Representantes de 16 países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) determinaron que la situación de Venezuela constituye una amenaza para la paz y la seguridad en el continente y decidieron activar por primera vez las provisiones de ese acuerdo.
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La resolución no contó con el apoyo de Uruguay, que había aclarado con anterioridad que el TIAR no puede ser aplicado contra Venezuela, porque este país se retiró del pacto en 2017.
El «territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», dice la resolución aprobada por 16 de los 17 países miembros en Nueva York.
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Añade que «el conjunto de esas actividades criminales, asociado a la crisis humanitaria generada por el deterioro de la situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela, representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, en los términos del Artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca».
Dicho artículo señala: «Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente».
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Los países del TIAR decidieron asimismo lanzar una operación regional conjunta y coordinada para identificar y perseguir a altos cargos del Gobierno de Venezuela y a grupos irregulares aliados de Caracas incursos presuntamente en corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Para ello, crearán una red de carácter operacional que incluirá agencias de inteligencia financiera y de seguridad pública para intensificar la cooperación judicial y policial en estas investigaciones.
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La declaración toma en cuenta el artículo 8 del TIAR, que establece las medidas graduales a adoptar contra un eventual país agresor y que van desde el retiro de los jefes de misión hasta el «empleo de la fuerza armada».
Además, se menciona asimismo el artículo 20, que establece el carácter obligatorio para todos los estados parte del TIAR de las medidas contempladas en el artículo 8 que se decida adoptar, «con la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento».