Trump emprende una gran ofensiva contra las inversiones extranjeras en Cuba

Washington dejará que el 2 de mayo entre en vigor por primera vez una norma según la cual ciudadanos de origen cubano pueden lanzar un alud de demandas contra empresas extranjeras con negocios en la isla, medida que abre un nuevo e importante frente entre Estados Unidos y Europa, con España como uno de los principales afectados.

El secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, hizo el anuncio en el aniversario de la invasión de Bahía Cochinos, en 1961, cuando tropas de exiliados cubanos entraron en la isla con apoyo de Estados Unidos para tratar infructuosamente de derrocar a Fidel Castro.

Washington deja de renovar la suspensión del Título III de la conocida ley Helms-Burton, por la cual cualquier individuo puede reclamar ante la justicia estadounidense propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución de 1959, lo que afecta a las empresas que hacen negocios en las islas porque muchos pueden estar utilizando esos terrenos u otros bienes.

Aquella ley fue aprobada en 1996 bajo la Administración de Bill Clinton, pero dicho apartado se dejó durante dos décadas sin efecto a través de suspensiones semestrales que iban aprobando todos los Gobiernos para evitar el colapso en los tribunales (se calculan decenas de miles de pleitos potenciales) y evitar una batalla comercial con otros países. El embargo económico a Cuba entra ahora en aguas inexploradas, en un momento de escalada de sanciones también en Venezuela y Nicaragua.

Este injusto cerco puede perjudicar a empresas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar, Barceló o NH, con una importante presencia en la isla. La Unión Europea -y muy especialmente el Gobierno español- se ha llevado las manos a la cabeza. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, lo expresó en su reciente visita a Washington, con motivo de la cumbre de la OTAN. “Creo que les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país”, dijo tras verse con su homólogo estadounidense, Pompeo.

La medida, desde que se aprobó la Helms-Burton en 1996, tuvo el propósito de frenar la inversión extranjera en la isla, como ratificaron este miércoles las palabras de Pompeo, quien dijo además que “cualquier persona o compañía que esté haciendo negocios en Cuba debe escuchar este anuncio”.

El titular les advirtió que son vulnerables a demandas y los llamó a investigar si están conectados con propiedades “robadas”, a pesar de que las nacionalizaciones fueron un proceso con apego a la legalidad y al derecho internacional, en el que Estados Unidos se negó a aceptar acuerdos de compensación propuestos por Cuba.

Al dar este nuevo paso, el Gobierno de Trump ignora los llamados de sus aliados de la Unión Europea (UE), que le advirtieron de su oposición a la medida y señalaron la posibilidad de llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio.

Preguntada sobre este tema, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, expresó que no habrá ninguna exepción en la puesta en marcha del Título III para compañías europeas o de otros países como Canadá.

Las compañías europeas que operan en Cuba no tienen nada que temer si no están en “propiedad robada” de estadounidenses, por lo que la mayoría de las empresas de la UE no tienen nada de qué preocuparse en sus operaciones en la isla, apuntó. Fuentes:El País(España)y Prensa Latina