que, en una hipotética acusación contra el presidente, le correspondería juzgar al Senado en primera instancia y que, en este momento, el oficialista Morena cuenta con la mayoría en la cámara alta”.
El dictamen, fue aprobado con 89 votos a favor y 23 en contra e incluye los delitos electorales dentro de las modificaciones constitucionales.
“El Pleno de la cámara alta aprobó en lo general y particular el dictamen constitucional para quitar el fuero presidencial por hechos de corrupción y delitos electorales”, informa el medio de prensa quien agrega que ahora la reforma “sobre el fuero será enviada a los Congresos locales para que, una vez que sea aprobada en al menos 17 Parlamentos, sea ratificada en la Constitución”.
RT recuerda que ya el pasado 2 de septiembre, la Cámara de Diputados había aprobado “la iniciativa sobre el retiro del fuero a los mandatarios, que fue enviada previamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha justificado la propuesta ante la «la deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder».
Hasta la modificación introducida y según el artículo 108 de la Constitución, los presidentes mexicanos solo podrían ser juzgados en el ejercicio de sus funciones, por traición a la patria y delitos graves del orden común.
La reforma aprobada por el Senado mexicano permite agregar a las causales de enjuiciamiento a los mandatarios los delitos electorales, actos de corrupción y aquellos por los que podría ser procesado cualquier ciudadano.
“Los senadores modificaron el artículo 108 para fijar que el presidente deberá comparecer previamente ante el Senado, en caso de un hipotético juicio” concluye señalando la información de RT.