Señales contrapuestas: UPM y el “efecto Temer”

El presidente Tabaré Vázquez (que se puso al hombro la tarea y salió a concretarla recorriendo el mundo y enfrentando resistencias de todo tipo y origen) anunció nuevamente que es un hecho la construcción de la segunda planta de UPM, y ya se dan los pasos concretos para las construcciones de apoyo. A raíz de este emprendimiento, el banco BBVA estimó que en 2018 el PIB crecerá en el entorno de 3% (aumentó 1,5% en 2016, acumulando 14 años de crecimiento ininterrumpido), en tanto prevé que la economía se incremente 1,9% en 2017, mientras que la previsión oficial es de 2%. El motor principal será la demanda interna, fundamentalmente el consumo privado. Según la economista Adriana Haring de BBVA Research, “el piso [de dicho pronóstico de expansión para 2017] es bastante conservador”. El ministro de Economía, Danilo Astori, señaló que estima un crecimiento de entre 2% y 3% para este año, dependiendo de lo que resulte de la próxima Rendición de Cuentas. La previsión ha sido señalada como “conservadora” por parte de observadores calificados como la consultora Deloitte, que prevé un aumento de 2,4% en 2017. La economista Florencia Carriquiry señaló que “aguardamos un crecimiento mayor porque hay que tener en cuenta el cierre de la refinería de Ancap”. De lo contrario, Deloitte esperaría un aumento de la actividad de entre 2,5% y 3%. Explican que hay un efecto arrastre de 1,5% mejorado por 0,5% de la temporada turística y las buenas expectativas agropecuarias. Muchos observadores señalan que la posición “cautelosa” del gobierno responde a su conocida táctica frente al aluvión de demandas propias de toda discusión de Rendición de Cuentas, debidamente fundamentada en las turbulencias que actualmente se viven en Estados Unidos (el “efecto Trump”) y, sobre todo, en Brasil y Argentina. Debe señalarse que ambos países devalúan sus monedas nacionales sin pausa, en tanto que nuestro país mantiene el tipo de cambio todo lo que puede, perdiendo competitividad. A estos factores, el discurso del ministro Astori puede agregar el de la incertidumbre en China, que pese a sus triunfos en política internacional (que en buena medida se deben a los vacíos que deja la fuga de la presencia estadounidense debido a Donald Trump) sigue teniendo serios problemas en su banca, en su medioambiente y en sus recursos humanos. Hay coincidencia en que la inflación se mantendrá en el rango meta fijado por el Banco Central de 3% a 7%, sobre todo teniendo en cuenta que la medición del INE a abril se situó en 6,46%. Carriquiry destacó que si el dólar permanece “planchado” y cierra el año cercano a $ 30, la inflación estaría incluso por debajo de 7%. Sin embargo, los observadores dudan del cumplimiento de la meta de bajar el déficit a 3,3% en 2017 y 2,5% en 2019, teniendo en cuenta que se ubica en 3,8% en los 12 meses a marzo, y el déficit se eleva históricamente en los años electorales. El lunes 29, el ministro Astori, tras el Consejo de Ministros, afirmó que se debe tener “mucho cuidado” en materia fiscal y que la reducción del déficit es “fundamental” para el crecimiento económico. Astori remarcó la decisión gubernamental de equilibrar el endeudamiento del país. Carriquiry sostuvo que “es bien desafiante para el gobierno lograr cerrar este año con un déficit menor a 3,5%”. Sin embargo, todos señalan que no hay riesgo de perder el grado de inversión. Precisamente el martes 30, el MEF informó que la agencia Standard & Poor’s mejoró la perspectiva de la calificación de riesgo de la deuda uruguaya, que pasó de “negativa” a “estable”. La calificación para el endeudamiento en moneda extranjera a largo plazo se mantuvo en “BBB”. El informe de S&P señala que, pese a las dificultades de la región, la economía uruguaya exhibió resiliencia y creció en 2016, destaca la consolidación fiscal y la disminución del déficit, aunque oportunamente, como siempre, afirma que “la perspectiva estable refleja nuestra opinión de que un mejor panorama permitirá amortiguar riesgos de impactos negativos y de que el gobierno implementará políticas correctivas oportunas para la consolidación fiscal”, ayudando al ministro a atemperar los reclamos en la Rendición de Cuentas. El informe prevé un crecimiento de 2% en 2017 y 2,5% en 2018. Uruguay efectivamente ha demostrado estar “desacoplado” de las tendencias económicas de nuestros dos grandes vecinos, excepto en lo que tiene que ver con la apreciación del tipo de cambio. Según los informes correspondientes del Instituto Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron en 2015 US$ 8.967 millones, implicando una reducción de 11,6%, en relación a 2014 (la primera caída desde 2009, en el apogeo de la crisis económica global); y fueron de US$ 8.301 millones en 2016, registrando una caída de 7,3% en relación a 2015, lo que totaliza una caída de 19,75% (casi una quinta parte) en dos años. Según el informe del organismo oficial a abril –el último disponible al cierre de esta edición–, “en el acumulado del año las exportaciones uruguayas registraron un crecimiento de 9,3%, totalizando US$ 647 millones. Esto confirma la tendencia del primer trimestre de 2017, consolidando la recuperación de las ventas externas uruguayas”. Las señales macroeconómicas son, pues, auspiciosas para la economía uruguaya y muy exitosas si se las compara con los resultados de Argentina y Brasil. Las notas discordantes están dadas por el aumento de la tasa de desempleo, que llegó a 9% de la población económicamente activa (por primera vez en casi una década, perdiéndose 20.100 puestos de trabajo en el promedio del primer trimestre del año con relación a igual período de 2016), y la continuación del cierre de empresas productivas nacionales como el caso emblemático de Fumaya, que recuerda a Motociclo. Ambas pasan de producir bienes nacionales y venderlos en el exterior a importar, o sea, a  comprar trabajo extranjero. Ambos fenómenos se atribuyen a la política monetaria contractiva que ha logrado éxito en reducir la inflación.   La reforma de la discordia El gran tema de la economía (y la política) ha pasado a ser la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocida popularmente como Caja Militar), cuyo proyecto de ley ingresó al Parlamente el viernes 26 de mayo. Los puntos centrales de la misma son: se aumenta la edad para jubilarse a 60 años; se incrementan los aportes que hacen los militares de 13% a 15% y se topea la jubilación máxima, que sería ahora de $ 101.108. También se elimina la situación actual en la que los militares se jubilan con un grado superior al que poseen y que el pago de la jubilación sea el último salario. La reforma no afecta a los ya retirados y establece tres grupos de funcionarios militares y civiles equiparados en actividad. Los que tienen 20 años o más de servicio no tendrán cambios en las condiciones actuales; los que tienen entre diez y 19 años quedan en un régimen de transición; y a los que tienen menos de diez años de servicio se les aplicará la totalidad de las nuevas disposiciones. El retiro voluntario, que hoy se puede hacer con 20 años de servicio y 38 años de edad, pasa a ser de 60 años de edad y 30 de trabajo; el retiro obligatorio pasará de diez años a 22 de servicio, en el caso de los subalternos, y 25 años en los grados superiores. También se reduce la tasa de reemplazo. Asimismo se modifican las bonificaciones en el retiro. El criterio de “un año por dos” se reemplazará por el de “seis por cinco”, considerando “las particularidades de la actividad militar como la permanente disponibilidad ante situaciones para las que se los convocare”. Las mujeres reciben el cómputo de un año de servicio por cada hijo. En el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas se incorporará a delegados de los ministerios de Economía y Trabajo y el Ministerio de Defensa deberá remitir una memoria anual con los estados, balances y servicios complementarios, documentación de la que hasta ahora no se dispone. Se aplicará durante 18 meses un impuesto transitorio sobre las jubilaciones militares, que recaudaría US$ 40 millones mensuales, menos de 10% del déficit de la Caja. Esta reforma, que fue calificada como “necesaria, razonable, posible y gradual” por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, es objeto de intensas discusiones políticas. Se ha señalado que los militares ganan hoy más en situación de retiro que en actividad. La relación entre activos y pasivos en la Caja Militar es mala: por cada aportante activo hay dos jubilados, y ello provoca un déficit de US$ 450 millones; existen pasividades de hasta $ 200.000 mensuales.   Las propuestas del Pit-Cnt y del FA El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, anunció un paro el próximo 21 de junio, que tiene que ver con lo presupuestal, pero también con la mejora en la calidad del trabajo de los uruguayos”. Afirmó que el último informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte “coloca en la discusión nacional un tema sustancial como es el dilema presupuestal, ya que plantea cómo cubrir aquellos gastos sociales que Uruguay considera imprescindibles para tener un país de progreso”. El documento afirma que “la única forma que encuentra el movimiento sindical para reforzar los gastos sociales es gravando a quienes tienen más. Por eso se plantean propuestas que tienen en cuenta aumentar el Impuesto al Patrimonio, el IRAE, entre otras”. Es oportuno recordar que, según un estudio de la DGI, los empresarios evaden el IRAE en una proporción de 44,5%. Por su parte, el Frente Amplio analiza propuestas para modificar la ley de inversiones, bajar el mínimo no imponible del Impuesto al Patrimonio al sector agropecuario, examinar cuidadosamente las exoneraciones y otros cambios. Un documento elaborado por la Comisión de Programa del Frente Amplio plantea la creación de un impuesto a las herencias, volver la tasa del IRAE de 25% a 30% y cobrar IVA a los juegos de azar.