Un derecho rezagado

  El martes, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentó el segundo Informe sobre el estado de la educación en Uruguay, compuesto por datos provenientes de estudios previos como la Encuesta Continua de Hogares, del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) y del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés). El texto da cuenta de una serie de mejoras alcanzadas durante los últimos diez años, pero que se muestran muy limitadas para lograr alcanzar las metas fijadas para 2020. Desde 2005 el país inició un proceso de reducción de la pobreza que ha afectado positivamente a la población en edad escolar. En el plano educativo esto se ha traducido en mejoras como el incremento del gasto promedio por estudiante, la reducción de la tasa de alumnos por profesor, el aumento de salarios de los docentes, el incremento de docentes titulados en secundaria, el aumento de la cobertura en educación inicial y del egreso en educación media básica. No obstante, estos cambios positivos no se han desarrollado en la magnitud esperada y no se han traducido en mejoras reseñables en el aprendizaje de los estudiantes, tampoco se han materializado en aumentos del egreso de la educación obligatoria, ni en la desigualdad de resultados que presenta el sistema educativo. De entrada, la meta de universalizar los 14 años de educación obligatoria es un objetivo prácticamente desechado, ya que en los últimos 30 años el promedio de escolaridad en los jóvenes de entre 20 y 24 años apenas se ha modificado, permaneciendo entre los ocho y los nueve años. El informe destaca que “si bien se han logrado avances, en los últimos 40 años el país solamente aumentó en dos el promedio de años de educación alcanzado por los jóvenes de 20 a 24 años de edad; esto equivale “a un ritmo de medio año de incremento por década”. Cabe destacar que en este mismo período, países como Chile, Perú y Costa Rica agregaron cuatro años al promedio de escolaridad de su población de la misma edad. En 1970 Uruguay se encontraba por encima de estos países en esta materia, desde entonces Perú y Chile lo superaron, mientras Costa Rica llegó a igualarlo. Otras metas, como llegar a 75 por ciento de estudiantes de 16 años con la educación media básica finalizada para 2020, se ven difíciles de alcanzar, ya que el incremento registrado durante los últimos años ha sido insuficiente. Por otro lado, otros objetivos como el crecimiento de 17 por ciento de niños de tres años cubiertos por la educación inicial entre 2014 y 2020 se considera alcanzable, ya que entre 2006 y 2011 este índice creció 14 puntos porcentuales. Sin embargo, el crecimiento de la cobertura en adolescentes de 15 años de 89 por ciento a 96 por ciento para 2020 parece difícil aunque puede llegar a ser plausible según los expertos.   El acceso a la educación en Uruguay La provisión del derecho a la educación por parte de un país se mide fundamentalmente por dos criterios: la tasa de matriculación de la población en edad escolar y su asistencia al centro educativo durante el año lectivo. En el primer ámbito, el informe señala que Uruguay tiene un sistema educativo universal en las edades que se corresponden con el ciclo primario (de seis a 11 años) y preescolar. Sin embargo, en el sistema primario los estudiantes empiezan a experimentar un rezago que se incrementa progresivamente conforme aumenta la edad y disminuye el nivel de ingreso de su hogar. Por ello, el informe califica preocupante que casi la tercera parte de la población no logre culminar la educación media básica a los 19 años, lo que les impide continuar en la educación media superior. El texto destaca que la matriculación antes de los cinco años de edad aumentó significativamente durante la última década. Actualmente supera 90 por ciento de matriculados a los cuatro años de edad (lo que implica un aumento de 14 puntos porcentuales entre 2006 y 2015) y alcanza casi 70 por ciento a los tres años (con un aumento de 22 puntos porcentuales en el mismo período). Sin embargo, el país continúa teniendo un gran debe con los jóvenes mayores de 14 años, cuyo acceso a los últimos niveles de la educación obligatoria continúan siendo bajos, y no han presentado variaciones significativas en los últimos años. Alrededor de 29 por ciento de jóvenes de 13 años cursa con rezago o abandonó el sistema educativo. En el caso de los adolescentes de 17 años, únicamente 34 por ciento cursa el grado educativo esperado, 39 por ciento está rezagado y 27 por ciento no estudia. Por otro lado, el elevado acceso educativo en los niveles inicial y primario se contrasta con la elevada inasistencia a las clases. El informe detalla que más de un tercio de los niños matriculados en el nivel tres de inicial no alcanzó los 141 días de concurrencia a clase durante el año lectivo 2015. En el caso del nivel cuatro de inicial 27 por ciento de los niños se encuentra en esta situación. En este sentido, el informe resalta la mencionada inasistencia en los niveles educativos básicos como una falla trascendental que afecta desde los cimientos a todo el sistema educativo nacional. “Esta debilidad estructural en el punto de partida del proceso de escolarización podría producir problemas de abandono temprano y bajos desempeños de los niños de los sectores de menores recursos en los siguientes niveles educativos”, reza el documento. Según el Ineed las diferencias más sustanciales en el acceso a la educación por cuestión de género, territorio y estrato social se hacen especialmente visibles a partir de los 14 años de edad. A partir de este punto se observa que las mujeres tienden a experimentar una mayor tasa de supervivencia en el sistema educativo que los hombres. Esta brecha en el acceso a la educación secundaria favorable a las féminas se ve especialmente incrementada en la franja de 16 y 17 años y ascendió a 14 por ciento de diferencia en el período 2013-2015. Por otro lado, en lo referido a la cuestión territorial, el informe señala diferencias de acceso a la educación especialmente desfavorables para los habitantes de localidades pequeñas y de áreas rurales del interior del país, en comparación con las zonas urbanas y con la capital. El documento destaca que, en comparación con los datos de 2006, la brecha en el acceso educacional entre Montevideo y el interior se ha reducido debido a los proyectos de expansión matricular impulsados en las localidades pequeñas y en el interior rural del país. No obstante, actualmente los jóvenes montevideanos tienen casi el doble de posibilidades (48 por ciento) de terminar la educación media superior que aquellos que viven en localidades chicas del interior (28 por ciento). En el caso de los jóvenes que viven en localidades grandes del interior el porcentaje de alumnos que culminan este nivel educativo es de 32 por ciento. Sin embargo, la cualidad que determina de forma más trascendental el derecho a la educación de los uruguayos es el nivel de ingresos de su hogar. Así, los jóvenes de estratos socioeconómicos altos tienen cinco veces más posibilidades (71 por ciento) de terminar el bachillerato que sus homólogos de extracción más pobre (15 por ciento). Esto define la posterior trayectoria laboral de cada individuo, ya que aboca a la precariedad y los bajos salarios a aquellos individuos que no logran culminar la educación obligatoria. Esto se suma a la mala distribución del presupuesto, ya que las escuelas situadas en los entornos más desfavorables tienden a recibir menos recursos que el resto, por lo que la brecha social se profundiza. En el caso de la educación inicial, existe una amplia diferencia en la escolarización a los tres años de edad entre los diferentes quintiles de ingresos en el hogar de la población. Alrededor de 91 por ciento de niños del quintil de mayores ingresos está matriculado en un centro educativo a los tres años, mientras que en el quintil de menores ingresos la proporción es de 54 por ciento. Esta brecha se reduce significativamente en la franja de cuatro años, pero vuelve a aparecer al llegar a la educación secundaria. Así, el informe explica que “en la última edad teórica para el ciclo obligatorio (17 años) 96 por ciento de los adolescentes pertenecientes a los hogares de mayores ingresos (quintil 5) accedía al sistema educativo obligatorio frente a 59 por ciento de los pertenecientes a los hogares de menores ingresos (quintil 1)”. Estas diferencias repercuten de una forma trascendental en la sociedad, ya que hay que tener en cuenta que en 20 por ciento de hogares de menores ingresos viven casi la mitad de niños y adolescentes del país. “Por lo tanto, ese patrón de desigualdad afecta negativamente a los hogares en donde se encuentra una proporción muy importante de los sujetos del derecho a la educación”, concluye el texto. Por último, para tener un panorama más completo de la provisión del derecho a la educación en Uruguay se debe atender a los resultados cualitativos que se desprenden de los estudios del aprendizaje de los alumnos. El informe del Ineed señala en base a datos del Terce que “más de 60 por ciento de los estudiantes de sexto curso de primaria se encuentra en los niveles inferiores de desempeño en todas las áreas evaluadas”. Más de la mitad de estudiantes de 15 años no tiene las capacidades básicas exigidas en matemáticas, esta proporción disminuye en ciencias y en lectura, aunque se encuentra en 41 por ciento y en 39 por ciento respectivamente. El texto agrega que “es necesario recordar que estos resultados son alcanzados por los alumnos que se encuentran escolarizados, y que en nuestro país un 14 por ciento de los adolescentes de 15 años no asiste a la educación obligatoria, por lo que de incluirlos presumiblemente sus desempeños serían aún más bajos”. Sin embargo, estos resultados deficientes afectan al conjunto de América Latina, ya que Uruguay es el cuarto país con mejores resultados de la región por detrás de Chile, México y Costa Rica.   Situación de los docentes En base a los datos y estudios analizados, el problema de la educación uruguaya tiene un pilar importante “en la debilidad de las bases que estructuran la profesión” del docente. A ojos de los expertos, el trabajo de los maestros es incuestionable; sin embargo, las estructuras que constriñen su formación y el desempeño de su trabajo constituyen una parte importante de la raíz del problema educativo en Uruguay. Actualmente, la cuarta parte de los maestros de escuelas públicas trabajan en más de un centro. Esta proporción aumenta a 60 por ciento en los docentes que se desempeñan en educación media y a 40 por ciento en los que trabajan en escuelas privadas. Además, el texto remarca que los profesionales titulados son insuficientes de cara a cubrir las necesidades de personal de la educación primaria y media. Este régimen de multiempleo está íntimamente ligado a las bajas remuneraciones y a la imposibilidad de asociarse a un centro de educación concreto. Esto, según el texto, “no solo desgasta a los docentes, sino que además obstaculiza la conformación de equipos estables y comprometidos con cada institución”. Así, los maestros tienen una sensación generalizada de infravaloración de su cargo, ya que este no suele incluir la gran cantidad de tareas vinculadas a la planificación, preparación de materiales y corrección de pruebas que cada uno suele realizar fuera de su horario de trabajo. El texto destaca que “si bien en promedio los docentes trabajan, formalmente, menos horas que otros profesionales y técnicos (30 horas semanales versus 37 en el año 2012), se registran en promedio 10 horas semanales adicionales de trabajo que se realizan en la casa, frente a media hora semanal para otros profesionales y técnicos”. Todo este trabajo no reconocido repercute de forma significativa en la vida cotidiana de cada profesional, ya que le resta tiempo de atención a su familia, así como para actividades de descanso y de desarrollo personal. A esto hay que sumar la fuerte carga psicológica que de por sí conlleva la profesión. Así, de cara al futuro, el informe concluye que “cualquier estrategia de política educativa para los próximos años debería considerar la ineludible centralidad de generar cambios de envergadura en la estructura del cargo [docente] y la carrera, en las condiciones de trabajo, en la formación y en los mecanismos de apoyo y evaluación. Por otro lado, se resalta que las políticas públicas han iniciado un camino positivo que deberá dar frutos en el medio plazo de cara al alumnado. Este cambio consiste en tratar el currículo educativo de una forma más sistémica, es decir, “incorporar evidencias de lo que los estudiantes son y no son capaces de hacer en diversos ciclos educativos, articular su continuidad entre niveles y revisar la calidad de la propuesta formativa” de cara a “reemplazar el denominado ‘asignaturismo’ de educación media a través de un currículo más integrado, incrementando el atractivo y la pertinencia de la oferta formativa para los estudiantes”.