Por Carlos Luppi
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Aunque se conocen pocas cifras definitivas, el balance de 2016 es auspicioso para el resto de la gestión en materia de crecimiento y empleo. Subsisten cuestionamientos en materia de inflación y política tributaria.
El crecimiento económico, que, conjuntamente con el empleo, es el indicador más importante para el pensamiento económico, se situará en 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Centro de Investigaciones Económicas, aunque el resultado podría ser aun superior, de acuerdo con los buenos desempeños del tercer y el cuarto trimestre. La cifra está por debajo de la media histórica de Uruguay y lejos de los récords logrados desde 2005, pero mantiene la tendencia de 13 años consecutivos de aumento de la actividad, sin caer en recesión.
Según el informe del Fondo Monetario Internacional Perspectivas de la economía mundial, del 17 de enero de 2017, el PIB de América Latina y el Caribe cayó 0,7% en 2016 y se espera que crezca 1,2% en 2017. Las bajas fueron muy pronunciadas en países como Argentina, Brasil y Venezuela.
Se trata, pues, de un desempeño satisfactorio en un año de grandes turbulencias en materia de precios y demanda de productos, así como de incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos.
El desempleo se ubica en un también aceptable 7,7%, que posiblemente descienda con el último mes del año.
Inflación, política salarial y ajuste fiscal
La inflación, variable privilegiada por el equipo económico que lidera el contador Danilo Astori desde 2005, se situó en 8,1% al cierre de 2016, lo que marca el registro más bajo desde 2012. Aun cuando está por encima de las propias metas fijadas (5% con un máximo de 7%), el guarismo sería auspicioso. Sin embargo, recién logró desacelerarse –gracias a una política monetaria fuertemente contractiva con efecto negativo en la actividad y en el empleo– en el segundo semestre del año, tras haber estado en dos dígitos durante varios meses. Por otra parte, los alimentos experimentaron subas muy considerables a lo largo del año. Al respecto, señala la publicación Crónicas: “las expectativas del mercado también se mantienen por encima de la meta, esperándose que la inflación cierre 2017 en 8,9% y 2018 en 8,2%”.
Agrega la publicación de la Cámara de Industrias: “Como viene ocurriendo desde diciembre de 2012, el programa de beneficios UTE Premia, aplicado por el ente estatal, incidió fuertemente a la baja del IPC [Índice de Precios del Consumo] en el mes de diciembre”. Esto tiene fuerte incidencia también en materia salarial, ya que –erróneamente– numerosos salarios se ajustan por el IPC de cierre a diciembre, con lo cual se castiga directamente su poder adquisitivo y se agrega un elemento más a la política contractiva, pero a costa del poder adquisitivo de los trabajadores y de la actividad económica. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ha señalado reiteradamente que el artilugio de bajar el IPC a diciembre mediante el Plan UTE Premia es “un maquillaje de cifras”. Esto determina que varios sectores políticos estén planteando modificaciones de la política tributaria para que se afecte a los sectores privilegiados, como los grandes importadores y los grandes terratenientes, que han visto aumentar fabulosamente sus ingresos en los últimos años. Se trata de lograr el objetivo de que “paguen más los que tienen más”.
Cabe destacar también que, como señala Economía & Mercado, con la firma del economista Isaac Alfie, “desde el pasado 1º de enero rige formalmente un triple ajuste fiscal: i) el votado durante el segundo semestre de 2016, esencialmente consistente en aumento de IRPF [Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas] a las rentas del trabajo e IASS [Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social], cuyo alcance es conocido, aproximadamente 0,7% del PBI, conjuntamente con cambios en el IRAE [Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas] y su adicional (llamado IRPF a los dividendos) con rendimiento desconocido, aunque potencialmente importante, en especial por la virtual eliminación del ajuste por inflación y la distribución ficta de dividendos retroactiva a los ejercicios iniciados desde julio 2007; ii) el ajuste tarifario que, tal como demostré en mi columna de hace 15 días, implica otro poco más de 0,2% del PBI, y, iii) el que podríamos considerar ya ‘tradicional’ ajuste fiscal anual del orden de 0,1% del PBI derivado del ajuste de los límites de franjas del IRPF e IASS casi 3 puntos por debajo de la variación de los ingresos nominales. Este último obedece al aumento de la tasa media implícita para cada contribuyente y la incorporación de nuevos aportantes que, durante el 2017 significarán unos $ 1.530 millones sobre los trabajadores y unos $ 320 millones sobre los pasivos adicionales en términos reales. La suma de estos tres conceptos implican un piso de aumento en la recaudación de 1% del PBI, unos US$ 580 millones”.
Como vemos, los tres componentes del ajuste fiscal (que en realidad comenzó en 2015), recaen mayoritariamente en trabajadores y jubilados.
Sector externo
Según el Informe anual de comercio exterior 2016, del Instituto Uruguay XXI de Promoción de Inversiones y Exportaciones, “las exportaciones uruguayas de bienes –incluyendo las zonas francas– totalizaron US$ 8.301 millones en 2016, marcando una reducción anual de 7,3% respecto a 2015. […] En los dos últimos meses de 2016 se registra una recuperación de las exportaciones. En diciembre de 2016 las solicitudes de exportación sumaron US$ 707 millones y fueron 5% superiores a las de diciembre de 2015. Según las proyecciones de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes aumentarían 6% aproximadamente en 2017”. Al respecto, cabe recordar que en 2015 las exportaciones uruguayas de bienes –incluyendo las de zonas francas– sumaron US$ 8.967 millones, con una reducción de 11,6% con respecto a 2014. “Las exportaciones no registraban caída desde 2009, cuando la crisis financiera internacional afectó negativamente al comercio mundial. Este resultado era esperable dado el contexto externo y regional adverso, caracterizado por la caída de precios de los commodities, la desaceleración de China, el estancamiento en Argentina y la recesión en Brasil”.
Es decir que las exportaciones han tenido un comportamiento fuertemente declinante de casi la quinta parte, en los últimos dos años.
Volviendo a 2016, dice Uruguay XXI: “las importaciones de bienes –sin considerar petróleo y derivados– alcanzaron los US$ 7.387 millones en 2016, cifra 13,6% inferior en la comparación interanual. Los principales bienes importados –vehículos, insumos para los molinos eólicos y vestimenta– sufrieron retracciones del orden de 20%, 30%, y 10%, respectivamente”.
Si estimamos las importaciones de petróleo y derivados en US$ 679 millones (utilizando las últimas cifras disponibles del Banco Central), tenemos que las importaciones sumaron en 2016 un total de US$ 8.066 millones, lo que significa que tuvimos un saldo superavitario de unos US$ 235 millones.
Los principales productos exportados fueron carne bovina (17% del total), celulosa (15%), soja (10%), productos lácteos (7%), concentrado de bebidas (7%), arroz (5%), seguidos de madera, ganado en pie, cuero, productos alimenticios, despojos cárnicos, autopartes, lana y tejidos, plásticos y malta.
Los principales destinos de exportación en 2016 fueron China (22%), Brasil (16%), Países Bajos (7%), Estados Unidos (6%), Argentina (5%), Alemania (4%), México (4%), Turquía (3%), Italia (3%) y Perú (2%).
Los principales productos de importación fueron vehículos (7,3%), insumos de energía eólica (6,5%), plásticos y manufacturas (6%), vestimenta y calzado (5,4%), teléfonos (3,8%), productos farmacéuticos (3,6%), sustancias químicas (3,6%), papel y cartón (2,1%), autopartes (1,9%) y caucho (1,6%).
Como se ve, nuestra economía sigue estando fuertemente primarizada.
La promesa de UPM
El informe de Uruguay XXI contiene un apartado muy importante:
“La celulosa ocupó nuevamente el segundo ranking de exportación. Las ventas se mantuvieron relativamente estables con un leve sesgo de retracción, debido a la caída del precio a lo largo del año. El total exportado rondó los US$ 1.242 millones, cifra 2% inferior a la de 2015. China se mantuvo como principal mercado para este producto, con una participación cercana mientras que Países Bajos –que opera como centro de distribución en Europa– recibió aproximadamente un cuarto de la celulosa exportada.
A mediados de 2016, UPM anunció su intención de construir en Uruguay una segunda planta de celulosa. De concretarse la inversión, la construcción de la planta se iniciaría en el segundo semestre de 2018 y la misma comenzaría a exportar en 2020. Su capacidad de producción sería similar al total de las dos plantas ya instaladas (más de 2 millones de toneladas), por lo que se estima que la celulosa se convertiría en el principal producto de exportación, con una participación superior a 25% del total. Asimismo, Uruguay pasaría a producir alrededor de 5 millones de toneladas de celulosa anuales, lo que le permitir segundo exportador mundial de este producto, solo superado por Brasil”.
Por estos días, y mediante una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez, la empresa francesa NGE manifestó su aspiración de participar en la construcción de infraestructura necesaria ferroviaria necesaria para conectar la referida segunda planta de UPM con una salida al mar. Ofrecen ser constructores y participar en el financiamiento.
La misiva señala que la empresa “está en condiciones de presentar una propuesta formal, incluyendo financiamiento, diseño del proyecto, su construcción y su mantenimiento, de la nueva línea férrea a ser construida para satisfacer las futuras necesidades” de la planta, “en cuanto a logística de transporte se refiere”.
La construcción de una vía ferroviaria para trasladar a Montevideo la producción de la nueva planta de celulosa en el país es un aspecto clave para concretar el proyecto que el gobierno uruguayo negocia con la empresa finlandesa UPM.
Según El Observador, “NGE se presenta como una empresa de ingeniería civil involucrada en la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala. Reporta ganancias por 1,5 billones de euros y emplea a unas 9.000 personas, según se informa en su página web. Tiene experiencia en proyectos de infraestructura urbana, hidráulicos, construcción de rutas y de vías ferroviarias, entre otros. Tiene presencia en más de 100 puntos en Francia”.