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Solicitará la creación de cinco cargos

Suprema Corte reclamará implementar sistema de doble juez

La ministra María Elena Martínez aseguró, este viernes, que se hará “todo lo posible” para que este sistema se incorpore al nuevo Código del Proceso Penal.

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitará al Parlamento la creación de cinco cargos de jueces, para poder implementar el sistema de doble juez y promover una aplicación plena de los preceptos del Código del Proceso Penal (CPP). Así lo afirmó este viernes la ministra de la Corte, María Elena Martínez, durante un seminario organizado por la Asociación de Magistrados del Uruguay. El sistema de doble juez era una de las disposiciones prevista en el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP). La propuesta establecía una distinción entre un juez de garantía y un juez del plenario. Esta separación procuraba que el magistrado que debía resolver la imputación penal no esté contaminada por sus resoluciones anteriores. Pero, en diciembre de 2014, el Parlamento aprobó la reforma del CPP sin incorporar el sistema de doble juez. El asunto parecía quedar saldado, pero la proximidad de la entrada en vigencia del nuevo proceso penal implicó un re-análisis de todo el sistema. Una Comisión Interinstitucional conformada por el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación planteó la necesidad de consagrar este sistema. El artículo 6 del proyecto plantea: “El Juez que intervenga en la etapa preliminar deberá ser distinto al Juez que conozca del caso en la audiencia de juicio”. La consagración de este sistema fue una de las propuestas del Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), un organismo internacional que asesoró a la Comisión Interinstitucional. En este contexto, los catedráticos Gonzalo Fernández y Gabriel Valentín plantearon la necesidad de consagrar el sistema de doble juez, de forma de otorgar mayores garantías al proceso penal. Los catedráticos, junto a los abogados chilenos Jaime Arellano y Cristian Riego (integrantes del CEJA), debatían sobre la posibilidad de diligenciar pruebas en la audiencia de formalización -la audiencia previa al inicio del juicio penal- para dictar la prisión preventiva. Valentin argumentó que era necesario que se abriera la instancia de prueba, porque de lo contrario los jueces podrían disponer la privación de libertad de una persona sólo en base a los argumentos que aporte la Fiscalía. En tanto, Fernández afirmó que autorizar el diligenciamiento de prueba en esa audiencia sería “la muerte del CPP”, porque el sistema no preveía la existencia de un juez de garantía. “En la redacción originaria del CPP el juez que dictaba la prisión preventiva quedaba inhibido” de intervenir en el juicio penal, recordó Fernández. Y señaló que el sistema de doble juez sería relevante para incrementar las garantías. Valentín compartió este punto. Dijo que un “defecto sustancial” del código es que un mismo juez estará a cargo de la audiencia de formalización y del juicio penal y recordó que las distintas cátedras de Derecho plantearon este asunto ante los legisladores, “pero no los pudimos convencer”. El sistema de doble juez se podría hacer con los recursos que existen; eso “sería el cambio de eje fundamental, que nos acercaría a la disposición constitucional”, dijo Valentin. Los abogados chilenos Arellano y Riego, así cómo los jueces, fiscales y defensores públicos que intervinieron del debate, compartieron la necesidad de que se apruebe el sistema de doble juez para incrementar las garantías procesales. Ante esto, la ministra Martínez afirmó que la Corte está de acuerdo con la creación de este sistema y trabaja para concretarlo. “Vamos a hacer todo lo posible para que (el sistema de doble juez) se incorpore al Código”, dijo Martínez. El problema radica en que existen varias jurisdicciones dónde hay un sólo magistrado con competencia penal, pero que un análisis efectuado por la Corte establece que sólo se necesita crear cinco cargos de jueces para aplicar este sistema en todo el país. Sin embargo, la ministra aclaró que la Corte también trabaja en un “Plan B” ante la posibilidad de que no se puedan obtener los recursos económicos, lo que implica transformar diversos cargos. “Prometo que vamos a hacer el esfuerzo para convencer (a los legisladores), para que esto se incorpore como una garantía más”, concluyó la ministra. En diálogo con Caras y Caretas Portal, Martínez dijo que la Corte tiene previsto solicitar audiencia en el Parlamento para plantear esta situación.

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