El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, afirmó que la aplicación del Código Aduanero, cuya entrada en vigencia esta prevista para el próximo 1º de marzo, requiere un refuerzo presupuestal de 20,8 millones de pesos para el Poder Judicial, ya que de lo contrario podría colapsar el funcionamiento de los Juzgados de Paz Departamentales en todo el interior. Pérez Manrique, que este lunes 1º de febrero asumirá la presidencia del máximo órgano del Poder Judicial, dijo que es “imperiosa” la necesidad de otorgar este refuerzo presupuestal, y que de lo contrario se debería prorrogar la entrada en vigencia de la norma. “En este contexto, si no tenemos los fondos (para aplicar el Código), hay que prorrogarlo”, afirmó Pérez Manrique, en diálogo con Caras y Caretas Portal. La Ley 19.726, “Código Aduanero”, estableció los nuevos marcos legales referidos a infracciones a las normas aduaneros. Entre sus artículos, la norma estableció que “los asuntos jurisdiccionales cuya cuantía no exceda la suma de 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas) se sustanciarán en instancia única ante los Juzgados de Paz Departamentales competentes en el interior de la República y el Juzgado Letrado de Aduana en los departamentos de Canelones y de Montevideo”. De esta forma, la norma dispuso la judicialización de “todo los contenciosos aduaneros”, incluso los de menor cuantía, los cuales serán de competencia de los Juzgados de Paz. “Todas aquellas cosas que se tramitaban en la Aduana por su monto, hoy pasan a tramitarse judicialmente. Todo lo que sea una infracción aduanera, desde lo que a una persona le sacan en el Aeropuerto porque lo trajo de un viaje y no correspondía, hasta el gran contrabando, está judicializado”, explicó Pérez Manrique. En este marco, tras un acuerdo alcanzado entre la Suprema Corte, la Fiscalía de Corte (hoy Fiscalía General de la Nación) y la propia Aduana, el Parlamento aprobó la Ley 19.322, por la cual se prorrogó la entrada en vigencia de esta norma hasta el 1º de marzo de 2016. Ante esto, la Corte necesita recursos extras, para que este asunto no explote a partir de esa fecha, dijo Pérez Manrique. El magistrado señaló que en las zonas de frontera existe un gran volumen de expedientes de índole aduanero, que pasarán a ser atendido por los Juzgados de Paz Departamentales. Por ejemplo, “en Rivera se habla de más de 2.000 expedientes; en Paysandú de unos 6.000 expedientes”. “Los Juzgados de Paz Departamentales, que no tienen estructura para soportar ese volumen de trabajo, porque nunca tuvieron esa carga de trabajo, van a estar absolutamente desbordados”, expresó. “Si tenemos en cuenta que los Juzgados de Paz Departamentales del interior están con una carga de trabajo importante a raíz de la Ley de Faltas -que es algo que el legislador le comisionó-, y se le suma esta nueva carga de trabajo, el sistema colapsa. Y lo más importante, temas tales como las conciliaciones previas a los juicios, el juzgamiento de faltas, registros civiles y todas las causas de monto bajo, se van a ser severamente restringidas en su funcionamiento”, afimó. Por este motivo, “es imperiosa la suma de 20,8 millones de pesos”. “Se necesitan para reforzar las dotaciones de los Juzgados de Paz y crear algunos Juzgados de Paz en el interior y un Juzgado de Aduanas en Montevideo, para poder cumplir con estas exigencias (…) Sino tenemos estos fondos este Código Aduanero va a encontrar serias dificultades de aplicación”, agregó. Pérez Manrique explicó que, a raíz del Presupuesto asignado al Poder Judicial, la Corte no cuenta con el dinero necesario para hacer frente a esta erogación, por lo que se requiere que el Poder Ejecutivo otorgue un refuerzo presupuestal. De lo contrario, dijo que debería pensarse en aprobar una nueva prórroga para la entrada en vigencia de la norma: “En este contexto, si no tenemos los fondos hay que prorrogarlo”.
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