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Haciendo la venia

Un sheriff con balas de goma

Ganaron las elecciones tomando como bandera el combate a la inseguridad. Cualquier analista político hubiera apostado que el Ministerio del Interior sería encabezado por alguien que tuviera conocimiento de temas de seguridad o, al menos, un dirigente con importante peso político a nivel nacional. Ninguno de estos dos atributos caracteriza a Jorge Larrañaga.

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Caras y Caretas Diario

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Por Ricardo Pose

El exministro del Interior y hoy senador Eduardo Bonomi integra la lista electoral más votada dentro del Frente Amplio (FA), lo que se repite desde 2004.

Fue el único ministro en la historia del país que estuvo diez años al frente de la cartera de Interior. Ninguno de los que lo precedieron completaron un período de gobierno.

En muchos países -y así sucedió durante los gobiernos del FA- el Ministerio del Interior es una cartera de relevancia. No ha sido así en la historia de los partidos tradicionales, a uno de los cuales pertenece Jorge Larrañaga.

Derrotado dentro de su partido en 2014 y obteniendo el tercer lugar en las internas de 2019, pertenece además al partido político que lista a lista quedó en tercer lugar, detrás de la 609 y Cabildo Abierto.

¿Por qué designar a Jorge Larrañaga, un dirigente de una importante fragilidad política, para estar al frente de uno de los temas que fueron buque insignia de la coalición que en días pasará a regir los destinos del país?

¿Ha sido mérito suficiente la tozudez de llevar adelante un proyecto de ley juntando firmas contra la opinión de propios y ajenos?

Aventuro la hipótesis de que en las tensiones internas del Partido Nacional, esta corriente que se reivindica heredera del wilsonismo fue escogida para dicho cargo porque el futuro gobierno -débil también en términos políticos- tiene en las gateras a los hombres duros reservados para el necesario relevo. En algún momento, cuando Luis Lacalle Pou dejó de correr olas y se bajó de la tabla de surf, aprendió algo de ajedrez.

Rodeado de pesados

No dudo que honestamente Lacalle Pou desee éxito a la gestión de Larrañaga; lo necesita para afianzar sus primeros cien días de gobierno; pero el relato de los sectores más duros, “la crème de la crème de la pesada”, ni siquiera acompañó la campaña “Vivir sin miedo” porque les parecía tibia y de aplicación no inmediata.

Algunos herreristas, retornando a cargos de dirección, y aquellos que migraron del Partido Colorado al sector más duro del Partido Nacional van ocupando sus posiciones para que, llegado el momento del relevo, como en un llamado desesperado al 6º de Caballería, hagan su ingreso triunfal.

No necesitan ninguna innovación; las razzias masivas contra jóvenes de apariencia delictiva en 1989 de Marchesano, la gestión de Angel María Gianola en el gobierno de Lacalle, los feudos policiales bajo la gestión de los varios ministros del Interior con que contaron el segundo gobierno de Sanguinetti y el de Jorge Batlle; experiencia acumulada y pomposamente escrita negra sobre blanco en la Ley de Urgente Consideración.

Escuchá al Bicho

Bonomi hizo dos sugerencias a Larrañaga; la primera, que debería resolver su poco conocimiento sobre el Ministerio del Interior, cartera que abarca más tareas que la seguridad en la calle, y que aunque se barran muchos de sus nuevos programas, comprender su organigrama institucional no parece fácil para un recién llegado, aun con la más prolija transición.

La segunda sugerencia tiene que ver con un tema sensible -tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas-, como es la relación entre los representantes políticos y los funcionarios uniformados del ministerio. Se trata de ministerios que tienen el monopolio del uso de las armas, con sus correspondientes cadenas de mando e imbuidos de un alto espíritu corporativo.

La imagen usada por Bonomi, de estar atento a que “el funcionario hace la venia, pero luego hace lo que quiere cuando se da vuelta”, no debería caer en saco roto.

Si bien ha habido experiencias de huelgas policiales y algunos desacatos, el “hacer la plancha” es la más dañina de las prácticas, sobre todo cuando lo que está en juego es la seguridad de la gente en la calle. Se pueden chocar los talones, pero al mismo tiempo no llevar adelante las ordenes impartidas.

La historia del corporativismo policial, además, sabe de “agachadas”, vendettas y otras actitudes que toman la forma de acciones policiales sujetas a derecho.

¿La detención pública de Maya Cikurel no tiene tufillo a vendetta? Con alerta roja de Interpol (la misma que en su momento se libró contra Bin Laden, por ejemplo) desde diciembre del año pasado, detenida dos meses después a la vista de todos cuando se podía haber concurrido a su domicilio, salvo que también tuviera direcciones falsas, y pareja de un connotado dirigente del riñón de Lacalle Pou, Pablo Da Silveira; en el medio, un exdirector de Crimen Organizado de extracción nacionalista, que es removido por las nuevas autoridades a asumir, coincidiendo la notificación personal de su remoción con la fecha en que se habita la solicitud de detención. Tal vez haya sido todo fortuito, pero se asemeja mucho a una jugada de billar a tres bandas.

Si este hecho policial ocasiona el primer escándalo público del nuevo gobierno y del Partido Nacional, ¿qué no podrá esperar Larrañaga?

Debería tomar sus recaudos de quienes alientan el retorno a la mano dura policial; esta sociedad ya no es la de los 70, con su epidérmica indiferencia a la violación de los derechos individuales, y los delincuentes tampoco son aquellos que no robaban en el barrio y preferían la cárcel a perder la vida.

El respaldo legal y político pregonado al funcionario que debe poner el cuero no le asegura su integridad física en los patrullajes, o en su retorno al hogar, en general en barrios periféricos donde comparte vecindad con la delincuencia, aspectos que no se resuelven desenfundado más rápido o disparando por presunción.

Bien podría pasar que exigir mas represión devenga en resistencia, y ojalá Larrañaga esté a la altura de poder contener los alzamientos policiales que en el pasado tuvieron gobiernos blancos y colorados, o los que suceden por estas horas en Haití o no hace mucho en Brasil o Ecuador; pero, de nuevo, el peso político de Larrañaga depende del apoyo de sus aliados.

Los primeros en la mira

Puede ser una suspicacia, pero el cambio en el relato en el período comprendido entre la campaña electoral y el camino hacia la asunción de marzo no parece casual.

De un país inseguro, del terror en las calles y la ineficacia del ministro Bonomi, el discurso pasó a considerar a Uruguay como uno de los países mas bellos y seguros para vivir e invertir, asegurando que se pondrá mano firme a las ocupaciones de los lugares de trabajo (esto es, a las medidas de lucha que puedan llevar adelante los trabajadores), a la presencia de infiltrados en las marchas (es decir, a la movilización de los sectores sociales perjudicados por el shock fiscal) y contra un sector definido como de apariencia delictiva.

El despliegue territorial propuesto entonces, implica desplegarse sobre la movilización popular y el repliegue a las viejas seccionales, quizás para justificar la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas, pasándose por el jopo los celos profesionales entre azules y verdes.

La acción policial contra las manifestaciones vende imagen de un gobierno firme, al tiempo que no aumenta las estadísticas de una actividad (las marchas, las huelgas) que no puede catalogarse de delictiva.

Una Policía tan ágil y dinámica, rápida en su accionar, no necesitará grandes papeleos que hagan perder tiempo registrando denuncias, con lo cual los números estadísticos estarán “pipí cucú”.

El retorno a las seccionales, a las viejas comisarías, es el retorno a los minifeudos de poder, donde los comisarios hacían gala de su cargo en una suerte de acepción policial y política.

El esquema de funcionamiento del renovado ministerio y la espiral de violencia convocada no cuadran con el Larrañaga de perfil de centroderecha que conocimos hasta hoy.

No hay móvil

La frase se había hecho famosa; ante llamados de auxilio a la seccional correspondiente o al 911, más de una vez se recibió por respuesta: “No podemos ir porque no hay móvil”.

El móvil policial bien podía estar ocupado atendiendo otra emergencia, esperando reparación mecánica, estacionado frente a la seccional como matungo que pasta, mientras adentro se lava el mate o directamente no existía.

Si la coherencia de Luis Lacalle Pou lo obliga a cumplir su promesa de ajuste fiscal, entonces el presupuesto para el Ministerio del Interior se achicará y no hay cosa mas hambrienta de presupuesto que un correcto sistema de funcionamiento en seguridad pública.

La interacción entre la tecnología, lo humano y la mecánica es constante y no puede depender de los fondos disponibles.

De lo contrario, corre el riesgo que le pase como a la famosa anécdota de la Armada Nacional, que en función del presupuesto asignado bajo los gobiernos colorados, o mandaba el avión de reconocimiento mar adentro o la lancha de patrullaje.

Larrañaga ya designó a su equipo; Juan Rodríguez al frente de Crimen Organizado e Interpol, Alfredo Rodríguez en Brigada Anti Drogas, Gonzalo Larrosa en el Centro de Comando Unificado (removido en su momento por la gestión Bonomi del Instituto Nacional de Rehabilitación por haber ocultado información sobre la muerte de un recluso a manos de un funcionario policial), Claudio Correa, que sigue al frente de Inteligencia, Antonio Da Silva en la Dirección Táctica y en Investigaciones, Nelson Albernaz.

El tercero al mando es Diego Fernández, un hombre de confianza de Larrañaga que tal vez pueda oficiar de fiel de la balanza, con Guillermo Maciel, futuro subsecretario, venido de los sectores más duros del Partido Colorado al herrerismo, con la característica de haber sido director general de Secretaría en el período 1999- 2005 en el Ministerio del Interior y director del Observatorio sobre Seguridad Pública Fundapro.

Balas de goma

Para las fuerzas democráticas, que deberán aunar esfuerzos en aislar a las visiones autoritarias con presencia legislativa, la fragilidad política del nuevo ministro del Interior no es un hecho alentador.

La presión generada por los sectores políticos que exigen mano dura y el reclamo de una parte de la población que depositó su confianza comprando el “buzón” de que se acaba el recreo pueden llevar a Larrañaga a extralimitaciones, aun a su pesar.

Si especulamos con la posibilidad de que el cúmulo de contradicciones que reseñamos pudiera llevar a Larrañaga a deponer su cargo, lo que asoma en el horizonte es la gestión directa del autoritarismo puro y duro.

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