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EEUU se refirió a muertes por torturas en Uruguay

Un documento particular

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay afirmó, en 1976, que existían indicios para que permitían afirmar que entre mayo de 1972 y noviembre de 1975 seis presos políticos murieron a causa de torturas en dependencias militares.

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Sobre principios de 1976, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre la situación política y social en Uruguay, en el que se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura uruguaya. El informe detallaba, entre otras cosas, las malas condiciones de reclusión que sufrían los presos políticos en Uruguay en los centros de detención controlados por militares, así como la existencia de centros clandestinos de detención. Pero el informe también mencionaba otras situaciones. Bajo el rótulo “Torturados hasta la muerte en Uruguay”, la organización internacional denunciaba la existencia de 22 casos de presos fallecidos en las entrañas de los centros de detención entre mayo de 1972 y setiembre de 1975. El primer caso registrado en la lista era el de Luis Batalla, un militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que murió como consecuencia de las torturas recibidas en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 10, en Treinta Tres. Batalla fue el primer muerto por torturas en un establecimiento militar, en los albores del golpe de Estado. Su caso fue denunciado en el Parlamento por el senador Juan Pablo Terra; en su momento, el entonces ministro de Defensa Nacional, Enrique Magnani, afirmó que la muerte de Batalla se había producido en “circunstancias anormales” dentro de la unidad militar. La lista también hacía referencia a otros cinco casos de muertos por torturas en democracia: Edison Marín, Héctor Jurado, Carlos Alvariza, Roberto Gomensoro Josman y Óscar Fernández Mendieta. Los restantes eran muertos en dictadura: Gerardo Alter, Walter Arteche, Hugo Leonardo de los Santos, Gilberto Coghlan, Aldo Perrini, Diana Raggio, Silvia Reyes, Alberto Blanco, Nibia Sabalsagaray, Anselmo García, Horacio Mujica, Iván Morales, Amelia Lavagna, Álvaro Balbi, Carlos Curuchaga y Pedro Ricardo Lerena. En cada caso, AI detallaba las condiciones en que se había producido la muerte. Durante los meses siguientes, la organización incluyó otros dos nombres a esta lista: Argenta Estable y Julián López, fallecidos en diciembre de 1975 y enero de 1976, respectivamente. Estable, de 64 años, falleció en el Hospital Militar a causa de las torturas recibidas en la sede de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y en una unidad militar. En tanto, López fue detenido el último día de diciembre de 1975; siete días después, su cuerpo fue entregado a su familia en un ataúd cerrado y con prohibición de abrirlo. De esta forma, el número de casos ascendió a 24. Ese informe de AI derivó en otro, elaborado por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en el que se comenta y valora las afirmaciones de la organización. Este informe, enviado al Departamento de Estado estadounidense, detalla la información de la sede diplomática en Montevideo sobre cada uno de los casos denunciados como muertes por torturas en unidades militares. En varios se informa la versión oficial del gobierno, y en otros se dice no tener conocimiento sobre el caso. Sin embargo, las valoraciones de la embajada son relevantes. “La denuncia de 22 personas muertas por tortura entre mayo de 1972 y noviembre de 1975 no puede ser confirmada con nuestra mejor información, ni podemos confirmar que, en los hechos, todos ellos han muerto. Nuestra información indica, sin embargo, que la mayoría de estas personas efectivamente murieron de una forma u otra: en algunos casos, probablemente o posiblemente durante interrogatorios, y otros en circunstancias de conflictos con las autoridades. Cerca de una docena de personas murieron estando detenidas en los últimos tres años. Consideremos que la mitad de esas personas (seis), probablemente, murieron como resultado de la tortura aplicada con el objetivo de obtener información”, sostenía la embajada. Este informe forma parte de los documentos elaborados en las oficinas de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, que fueron desclasificados por el gobierno de ese país y entregados al gobierno de la República Argentina. Los casos Una de las denuncias de AI refería al caso de Roberto Gomensoro Josman, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y del Frente Amplio. La denuncia decía que Gomensoro fue detenido el 11 de marzo de 1973 por una patrulla militar y que al otro día se denunció que había fugado. También que en abril de 1974 su esposa obtuvo un certificado de defunción que indicaba su muerte poco tiempo después de su detención, pero que su cuerpo no fue hallado. La referencia de la Embajada de Estados Unidos sobre este caso era lacónica: “La Embajada no tiene información sobre este caso”. La misma respuesta se daba para otros casos: los de Aldo Perrini, Iván Morales, Carlos Curuchaga, Argenta Estable y Julián López. En los restantes la información era un poco más amplia. En general, se sustentaba en notas de prensa o en los comunicados o informes oficiales publicados por las autoridades gubernamentales. En casi todos, la frase de cierre era la misma: “We have no further information” (“No tenemos información adicional”). Por ejemplo, en el caso de Nibia Sabalsagaray se señalaba su militancia política en la Unión de la Juventud Comunista y el reporte del diario Carta Semanal, que denunciaba su muerte en una unidad militar. Más allá de eso, sostiene: “La Embajada no tiene información sobre el caso”. En otros casos, la embajada brinda respuestas lacónicas, pero deja entrever indicios de tortura como causa de la muerte. De este modo, la embajada confirma que las muertes de Hugo de los Santos y Óscar Fernández Mendieta se produjeron en unidades militares, pero no hace mención a las posibles causas de la muerte. En sus denuncias, AI destaca que un informe pericial ordenado por la Justicia en plena dictadura, en relación con el caso De los Santos, determinó que su muerte se produjo a causa de las torturas recibidas durante su detención. Su cuerpo presentaba indicios de severos golpes, mutilaciones y choques eléctricos. La sede diplomática no profundizó en el caso: “El sujeto era integrante del MLN desde 1971. Fue arrestado el 1º de setiembre de 1973. Murió el 3 de setiembre de 1973 en una unidad militar mientras aguardaba ser juzgado”. Similar al caso de Fernández Mendieta. El informe de AI establecía que falleció en el Batallón de Durazno, en mayo de 1973, poco antes del golpe de Estado. Los médicos militares certificaron que murió a causa de un paro cardíaco, “pero no pudieron explicar las numerosas marcas y golpes en todo su cuerpo”. La embajada señaló, con base en informes oficiales de las Fuerzas Conjuntas, que Fernández Mendieta fue arrestado y murió en custodia militar en Durazno. No dice nada sobre sus causas. Pero en dos casos el informe valida las denuncias de Amnistía Internacional. Así fue el caso de Lerena, fundador del MLN-Tupamaros, detenido en mayo de 1975 durante una redada de las Fuerzas Armadas. La denuncia señalaba que Lerena fue retenido e incomunicado; su cuerpo sin vida fue entregado a su familia el 29 de setiembre de ese año, con la información de que se había suicidado y la orden de que su féretro no podía ser abierto. La familia incumplió esa orden y constató que tenía quemaduras en su cuerpo, golpes en su cabeza y sus dos manos quebradas, y que había perdido mucho peso. El informe de la Embajada avalaba la tesis de la tortura. Lerena “fue encontrado muerto en su celda. Según otras fuentes de la Embajada, Lerena murió en custodia militar y es posible que su muerte se haya producido durante y a causa del interrogatorio”. Lo mismo ocurrió con la denuncia sobre el caso de Álvaro Balbi, que sostenía que era un integrante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), padre de cuatro hijos, y que había sido arrestado junto a otros militantes el 29 de julio de 1975 y luego trasladado a una dependencia policial. “Su cuerpo fue entregado a su familia dos días después, con la explicación oficial de que sufrió un ataque de asma. Sin embargo, los signos de tortura eran evidentes y existen indicios de que murió sometido a la tortura del ‘submarino’. Su padre, el señor Selmar Balbi, un exintegrante del Comité Central del PCU, presentó una denuncia en una corte civil, pero el caso fue transferido a la jurisdicción militar, lo que sugiere un intento de silenciar el caso”, decía el reporte de AI. El gobierno uruguayo tenía otra versión. En una nota remitida el 20 de mayo de 1976 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno uruguayo afirmó que Balbi había muerto a causa de una “insuficiencia cardíaca pulmonar aguda debido a stress”. El gobierno uruguayo aseguraba que el 31 de julio de 1975, Balbi estaba detenido en una celda de un local policial, “sin vigilancia de vista, pero sí exterior y con controles periódicos”. “En un momento determinado, al penetrar funcionarios al recinto encontraron a Balbi caído de cúbito ventral, con sus rodillas y codos apoyados en el suelo, a unos cuatro o cinco metros del lugar donde se encontraba la silla donde había sido dejado sentado, y al parecer sin vida. De inmediato se dio intervención al Juez Militar de Instrucción de ler Turno, quien se constituyó en el lugar con el señor médico forense”. El médico era José Mautones; con base en su informe, la justicia militar dispuso el archivo de las investigaciones. Sin embargo, la valoración de la Embajada de Estados Unidos sobre este caso fue en línea con la versión de la organización internacional: “El resumen de AI es básicamente correcto. Medios normalmente confiables dijeron a EmbOff [oficiales de la Embajada] que una patrulla policial encontró a Balbi pintando eslóganes políticos en una pared. Cuando él corrió, se le disparó; murió después a causa de las heridas de arma de fuego. La Embajada considera que, en este caso en particular, se debe dar credibilidad al informe de AI”.

El caso Álvaro Balbi
El abogado Pablo Chargoñía –del Observatorio Luz Ibarburu– afirmó que este documento es un nuevo indicio para ratificar una situación que “ya quedó probada” en la investigación sobre el crimen de Álvaro Balbi: que fue víctima de torturas. Chargoñia afirmó que una autopsia histórica elaborada por el médico forense Guido Berro estableció “claramente” que en el caso de Balbi existían “signos evidentes de tortura”. “El informe es contundente en cuanto a que murió por la práctica de tortura del ‘submarino’; hay elementos de prueba que certifican su muerte en esas circunstancias”, afirmó Chargoñia a Caras y Caretas. Asimismo, el abogado afirmó que en el expediente hay otras pruebas que permiten certificar esta situación. Por ejemplo, el testimonio de un expolicía de la Guardia de Coraceros que participó en el operativo de detención de Balbi y otros militantes comunistas. Este expolicía afirmó que Balbi fue trasladado a la Guardia de Coraceros, ubicada en la calle José Pedro Varela, y que allí fue torturado. También aportó los nombres de quienes estuvieron a cargo del procedimiento, entre ellos, los expolicías Ricardo Conejo Medina y José Sande Lima, ambos condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este expediente está a cargo de la jueza penal de 7º Turno, Adriana de los Santos.

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