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MANTENER PUESTOS DE TRABAJO

Sunca reclama mayor inversión pública

Al Sunca le preocupa mantener los puestos de trabajo en la industria por lo que entiende necesario una mayor inversión pública, en particular en el área de la vivienda.

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Sindicato de la construcción (Sunca) reclama un aumento de la inversión pública para mantener los puestos de trabajo en el sector. Así lo explicó su secretario general, Daniel Diverio, quién cuestionó los recortes en la inversión para vivienda.

“En el Día de la Construcción escuchábamos lo que decía el ministro de Transporte y Obras Públicas en cuanto a la inversión que se hará en infraestructura el año próximo y lo que nos dice ese informe, que da el ministro, es que confirma lo que decíamos: que tenemos una gran dificultad en la construcción para poder mantener los puestos de trabajo”, explicó.

En este sentido recordó que en este momento hay en el sector una meseta de entre 40.000 a 42.000 trabajadores, pero que se trata de una “consecuencia de obras que vienen del período anterior, como UPM, el Ferrocarril Central o el Puerto de Montevideo”.

Lo que se advierte desde el Sunca es “un recorte muy duro en vivienda, en lo que tiene que ver con empresas públicas e inversión pública. Eso hace que casi el 40% de los trabajadores de la construcción que están afectados a obras públicas tengan riesgo de poder mantener su puesto de trabajo”.

“Por eso nuestra mayor preocupación es que a partir de 2023 pueda haber una caída pronunciada de los puestos de trabajo y, por lo que sé, sin inversión pública muy difícil de sostener”, subrayó.

“Eso para nosotros es la situación más compleja”, sentenció.

Además, el sindicato está abocado, “al igual que todo el campo popular, con un objetivo claro que tiene que ver con la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), lo que nos va a permitir tener un escenario distinto para avanzar en algunos planteos”.

En cuanto a la posibilidad de revertir, o al menos paliar la situación señalada, Diverio recordó que “hay varias cosas para revertir. Primero, frenar la privatización de la fábrica cementera de Ancap. Eso hace que 250 trabajadores que hoy están con incertidumbre y lo que nos plantea el presidente de Ancap es que no se pueden garantizar los puestos de trabajo de esos compañeros porque son tercerizados”.

Segundo, “la situación de los peajes donde siempre se habló que iba a haber una reconversión para las compañeras antes de la automatización por ahora tenemos a 75 trabajadoras que no tienen claro cual va a ser su destino”.

 

Inversión pública

“Pensamos que tiene que haber una fuerte inversión pública en el área de vivienda”, sostuvo Diverio, y advirtió que el ministro anunció algunas inversiones en obras de infraestructura, “pero debemos tener claro que las obras de vialidad e infraestructura son las que menos mano de obra ocupan, mucha maquinaria”.

Por eso “exigimos una mayor inversión en vivienda. Hay cierto despegue en la inversión privada, pero eso está lejos de poder cubrir la caída que vamos a tener”.

No obstante precisó que “en materia de vivienda en 2019 hubo una inversión de US$ 300 millones y este baño hay una inversión de 180 millones. Hubo una caída importante. En Mevir, en particular, hubo un recorte de un 30%. Eso va a hacer que no solamente algunos miles de usuarios de Mevir, que justamente son los sectores más carenciados del campo, sino que esas obras se hacen zonas alejadas de las ciudades y un grupo de compañeros de las zonas de mayor desocupación tienen trabajo por un tiempo”.

Opinó que se trata de un “tema complejo y ni que hablar con la caída de la inversión pública que el año pasado fue de entre un 18% y 19%, y ahora con la Rendición de Cuentas se está profundizando. Por eso seguimos insistiendo en mantener los puestos de trabajo, no solo en la construcción porque por cada puesto directo hay uno o dos indirectos. Justamente se necesita apostar a la inversión pública como generadora de empleo. No la precarización como se propone ahora, porque se dice que bajó la desocupación, pero hay 15.000 puestos que son los jornales solidarios que se cuentan como trabajadores ocupados. Estamos viendo que hay una gran desregulación, una gran precarización, y eso es peligroso”.

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