Según el documento, la sanción “violenta principios constitucionales fundamentales como la libertad de expresión, y envía un mensaje disciplinante a quienes desde la función pública realizan una tarea comprometida por la prevención y combate de la violencia de género, y la violencia hacia las infancias y adolescencias”.
Las organizaciones instaron al actual ministro del Interior a actuar “con mayor celeridad” y revocar una medida que, aseguran, penaliza a quien se atrevió a visibilizar una problemática estructural. “La negación de los problemas estructurales y la sanción de aquellos que los visibilizan potencia un siniestro círculo de complicidades”, advirtieron.
Además, defendieron el derecho de Tuana a realizar expresiones públicas sobre estas temáticas, al considerar que “constituyen una crítica pública imprescindible para avanzar en políticas públicas efectivas de protección y reparación de las infancias y adolescencias violentadas/vulneradas”.
El abogado Rodrigo Rey, defensor de la trabajadora social y activista feminista Andrea Tuana, dijo a Caras y Caretas que se encuentran evaluando otro tipo de presentaciones del caso, como por ejemplo, ante la Institucion Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por la vulneración a la garantía de la libertad de expresión. "Esperamos que prontamente el ministro [Carlos] Negro revoque la sanción porque no existe otra conducta posible por parte de la administración".
Organizaciones sociales firmantes
El comunicado cuenta con la adhesión de la Asociación Civil Radio Vilardevoz, ADASU, CIPPUS, El Abrojo, El Paso, FUCVAM, Fundacion Centro de Educación Popular, Gramin, Gurises Unidos, Luna Nueva, PIAs - Plataforma Infancias y Adolescencias, Servicio Paz y Justicia - SERPAJ Uruguay, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual Vida y Educación, Visión Nocturna.
