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Educación y Rendición de cuentas

Tender, prometer, acordar y no cumplir ninguna

Por Leandro Grille.

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El tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas promete ser conflictivo. Será la última Rendición de esta administración y habrá que esperar dos años para que un nuevo mensaje presupuestal ingrese al Parlamento, ya con otro gobierno en funciones. El proyecto en debate supone un incremento de 4.700 millones de pesos, sumando 1.700 millones comprometidos anteriormente y un aumento de 3.000 millones de pesos en áreas prioritarias para el gobierno como salud, educación, seguridad, vivienda y una partida para mejorar los salarios del personal de menores rangos del Ministerio de Defensa. Aunque el proyecto no satisface las aspiraciones de sindicatos ni jerarcas de los incisos, el gobierno parece dispuesto a soportar la andanada de reclamos y movilizaciones que se anticipa porque considera que es el máximo esfuerzo que se puede hacer sin deteriorar el resultado fiscal.  Con los fondos incrementales, el presupuesto de la educación, tomando en cuenta todos los rubros, alcanzará algo menos de 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 6% que pretende la enseñanza y que contemplaba el programa de gobierno bajo la expresión “tender hacia”, que en términos penales suena a crimen en grado de tentativa. Tampoco se alcanzará el 1% del PIB para la investigación y desarrollo que había prometido el propio Tabaré Vázquez. El gobierno puede alegar, con razón, que nadie ha invertido más en educación que las administraciones del Frente Amplio; que antes de que la izquierda obtuviera la conducción del país, la enseñanza pública recibía menos de 3% del PIB y los salarios de los docentes y funcionarios de los subsistemas educativos eran miserables. En 13 años la inversión pública en educación e investigación aumentó por dos mecanismos simultáneos: aumentó, en relación a su participación en el PIB, casi 100% y además lo hizo con un PIB que no paró de crecer hasta escalar a casi 60.000 millones de dólares; en 2004 no llegaba a 20.000 millones. Sin embargo, en un análisis más fino de la evolución de la inversión pública en educación, salta a la vista que hubo dos períodos completamente distintos en estos 15 años de progresismo. Mientras que en el primer gobierno de Tabaré, en cinco años, la participación de la educación en el PIB creció casi 2 puntos, para llegar en 2010 al famoso 4,5%, en la década siguiente apenas habrá crecido 0,65, lo que significa un ritmo de incremento sustancialmente menor que no puede explicarse por el fin del auge de los commodities, ni las crisis regionales ni los derechazos de los vecinos. A este panorama de desaceleración innegable en la inversión en la enseñanza debe añadirse el tremendo error de incumplir un acuerdo salarial al que se arribó en una compleja negociación tras el conflicto en 2015, que implicaba alcanzar en 2020 un sueldo nominal de 25.000 pesos a valores de 2015 para los docentes que comienzan su carrera. El gobierno ya avisó que no se va a llegar a la cifra acordada y los sindicatos de la enseñanza se aprontan para una lucha en la que les asiste absolutamente toda la razón, porque los acuerdos salariales con los trabajadores se deben cumplir siempre y mucho más si son rubricados por el Estado, que debe ser un patrón de la buena fe y está obligado a dar un ejemplo de conducta a los sectores privados. Es dura la tarea de conducir la economía y administrar los recursos del Estado. Se debe administrar la tensión entre un montón de variables que se pechan, intentar satisfacer intereses diversos que objetivamente se excluyen y hacerlo todo sin poner en riesgo la estabilidad económica y social del país. Nadie dice que es fácil, pero la economía es también política y en política es bien importante identificar los intereses que se representan y no poner de punta a la base social a fuerza de un fanatismo técnico que desdeña símbolos y gestos en nombre de opinables principios de buena administración. Si incumplir un acuerdo salarial es siempre injustificable, incumplir un acuerdo salarial conquistado en la lucha por los maestros es un verdadero disparate, cuyo costo político y hasta moral -al margen de la injusticia- es muy superior al costo económico de honrarlo. En el Frente Amplio ya comenzaron a pronunciarse los sectores. Desde el Comité Central del Partido Socialista, el MPP, el Partido Comunista, son varios los que pretenden toquetear la rendición y reforzar las partidas para la educación, la salud y las políticas sociales. Más allá del acuerdo alcanzado en el gabinete, el proyecto de Rendición no conforma y los sectores se ven venir una conflictividad basada en argumentos irreprochables, ya no de principios teóricos ni objetivos deseables, sino de acuerdos concretos que no se están cumpliendo. Cabe la posibilidad de que esto fuera justamente lo que esperaba el gobierno y por eso haya tirado un piso insatisfactorio para después tener margen para aumentar. Pero lo cierto es que se quedaron muy abajo, demasiado. Y después los que ponen la jeta cuando empiecen a desfilar las delegaciones son los legisladores. Ya empezó el Mundial y por unos cuantas semanas la atención de los uruguayos estará enfocada en la participación de la selección en la lejana Rusia. Pese a ello, el Pit-Cnt ya fijó dos paros, los estudiantes de secundaria comenzaron a ocupar liceos, los gremios protagonizaron una ruidosa movilización esta semana y se van a venir más. Muchas más. Los reclamos rondarán sobre la promesa incumplida de 6% para la enseñanza pública y de 1% para la investigación. Sobre lo primero quedará la posibilidad de decir que el programa habla de una tendencia y no de una certeza, pero todos deberíamos admitir que con esta tendencia el presupuesto de la educación no llegará a 6% del PIB antes de 2030, cuando, con suerte, Uruguay sea una de las sedes de la Copa del Mundo de los 100 años a un costo para el país que -ya veremos-  obligará a ajustes de todo tipo. Sobre el 1% para la investigación, el gobierno quizá no tenga que decir tanto, porque los investigadores son muy pocos y sus justos reclamos son apenas audibles en la sociedad. Pero sobre los acuerdos salariales incumplidos con los docentes, sobre los cargos que no se crean, sobre la gente que no se regulariza, ahí sí la cosa se va a poner espesa.  

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