"La privatización de UTE reduciría a la empresa pública a un mero transmisor y distribuidor de energía, comprometiendo la inversión pública en energías renovables y la capacidad soberana de Uruguay en la gestión energética", afirmó.
Por su parte Gonzalo Castelgrande resaltó que este proceso de privatización no se trata de retirar la empresa pública, sino de ponerla al servicio de garantizar la rentabilidad del capital privado. Advirtió que se está perdiendo el control y el poder de compra de UTE, lo que se traducirá en pérdidas millonarias para la empresa estatal y, finalmente, en un aumento de las tarifas para los usuarios residenciales y pequeños negocios.
"La privatización actual no busca retirar la empresa pública, sino ponerla al servicio de garantizar la rentabilidad del capital privado. Esto genera una competencia desigual y podría aumentar las tarifas para los usuarios cautivos", expresó.
En respuesta a la interrogante de Leandro Grille sobre por qué un generador privado puede ofrecer un precio mejor que UTE a un gran consumidor, Fernanda Cardona explicó que los avances tecnológicos han permitido que los generadores privados instalen tecnologías más baratas, como la energía solar y eólica. Además, el cambio de matriz energética y la complementariedad de fuentes contribuyeron a bajar el precio promedio de la generación.
En este sentido Roberto Chiazzaro subrayó la falta de análisis de impacto del decreto y cómo este cambia fundamentalmente el sistema eléctrico. Mencionó que el gobierno no consideró adecuadamente las consecuencias para los consumidores cautivos y la empresa pública. También señaló que la reducción de peajes a los generadores privados incrementa la competitividad desleal en el mercado.
"La privatización de UTE carece de análisis de impacto y podría transferir costos a consumidores cautivos y aumentar tarifas. La falta de evaluación rigurosa podría perjudicar la empresa pública y los consumidores finales", enfatizó Chiazzaro.
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