Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Columna destacada |

Tanto en tan poco

Por Enrique Ortega Salinas.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

“Si no somos capaces de asegurar una vida digna y decorosa a tres millones de orientales, lo dije antes y lo repito hoy: somos unos criminales”.

Wilson Ferreira Aldunate

 

Uruguay tiene 19 departamentos. ¿Qué probabilidad existe de que sea casual que los únicos tres con intendencias frenteamplistas queden en último lugar para recibir las vacunas? ¿Cuáles son las probabilidades de que las esposas de dos alcaldes de Cerro Largo sean sorteadas para los jornales solidarios? ¿Cuánto gana un alcalde en Cerro Largo para que su familia viva en estado de extrema necesidad?

Afortunadamente, desde Hacienda alguien dijo: “Relajo; pero con orden” e hicieron renunciar a las afortunadas ganadoras. Debe haber sido la misma frase la que le dijo Luis Lacalle Pou al director de la OPP cuando se descubrieron los “alfipapers”.

 

Bustillo embretado

La política exterior continúa a los tumbos; no por culpa del canciller, que es un profesional; sino porque tiene que dar la cara por cada capricho del presidente. Mientras por las calles de Colombia corren ríos de sangre, el gobierno uruguayo mira para otra parte. En la misma semana en que el gobierno de Iván Duque (títere de Álvaro Uribe) recrudece la represión, Lacalle Pou saca una declaración condenando al gobierno de Venezuela, mientras que su padre biológico, Luis Alberto Lacalle, y su padre putativo, Julio María Sanguinetti, firman una declaración junto a otros expresidentes de derecha, contra El Salvador; pero tampoco dicen ni una palabra sobre Colombia.

El presidente llama al primer ministro israelí para ponerse a su favor en lugar de respetar a la colectividad palestina de nuestro país, mostrarse imparcial y convocar al diálogo. No contento con este acto extremo de genuflexión, Uruguay vota en contra en la ONU la moción de enviar una comisión investigadora a la zona en conflicto para determinar posibles violaciones a los derechos humanos. Murieron casi 70 niñas y niños, dos de ellos eran de Israel y el resto de Palestina; pero Luis no quiere que se investigue nada. Es coherente, tampoco quiso nunca que se investigara a policías, militares y civiles que cometieron abusos durante la dictadura.

Dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué Israel y Uruguay no quieren que se investigue lo sucedido? En política exterior estamos pisoteando el estilo uruguayo por el cual se nos llegó a respetar en todo el mundo. Que no invitara a presidentes de izquierda a su asunción ya marcó, desde el primer día, la ceguera ideológica y los caprichos del nene rico y rencoroso devenido presidente. Tal como afirma Juan Raúl Ferreira: “El único presidente visitado en su propio país por nuestro jefe de Estado y su canciller: Bolsonaro de Brasil. Primer viaje del ministro de Relaciones Exteriores: a ver al gobierno republicano de EEUU, semanas antes de que perdiera las elecciones. Gobierno que, por cierto, terminó con intentos subversivos de romper la tradición electoral de aquel país”.

 

Y no paran de abrir la boca

Parece que las experiencias de Beatriz Argimón, Irene Moreira y Enrique Montagno no han servido de advertencia para los multicolores, que continúan diciendo barbaridades sin pensar.

Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi. Manifestó, en el programa radial Ruta 21, que en el sorteo de Jornales Solidarios de la intendencia, se inscribieron personas trans, afrodescendientes, gente con discapacidad y «normales». ¡¿Perdóoon?!

Concejal nacionalista Omar Freire. Durante la sesión del Municipio de Maldonado, la concejal Irene Gonçalvez estaba reclamando que la IDM cumpliera con el mandato legal de contemplar el cupo para personas trans (1%), personas discapacitadas (4%) y personas negras (8%) cuando fue interrumpida por el concejal nacionalista, a quien le salió del alma la frase: “Es que los negros no quieren trabajar”.

Que lo dijera Freire, que no es precisamente caucásico o albino, dio lugar a varios rumores sarcásticos. Pensar que hace unos días el Frente Amplio hizo renunciar al edil de Rocha Nilson Portugal por escribir: “Todos los días me pregunto, hermana, qué tan equivocado estaba Hitler”. Esto es lo mismo; pero veamos cómo termina.

Las frases del intendente de Soriano y el concejal fernandino reflejan fielmente el verdadero sentir de los nacionalistas. Es por ello que desde el diario El País y tiendas multicolores se ha lanzado una andanada de críticas y calumnias contra el movimiento sindical. Semana tras semana se les criminaliza por defender los derechos de los trabajadores. Le exigen al Pit-Cnt personería jurídica; pero no se la piden a las fundaciones a las que contratan desoyendo al Tribunal de Cuentas.

 

Ni falta de respeto ni hipocresía

Tampoco es un hecho aislado la politización de la Policía. Cuando murió Jorge Larrañaga guardé silencio, porque en momentos así, hay que priorizar el respeto al dolor de los familiares y dejar de lado las diferencias políticas; pero hay cosas ante las cuales no debemos callar. Que se pintara la frase de campaña de Larrañaga “Hay orden de no aflojar” en la fachada del Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo, y que a un operativo antidrogas se le llamara “Guapo”, atenta contra las disposiciones legales que pretenden tener a la Policía fuera de las expresiones políticas. Hasta Ope Pasquet, con muy buen criterio, se expresó en contra de este abuso.

Mientras tanto, se repite una y otra vez, por todos los medios para convertirlo en verdad, que Larrañaga le dio un gran apoyo a la Policía. Es falso. Él apoyó a los malos policías; no a los otros.

Apoyó al policía que ejecutó a un anciano que si bien tenía un machete, apenas podía moverse; apoyó al policía que aplicó violencia desmedida contra una mujer que hurtó un chocolate y apoyó a los policías que obligaban a borrar filmaciones de celulares, entre muchos otros casos similares. No pudo defender, porque era demasiado, al policía que le mató el perro a un mendigo y lo obligó a ver cómo agonizaba. En junio se enfureció contra la Institución de Derechos Humanos, que condenó el operativo realizado en Malvín Norte. El informe señaló que la Policía incurrió en una acción ilegítima “violando los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza letal y no letal”.

Lo cierto es que los abusos policiales han ido en aumento desde marzo de 2020. Está bien demostrar respeto en una situación tan triste para sus seres queridos; pero adjudicar a su gestión un éxito que no tuvo es ser hipócritas.

No hagamos lo que muchos militantes de la coalición derechista hicieron cuando falleció Tabaré, que festejaron e insultaron hasta hartarse; podemos ser mejores que ellos. Sin embargo, no tenemos por qué callar cuando pretenden instalar una mentira. Apoyar a la Policía es dotarla de mejores equipos, mejorar su situación laboral, tecnología y salarios; y eso lo hizo el Frente Amplio, no el Partido Nacional.

En el 90 por ciento de los países de América los crímenes descendieron, no por la genialidad de sus ministros, sino por efecto de la pandemia, tal como detallamos en nuestra nota “Crimen y castigo”, basándonos en el balance anual de los homicidios, realizado por InSight Crime.

Hace muy pocos años un conocido personaje dijo: “Los partidos tradicionales son los verdaderos responsables de la crisis de seguridad que vivimos. Hay que recordar que esta situación arranca hace muchos años, en épocas de gobierno de blancos y colorados, cuando ellos votaron presupuestos de hambre para la Policía, dejaron caer el funcionamiento del instituto policial, con salarios sumergidos, sin inversión en tecnología, sin inversión en armamento, que crearon el servicio 222, que fue un cáncer para la Policía porque obligó a los policías a trabajar 16 horas diarias, la mitad del tiempo como guardias de seguridad privados, aunque les pagara el Ministerio del Interior. En términos generales, las políticas de seguridad de los partidos tradicionales han sido siempre las mismas”.

Nada que agregar a las palabras de Pablo Mieres, actual Ministro de Trabajo de la coalición gobernante.

Tampoco es un hecho aislado el retroceso de la libertad de expresión en Uruguay. Extraños despidos se vienen dando en empresas privadas de comunicación cuando no se muestran sumisas ante el poder. Un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) señala 49 casos de “amenazas a la libertad de expresión de periodistas”.

La Policía ficha a los trabajadores de AEBU en sus concentraciones, tal como se hacía durante la dictadura, mientras que El País trata de criminales a los sindicalistas. Para los medios públicos Lacalle tiene a Sotelo, quien ya dejó sin trabajo a unas cuarenta personas, y tiene la orden del presidente de “echar a alguno más”.

A los medios opositores los presionan con la pauta publicitaria; solo hay dinero para la prensa amiga. Ni siquiera se pagan las deudas por publicidad ya realizada, caso de Caras y Caretas. Con la nueva ley de medios se dará más poder a los cuasimonopolios reinantes, buscando que los independientes mueran de asfixia. El gobierno retacea el acceso a la información pública y pone el sello de confidencial donde no quiere que se investigue lo más mínimo. Se pretende crear un comité de laicidad para amordazar a los docentes y estudiantes. No se hacen cargo de nada. Manini promete durante la campaña no esconderse detrás de los fueros si lo llama la Justicia; la Justicia lo llama y no hay quien lo saque de atrás de la banca.

El diputado Omar Estévez argumenta a favor de un fondo citrícola que lo beneficia como productor y no pasa nada. Hace subir personas con covid a un colectivo para llevarlos a trabajar y no pasa nada.

La Policía de Canelones balea el vehículo del jefe de Policía y nadie da explicaciones y se dice que el vehículo está en un taller y hay orden de no hablar.

Cae el salario real, aumentan los despidos y la inflación, se realizan descuentos a los funcionarios públicos para el Fondo Covid, pero no se toca a las familias más poderosas del país. El nepotismo está a la orden del día. Varios multicolores sucumben ante la Justicia por abuso de menores y hasta abigeato. Todo se tapa exaltando la figura del presidente, quien disfruta de toda clase de lujos personales con dinero ajeno. Los uruguayos le pagamos peluqueras, niñeras, veterinarios y hasta el surtido del mercado; pero mientras tanto nos hablan de austeridad, se recortan innumerables planes sociales y se politiza al Mides.

Ni el Poder Judicial se salva de las presiones. Cabildo Abierto ha presentado un proyecto de ley para que la Justicia no pueda obligar al gobierno a entregar viviendas.

Se convocó a un grupo de científicos asesores y se lo tiene pintado, ignorando olímpicamente sus indicaciones. Gracias a esta soberbia hoy estamos liderando la tabla de países con más muertes por millón de habitantes.

Tampoco es un hecho aislado el despido de dos maestras por frases y fotos publicadas en sus horas libres en sus redes sociales. Si bien los hechos se dieron en dos colegios privados, el avance de la moral victoriana parece coordinada entre sectores públicos y privados. El presidente se puede mostrar (y me parece bien) en short, mostrando el físico; pero una maestra no se puede mostrar en bikini. Si los padres no quieren que sus hijos vean ciertas cosas, que les controlen sus redes sociales; pero no tenemos derecho a exigir a los docentes lo que no exigimos a otros referentes sociales como ministros, intendentes o legisladores.

Lo sucedido con las maestras escandaliza a la gente bien; pero a esa misma gente bien le importa poco y nada que el exdiputado blanco Edmundo Roselli fuera condenado a diez meses de prisión domiciliaria por libramiento de cuatro cheques sin fondo y nueve violaciones de la Ley de Prendas, dejando un clavo de cerca de cuatro millones de dólares al Banco República. Roselli tuvo suerte: le tocó la misma fiscal que exoneró a Carlos Moreira. Pese a tratarse de delitos que aparejan tres años de penitenciaría, Natalia Charquero acordó con la defensa y Roselli pasará diez meses de arresto domiciliario en su estancia de Flores, y el resto de los 26 meses de condena tendrá un régimen de libertad vigilada, debiendo comunicarse semanalmente con la Policía.

Charquero militó a favor de Luis Lacalle Pou hasta unos meses antes de ser designada fiscal. Ya van dos favores realizados al Partido Nacional en pocos meses; pero, de ser así, ya fueron pagados: tanto el padre como la madre de la fiscal ocupan cargos de confianza otorgados por el gobierno. José Charquero es director de Recursos Humanos de la UTU y Adriana Martínez es la directora del Registro Civil.

Solo el herrerismo es capaz de destruir tanto en tan poco tiempo.

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO