¿Última prórroga? CPP entrará en vigencia el 1º de noviembre

La entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) deberá aguardar algún tiempo más. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.510, por la cual se prorroga la entrada en vigencia de esta norma hasta el próximo 1º de noviembre de 2017. El nuevo CPP, que consagra un sistema acusatorio, oral y público, dónde la investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los fiscales, tenía previsto entrar en vigencia este lunes 16 de julio. Pero en los últimos tiempos, una Comisión Interinstitucional integrada por representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior planteó diversas interrogantes sobre la puesta en marcha del nuevo sistema. Ante esto, el Poder Ejecutivo decidió solicitar la prorroga. En mayo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló la necesidad de efectuar ajustes a la normativa. Esos cambios “son necesarios” para que “la puesta en funcionamiento se evite partidas en falso”, dijo Díaz, durante una visita a Melo (Cerro Largo). Otros operadores judiciales manifestaron una posición similar; incluso, desde el vicepresidente del gremio de fiscales, Gustavo Zubía, planteó que la postergación debería extenderse hasta el 1º de febrero de 2018. El planteo de la Comisión Interinstitucional implicaba diversas cambios legislativos. Entre ellos, la derogación del instituto de la libertad condicional en el proceso acusatorio –ya fue aprobado por el Parlamento-, así como una serie de modificaciones a la Ley Orgánica Policial, la Ley de Procedimiento Policial y de la Ley de la Judicatura de forma de ajustarlas al nuevo sistema. Pero además, se solicitó la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) de forma de consagrar un sistema acusatorio para adolescentes. Durante una reciente comparecencia ante el Parlamento, el fiscal de Corte dijo que este era uno de los principales obstáculos para la entrada en vigencia del CPP. “De acuerdo con la legislación vigente hoy no podríamos funcionar porque no se puede tener un proceso acusatorio para adultos y un proceso inquisitivo para adolescentes, no solamente porque es absolutamente incoherente tratar en forma más beneficiosa a los adultos que son acusados de cometer un delito que a los adolescentes, sino porque nos generaría graves dificultades de funcionamiento”, expresó Díaz. Esa posición no fue compartida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El máximo órgano del Poder Judicial no planteó objeciones a la postergación de la norma, pero sus representantes en la Comisión Interinstitucional enviaron una nota a la misma en la cual reafirmaron la posición de apostar a reformas puntuales del texto normativo y no abordar cuestiones de fondo, como sería un cambio del sistema penal de adolescentes.