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Sociedad

Trabajadoras sexuales continúan esperando respuestas del Estado

El próximo 4 de julio se cumplen 18 años de la promulgación de la ley que regula el trabajo sexual en Uruguay. Mientras tanto, las trabajadoras continúan planteando modificaciones necesarias para el ejercicio de la actividad y solicitando apoyo del Mides para afrontar la falta de ingresos durante la emergencia sanitaria.

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El próximo 4 de julio se cumplen 18 años de la promulgación de la ley N° 17515 que regula el trabajo sexual. Si bien la actividad se encuentra regulada desde al año 2002 en Uruguay, las trabajadoras entienden que la normativa actual no se adapta a la realidad del trabajo y que no contempla la voz de las personas que lo ejercen.

Con el objetivo de recolectar firmas para la modificación de esta ley, en el año 2018 más de 40 trabajadoras sexuales conformaron la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) desde la cual vienen batallando para lograr mejores condiciones para el ejercicio de esta actividad.

Desde el colectivo Otras valoran que se trata de la única ley en Latinoamérica que regula la prostitución y le otorga a quienes la ejercen el carácter jurídico de «trabajadoras sexuales», pero insisten en que es necesario realizarle algunas modificaciones «para acercarnos un poquito más a la igualdad en Derechos Humanos que tanto tiempo se nos ha hecho omiso».

Caras y Caretas Portal dialogó con Karina Nuñez, presidenta de la organización, quien explicó cuales son algunas de las modificaciones que entienden necesarias para mejorar las condiciones del trabajo sexual.

Uno de los principales problemas de la reglamentación actual que planteó Nuñez es que el trabajo sexual está contemplado bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), cuando consideran que debería ser del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). De esta manera, generarían aportes para poder jubilarse y también facturar como unipersonales. Además, la foto de las trabajadoras sexuales está fichada en el Ministerio del Interior, por lo cual el ejercicio de la actividad es criminalizado o asociado a la explotación, cuando no siempre se da en esas condiciones. «Lo que nosotras estamos pidiendo es que se nos quite de la órbita del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud Pública», afirmó Nuñez.

Por otro lado, entienden necesario que se descentralicen las formas de consulta médica, ya que la normativa actual exige que quienes ejercen esta actividad se atiendan en las policlínicas específicas para profilaxis. «Solicitamos que cada trabajadora pueda asistir de forma personal a hacer la solicitud de análisis con el médico que desee. La reglamentación vigente genera el inconveniente de que muchas de las compañeras que trabajan en el interior profundo, donde no cuentan con policlínicas para trabajadoras sexuales, deban trasladarse por sus medios a la policlínica departamental más cercana y no siempre cuentan con los recursos económicos para hacerlo, quedando expuestas a las sanciones que aplica la ley por trabajar sin el carné que habilita el ejercicio del trabajo sexual».

Nuñez detalló que actualmente existen 58 policlínicas de profilaxis en todo el país, pero la que funciona en el Hospital Maciel es la única que expide el carné con vigencia de seis meses. En tal sentido, las trabajadoras plantean la necesidad de que se unifiquen estos criterios en todas las policlínicas.

Asimismo, solicitan que el Banco de Previsión Social (BPS) genere una carátula propia para las trabajadoras sexuales, acorde a la forma de productividad que tiene esta actividad. «Consideramos que deberíamos aportar lo máximo durante los procesos del inicio del ejercicio de trabajo sexual y que esa cantidad vaya disminuyendo por franja etaria», explicó la trabajadora.

Reclaman también que se las incorpore a procesos de reorientación laboral para que las trabajadoras que ya no quieren continuar con el ejercicio del trabajo sexual puedan acceder a otras alternativas. Actualmente deben asumirse como víctima de trata para acceder a estos proyector de reinserción. «Queremos ser tenidas en cuenta como trabajadoras sexuales que quieren reorientarse y no que nos tengamos que transformar en víctimas para ser asistidas».

Además, plantean la necesidad de planes de fortalecimiento de microempresas para trabajadoras sexuales con el objetivo de «sacarle la oferta de trabajo sexual a los monopolios de las redes de trata que operan en Uruguay».

Sin respuestas 

Estos planteos vienen siendo reiterados por las trabajadoras sexuales y aún no han tenido respuestas por parte de las autoridades, como tampoco la tuvieron cuando, en el mes de marzo, le solicitaron al Ministerio de Desarrollo Social que les otorgue una entrevista para plantear las problemáticas que atravesaba el sector a la hora de afrontar la emergencia sanitaria.  https://www.carasycaretas.com.uy/trabajadoras-sexuales-pagar-el-alquiler-favores/

Desde que se decretó la cuarenta y se paralizaron algunas actividades laborales, el colectivo de trabajadoras sexuales está solicitando el apoyo del Estado, que según contó Nuñez, ha quedado supeditado a la voluntad de cada autoridad departamental. Algunas trabajadoras han obtenido ayuda y otras no. «Necesitamos una respuesta de esa cartera a nivel nacional».

«El 20 de marzo fue el último contacto que tuve con Bartol para solicitarle que nos reciba y todavía estamos esperando la respuesta», concluyó Nuñez.

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