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El derecho de las víctimas

Un Crysol reivindicativo

Crysol, la asociación que nuclea a ex presas y ex presos políticos, se moviliza por una serie de medidas reivindicativas que mejoren la calidad de vida de las víctimas del terrorismo de Estado. Chela Fontora y Ruben Benítez, dos referentes de ese colectivo, dialogaron con Caras y Caretas.

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En términos genéricos y simples, se considera víctima de terrorismo de Estado a toda persona a la que el Estado le quitó la protección que le debe como ciudadano, dejándolo al margen de sus derechos. En esas condiciones quedaron miles de uruguayos durante la última dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Las víctimas sobrevivientes de ese período se nuclearon en una asociación que se denomina Crysol, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus integrantes, deteriorada por años de tortura física y mental.   Los derechos humanos como leitmotiv Crysol está integrada por gente a la que los derechos humanos le fueron pisoteados durante años, pero ese avasallamiento no lo sufrieron sólo ellos, sino también sus familiares, que debieron soportar todo tipo de humillaciones para continuar en contacto con el preso político. Por eso, un tema que le es caro a esta asociación es el de los derechos humanos. Ruben Benítez informó a Caras y Caretas que para ellos la elección de la próxima integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) “reviste un carácter trascendente” a los efectos de fortalecer y elevar la calidad de la democracia, “pero, fundamentalmente, atender la problemática de derechos humanos en toda su dimensión”. Si bien la elección de las autoridades de la Inddhh corresponde a la Asamblea General del Parlamento, los candidatos son propuestos por organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos: “Nosotros, junto con otras organizaciones, aunamos criterios para la propuesta, preocupándonos porque las personas que proponemos estén ajenas a cualquier vínculo de la cultura de la impunidad para los violadores de los derechos humanos, sepan trabajar en equipo y estén dispuestas a recorrer los sitios donde la población más vulnerable necesita de la presencia de la institución”, explicó Benítez. Ante la consulta de quiénes eran esas personas en las que Crysol depositaba su confianza, contestó: “Proponemos la reelección de Juan Raúl Ferreira; a la integrante de Crysol Ivonne Klinder, que estuvo muchos años en la resistencia clandestina, detenida y torturada, y luego de salir en libertad retomó los estudios y se recibió de médica; a la doctora Mariana Mota, por sus muestras de defensa y protección de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado; y a Marina Morelli, abogada destacada en la defensa de los temas vinculados a la mujer y que ha emprendido iniciativas en torno a la transparencia para la elección de los ministros de la Suprema Corte”. Al margen de estos nombres, Benítez dejó claro que Crysol “respalda a todos los candidatos que fueron presentados por las organizaciones que acordaron criterios básicos”.   La conquista de los derechos Nadie en su sano juicio puede pensar que a los derechos hay que conquistarlos; sin embargo, en la vida real esas cosas pasan. Y Chela Fontora sabe mucho de andar atrás de lo que el Estado tendría que dar sin chistar. Esta mujer, que está sentada en la redacción, acomodándose el gorro de lana cada vez que mira la luz roja que indica que el grabador está prendido, desde muy jovencita recorrió el camino empedrado que conducía a sus derechos. Aunque ella no sepa que yo sé, la escucho sin poder evitar que venga a mi mente lo que desde hace muchos años conozco de su vida. “¿Ves aquella mujer de pelo cortito que está ahí?”, me dijo alguien en un tiempo viejo. “Es Chela Fontora”. Recuerdo observarla desde la distancia que nos separaba y la emoción que me embargó el estar a metros, nada más, de una figura histórica. Mi sentimiento de entonces, al igual que el de ahora, carece de connotación política partidaria, es historia viva. Porque es posible olvidar dónde lo leí, pero imposible olvidar el contenido: Chela Fontora, con apenas 16 años, llegó a Montevideo siguiendo a Raúl Sendic, en la marcha de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). Pero ahí no comenzaba su historia, sino que había conocido la capital dos años antes, en 1959, acompañando a su padre en la marcha de Ancap. El viejo Fontora era sindicalista de la Unión de Regadores y Destajistas de El Espinillar y le daba a su hija lo que mejor sabía: la capacidad de luchar. En la redacción de Caras y Caretas, Fontora habló de las leyes reparatorias para las víctimas de terrorismo de Estado, porque “a pesar de estar reconocido que se reprimió desde 1968, los compañeros que cayeron antes del 9 de febrero de 1972 no están comprendidos en la pensión especial reparatoria (PER). Aparte, la PER tiene carácter de indemnización y, por tanto, tiene que ser compatible con cualquier ingreso que se tenga, cosa que en los hechos no lo es”, dice, mientras me extiende unos papeles, y agrega decidida: “Eso que digo está avalado por la Inddhh y por Pablo de Greiff, relator de Derechos Humanos para América Latina de la ONU”. Continúa, como para que no queden dudas: “Somos reparados por el daño del terrorismo de Estado, por tortura, secuestro, desaparición… todo eso”. La otra reparación que exige Crysol es la que tiene que ver con quienes eran niños: “También hicieron divisiones con nuestros hijos, porque los que estuvieron unos meses con las madres en los cuarteles son reparados, en cambio aquellos otros que recorrieron por años las cárceles, que fueron manoseados, maltratados, que estuvieron con milicos en sus casas, ni siquiera son reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado”, continúa Fontora, que a esta altura ya suena indignada.   Salud sin corralito En materia de atención de salud, la ley establece que tienen la salud gratuita en ASSE, pero piden que se les conceda libre opción, “porque la mayoría, desde que salimos de la cárcel, tenemos mutualistas con nuestros médicos de años. La persona liberada tiene muchas enfermedades crónicas y su historia clínica armada. Lo que pretendemos es que el Estado se haga cargo de la mensualidad mutual en caso de que no se quiera cambiar para ASSE”, dice Fontora. Benítez agrega que “se debe tener claro que es vital establecer una buena relación médico-paciente para resolver las secuelas de la tortura, que es un trance muy doloroso. Cambiar de médico de referencia obliga a revivir todo el pasado a los efectos de explicar las causas del problema. Entonces hay muchos compañeros que pagan de sus bolsillos para continuar con el tratamiento que venían realizando”, explica, y agrega: “Es un tema muy serio porque en su mayoría es gente de más de 70 años y es muy difícil que esa persona se vaya para ASSE, donde tiene que empezar una historia clínica de nuevo”. Otro de los puntos que consideran que deben solucionar es el relativo a las lesiones graves, para las que no está contemplado ningún tipo de reparación: “La tortura está denunciada y aceptada por los torturadores y, sin embargo, no se contempla el daño grave que dejó en sus víctimas”, concluyen.

Ley nacional de memoria
Los integrantes de Crysol consideran que, si bien han logrado que se reconociera con placas y otros distintivos los lugares donde el Estado dictatorial violó los derechos humanos de diversa forma, se debe tener un desarrollo mayor de la memoria: “Estamos luchando por un memorial en el Penal de Libertad, por todos los compañeros que estuvieron presos ahí”, dice Fontora. Benítez añade: “Creemos que este país se merece una ley nacional de memoria, que ampare a lo que hace a la memoria colectiva, en especial en relación al pasado reciente, y que sean reconocidos como lugares emblemáticos de resistencia del pueblo uruguayo”, finaliza.

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