Temer y Trump al borde del juicio político

Donald Trump y Michel Temer, poderosos empresarios, llegaron al poder aupados por tramas de corrupción impugnadas por las Justicias de sus respectivos países. Lo mejor para América Latina sería la rápida caída de Temer, cuya desregulación laboral haría realidad una doctrina que comparten los gobiernos derechistas de la región. La caída de Trump evitaría el fin del Obamacare, la desregulación bancaria, el fin de las políticas económicas expansivas y la intervención de la Reserva Federal: medidas que podrían llevarnos a una nueva Gran Depresión, según afirmó Paul Krugman. Brasil vive la que acaso sea la mayor conmoción de su historia desde el golpe de Estado militar de 1964. El lunes 26 de junio, mientras el poderoso ministro de Hacienda de los gobiernos del PT, Antonio Palocci, era condenado a 12 años de prisión, el Fiscal General de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot, denunció formalmente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) al presidente Michel Temer por los cargos de Obstrucción de la Justicia, Corrupción Pasiva y Organización Criminal, en base a informes propios y de la Policía Federal. Ahora el Congreso y el STF, deberán resolver si apartan a Temer del cargo presidencial, como ocurrió con Dilma Rousseff. Temer se convierte así en el primer presidente de Brasil que será juzgado por crímenes de corrupción. Eso no ocurrió con los dos presidentes anteriormente destituídos, Fernando Collor de Melo en 1992 y Dilma Rousseff en 2016. La denuncia del Fiscal deberá ser votada por al menos dos tercios del Congreso, y la decisión ser refrendada por el STF. Las elecciones generales previstas para 2018 podrían adelantarse como forma de resolver la gravísima crisis política, económica y social que sufre el país. La semana pasada trajo dos buenas noticias a América Latina: el 22 de junio la Comisión de Asuntos Sociales del Senado brasileño rechazó la reforma laboral impulsada por el presidente Michel Temer (que viajó a la Federación Rusa buscando captar inversiones), que prácticamente desregula en su totalidad el mercado de trabajo, llevando a la gran potencia vecina a un régimen similar al anterior a la Primera Revolución Industrial. Dicha reforma ha sido mencionada como “oportuna y necesaria” por los primeros mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y de Paraguay, Horacio Cartes, ambos fuertes empresarios. La reforma es apoyada por las grandes cámaras empresariales de Brasil y agravaría la situación laboral del país, que ya padece un desempleo de 13,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), aproximadamente 14,2 millones de personas. El senador Paulo Paim, del PT, explicó que la propuesta de Planalto, presentada por el PSDB (uno de cuyos representantes votó en contra), significaba el “suicidio político de la nación” por las condiciones de precarización que pretendía imponer. Según la Central Única de Trabajadores (CUT), la propuesta de Temer “representa la regresión de las relaciones laborales a condiciones casi precapitalistas, imperantes antes de las Leyes del Trabajo sancionadas en los años 40 por el el presidente Getulio Vargas”. La propuesta de Temer reduce salarios y pensiones, autoriza a que cada empresa firme acuerdos directos con sus empleados sin considerar negociaciones colectivas, eleva a 12 horas la jornada laboral y autoriza a que las mujeres embarazadas trabajen en todo tipo de tareas sin control de sus condiciones sanitarias, “por su propia cuenta y riesgo”. Marcos Lisboa, secretario de Relaciones Internacionales de la CUT e integrante de la Organización Internacional del Trabajo (que cuestionó oficialmente la propuesta), señaló acertadamente que “el capital financiero internacional tiene profundo interés en que la reforma sea aprobada en Brasil porque servirá de modelo de precarización para otros países”. Por ahora fue derrotada en la Comisión del Senado, pero sólo la caída del gobierno de Temer, implicado en todas las grandes operaciones de corrupción (como el mensalão, el Lava Jato y la trama de Odebrecht), asegurará que la reforma regresiva sea definitivamente descartada, ya que el presidente anunció desde Rusia que continuará con la iniciativa.   La acusación de la Policía Federal El mismo día 22, la Policía Federal Brasileña, que investiga eventuales delitos de corrupción en la cúpula del poder, informó oficialmente a la Justicia sobre pruebas de que Michel Temer incurrió en corrupción pasiva, lo que podría determinar que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidiese su separación del cargo de presidente de la República, así como el 18 de mayo expulsó del Senado al segundo hombre más poderoso del país, el entonces senador Aécio Neves, líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Neves cayó debido a una grabación en la que solicita un soborno de 2,5 millones de reales a Joesley Batista, presidente de la cadena cárnica JBS SA, quien negocia reducción de sus penas bajo la figura de “testigo arrepentido”. Aécio (autor de la conocida frase “A virada já começou”, que tuvo ecos locales) era el principal aliado y sostén del gobierno de Michel Temer y seguro candidato a la presidencia en los comicios previstos para 2018. El STF, también llamado “Pretorio excelso”, es la instancia más alta del Poder Judicial de Brasil, y tiene como cometido principal vigilar el cumplimiento de la Constitución Federal, impidiendo ataques o lesiones a la misma. Le corresponde resolver en las acciones sobre la constitucionalidad de las normas y es el tribunal de alzada principal en materia de delitos , incluyendo al jef del Poder Ejecutivo federal. Es de destacar que las acusaciones contra Aécio Neves y Michel Temer se refieren a manejos monetarios millonarios por sobornos, no como en el caso de la expresidenta Dilma Rousseff, que fue destituida por acusaciones sobre violación de la ley presupuestaria (cuestiones contables) que no refirieron a improbidad administrativa y no hubo pruebas de crimen doloso. El 12 de mayo de 2016, el Senado confirmó la votación de Diputados y Rousseff fue separada de su cargo. En la instancia, el STF afirmó que la destitución de la presidenta estaba prevista en la Constitución y las leyes de Brasil. El STF destituyó al poderosísimo senador y precandidato Aécio Neves. Ahora, para preservar su credibilidad, y lo que es más importante, su fuente de poder y de autoprotección, debería proceder de igual forma, ante idéntica acusación y prueba, contra el presidente Michel Temer, quien, según Datafolha, cuenta con 93% de desaprobación en el país. Esa encuesta, remarca el informe, incluye a las Fuerzas Armadas de Brasil. La prueba principal contra Temer radica en la grabación de una conversación con el empresario Joesley Batista (JBS), que tuvo lugar en la residencia presidencial. Batista, a través de un acuerdo con la Justicia, puso a su disposición la grabación en la que el presidente Michel Temer le da su aval para que JBS continúe pagando mensualmente el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados (y principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff), Eduardo Cunha, actualmente condenado a 15 años de prisión. Según el testimonio de Batista, publicado por la revista Época, del grupo Globo, Temer es “el jefe de la organización criminal más peligrosa del país” y “dirigió una trama de corrupción en la que los altos funcionarios presionaban a empresarios y ejecutivos para obtener sobornos millonarios” con fines diversos, como financiar campañas, comprar silencios o simplemente enriquecerse. “Esta banda es muy peligrosa, nunca tuve el coraje de pelear con ellos, que no tienen límites”, señaló. JBS agregó que “los integrantes que no están detenidos están en el gobierno y son muy peligrosos”. Batista, que coopera con la Justicia a cambio de una reducción de su pena, señaló que Temer le pidió dinero en reiteradas ocasiones desde 2010. “Desde que conocí a Temer comenzó a pedirme dinero para financiar sus campañas. No tiene muchas vueltas para tratar sobre el asunto […] siempre fue una relación institucional, él me veía como un empresario que podía financiar sus planes y organizar esquemas basados en sobornos”. Temer negó las acusaciones e indicó que denunciará penalmente al empresario, al que acusó de tener contactos con gobiernos anteriores (en obvia alusión a Lula da Silva) que le permitieron aumentar la facturación del grupo de US$ 1.250 millones en 2007 a US$ 57.187 millones en 2016. El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), presidente de honor del PSDB, afirmó que Temer debe renunciar y anticipar las elecciones generales para brindar una salida a la crisis política, económica y social que sufre el país. “O hay un gesto de grandeza […] o el poder se erosionará de tal forma que las calles pedirán romper la regla vigente exigiendo anticipar el voto”, sostuvo en un comunicado publicado en O Globo. Temer, de 76 años, que superó este mes un juicio en el Tribunal Electoral que hubiese anulado su mandato presidencial por “abuso de poder y financiación ilegal de campaña electoral”, fue acusado por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, de obstrucción a la Justicia, corrupción pasiva y organización criminal. Ha sido expulsado por la poderosísima Orden de Abogados de Brasil (OAB), así como por otras organizaciones de gran significación. Ahora el Parlamento y la STF deberán resolver si lo apartan de sus funciones presidenciales, como ocurrió con Dilma Rousseff. Será Justicia, y salvará a América Latina de un destino atroz. Donald Trump en el camino de Nixon  El histórico proceso avanza rápido. Trump impugnó nada menos que al fiscal especial, el republicano Robert Mueller, que lo investiga por obstrucción a la Justicia, delito que terminó con la presidencia de Richard Nixon. Entretanto, el presidente amenaza a Cuba y Venezuela, avanza en la construcción del “Muro de Vergüenza” con México y reduce la presencia de Estados Unidos (EEUU) en el mundo. Analistas norteamericanos, europeos, chinos y rusos no pueden creer el asombroso e histórico proceso político que se desarrolla en EEUU. “Nadie presentó pruebas de mis supuestos vínculos con Rusia”, declaró enfático el presidente Trump, al confirmar que está siendo investigado por obstrucción a la Justicia. Varios criminólogos sostienen que la respuesta típica de un inocente, cuando es acusado por un delito que no cometió, es afirmar que no lo hizo, mientras que la del culpable es decir que “no hay pruebas”. El último capítulo, tras haber despedido al director del FBI, James Comey, fue su discurso del 1º de junio en el cual anunció que EEUU abandonaba el Acuerdo contra el Cambio Climático, firmado en París en diciembre de 2016 por 195 naciones. Pero Trump no se detiene. La trama rusa, Cuba y Venezuela Como se sabe, un informe de la National Security Agency (NSA, la “madre de todos los servicios de inteligencia” de EEUU) afirmó en enero de 2017 que “Vladimir Putin ordenó, a través de la Dirección General de Inteligencia [GRU], una campaña en 2016 sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El objetivo era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria [Hillary] Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por [Donald] Trump”. El documento es investigado por dos comités parlamentarios y un fiscal especial (el abogado, militar y político republicano Robert Mueller, director del FBI entre 2001 y 2013) para determinar si durante las elecciones hubo coordinación entre el gobierno ruso y el equipo electoral de Trump. El nombramiento de Mueller, en mayo, hizo estallar la ira de Trump, ya que se trata de una respetada figura del establishment republicano (como Colin Powell y John McCain) con criterios independientes. Ahora bien, el 5 de mayo, otro informe de la NSA reveló que la GRU intervino los correos de 122 funcionarios electorales, ordenadores del Comité Nacional Demócrata, y cuentas de funcionarios como el jefe de campaña de Clinton, John Podesta. El informe sugiere un intento de infiltrar las empresas que fabricaron los equipos de votación. Trump obtuvo casi tres millones de votos menos que Clinton, pero ganó por unos pocos que le dieron los estados claves de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Ahora Mueller investiga a Trump por un eventual delito de obstrucción de la Justicia: interferir en las indagaciones de la “trama rusa”. La investigación puede derivar en pedido de impeachment o juicio político.   La “frutilla”: James Comey James Brien Comey Jr. es abogado, republicano, y fue director del FBI entre setiembre de 2013, nombrado por Obama y confirmado por Trump, hasta el 9 de mayo pasado, cuando este último lo despidió, al parecer, por negarse a las presiones presidenciales para cerrar la investigación de la “trama rusa”. Trump no pudo cometer un error peor. El 8 de junio Comey fue citado por la Comisión de Inteligencia del Senado y acusó al presidente de EEUU de intentar imponerle una desviación en las investigaciones. Trump contestó con una serie de furiosos tuits atacando a Comey, que permaneció impasible. En el penúltimo acto de la tragicomedia, el abogado de Trump, Jay Sekulow, dijo que “el presidente no es sujeto de ninguna investigación”, lo cual fue desmentido por el propio Trump, que escribió al día siguiente: “¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! ¡Caza de brujas!”. Mientras tanto, el presidente recurre a su mejor táctica: atacar todo lo que se mueve. Anunció la construcción del muro en la frontera con México, terminó la apertura con Cuba y amenazó a Venezuela. Lo peor son sus anunciadas reformas económicas: reducción de los impuestos empresariales de 35% a 15% (lo que provocaría un serio desbalance presupuestal); eliminación del Seguro Nacional de Salud (dejando sin cobertura a 23 millones de estadounidenses pobres); el fin de las políticas expansivas que pusieron fin a la Gran Recesión 2007-2010; y la desregulación de las actividades financieras, lo que podría provocar, según Paul Krugman, una nueva Gran Depresión, como la de 1929. Pero los principales enemigos de Donald Trump están en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia, como consecuencia de desmantelar la OTAN y por su afición a Rusia, un pecado imperdonable.