Tenso ambiente entre judiciales terminó en denuncia penal

La interna entre los funcionarios judiciales no es sencilla. El proceso de negociación con el Poder Ejecutivo en procura de una solución consensuada al largo conflicto salarial, la demanda civil y la posterior sentencia favorable que beneficio a unos 3.700 funcionarios y actuarios tuvieron efectos en el normal relacionamiento entre los trabajadores. Ese clima de tensión interno terminó en la Justicia Penal. El ex secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Carlos Fessler, presentó una denuncia penal contra un funcionario administrativo no agremiado, por un delito de difamación e injurias. Fessler alegó que este hombre -que se desempeña un Juzgado de Artigas- realizó diversos comentarios difamantes contra su persona a través de las redes sociales. La denuncia presentada por Fessler alega que este hombre administra una página en la red social Facebook para funcionarios judiciales y que allí publicó varios posteos en que vincula a su persona con diversos actores del gobierno (como el presidente Tabaré Vázquez y el vicepresidente Raúl Sendic), al tiempo que lo califica como un representante “del fraudeamplismo” en el Poder Judicial. Estos comentarios se realizaron durante el proceso de negociación con el gobierno para buscar una salida consensuada al conflicto salarial. Sin embargo, el funcionario formuló acusaciones “de otro tenor” que fueron las que derivaron en la decisión de Fessler de presentar la denuncia penal: afirmó que el ex gremialista se apropiaba del sueldo de los trabajadores judiciales. “Se lo acusó, con mala intención, de un delito, a través de un grupo de trabajadores judiciales. Por eso presentó la denuncia penal por difamación e injurias en su contra”, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La denuncia fue presentada ante la jueza Penal de 7º Turno, Adriana De los Santos, quien derivó el caso a la Fiscalía, para su análisis y disponer las medidas que se entiendan pertinentes. Allí el caso se demoró, ya que el fiscal Gustavo Zubía decidió excusarse de intervenir y planteo la situación a la Fiscalía General de la Nación. Zubía argumentó que tenía un vínculo con Fessler por su trabajo conjunto en la intergremial del Poder Judicial, motivos por los cuales mantuvo diversos contactos con el denunciante. El planteo de Zubía fue aceptado, por lo que el caso se derivó al fiscal Carlos Reyes. En breve, Fessler será citado a ratificar la denuncia. Un reciente informe del diario El Observador señalaba la creciente utilización de redes sociales y de los portales de noticias por parte de personas para expresar su descontento con diversas situaciones y el consecuente incremento de las denuncias por difamación e injurias. «No somos conscientes de las consecuencias de publicar algo. No terminamos de aprender que cada vez que lo hacemos, hay una consecuencia», dijo el abogado Andrés Saravia, a ese medio. El abogado explicó que en estos casos las denuncias se tramitan en base al artículo 333 del Código Penal, que castiga el delito con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 Unidades Reajustables (74.930 pesos) a 800 UR (749.304 pesos) a quien «ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público».