Una nueva vieja derecha

No podrían ser tan similares los programas de gobierno de la derecha que vuelve en algunos países de América Latina y esa misma derecha en los años 80 y 90. Aplican duros ajustes fiscales a partir de los mismos diagnósticos que criminalizan los gastos estatales, las políticas sociales, los derechos de los trabajadores. Los gobiernos de Macri y de Temer no toman en cuenta que ese mismo programa se ha agotado, ha terminado por fracasar y ha sido sucedido por gobiernos que han tenido éxito disminuyendo significativamente la pobreza y la exclusión social. Pero la derecha no tiene nada distinto para proponer; han fracasado los intentos de “terceras vías”, que han revelado que no son tales, sino formas disfrazadas del mismo proyecto neoliberal. De ahí que no se trata de superación de los gobiernos antineoliberales, sino de una vuelta dura y pura de los programas neoliberales que han llevado a países del continente -Argentina como modelo más acabado- a las peores crisis de su historia. Lo que cambian son las formas de acción de esa misma derecha, buscando nuevos esquemas  para tratar de imponer su viejo modelo. Lo que caracteriza hoy la acción de la derecha latinoamericana no son nuevas propuestas para terminar con la desigualdad y la exclusión social, sino métodos de acción nuevos para volver a sus antiguos proyectos. Es una tragedia para la democracia cuando el Poder Judicial, en lugar de ser el gran defensor del Estado de derecho, se compromete, al contrario, con la violencia en contra de la democracia. Más todavía cuando participa de un asociación con los medios monopolistas privados, para constituirse como fuerza política -a veces incluso partidaria- de derecha. El uso de las leyes como instrumento con objetivos políticos concretos es lo que se denomina lawfare, palabra que conscientemente tiene orígenes en la palabra guerra (warfare), porque de eso se trata: de desatar una verdadera guerra en contra de líderes políticos democráticos y populares buscando desgastar su imagen pública e incluso inviabilizar su participación política a través de la acumulación de sospechas y procesos judiciales. Lo que hay de nuevo en la forma de acción de la vieja derecha es una alianza explícita entre sectores del Judicial -y de la Policía- con los medios para la espectacularización de procesos judiciales y acciones policiales, y para hacer efectiva la judicialización de la política. Una alianza sin la cual ni los medios tendrían mayor efecto en sus reiteradas denuncias ni la Justicia y la Policía lograrían traspasar a la opinión publica la imagen de corrupción de los líderes populares y de sus partidos. En una deposición que acusa sin pruebas en tantos procesos, en Curitiba, un juez intentaba impedir que Lula hablara de la alianza que él y sus compinches mantienen con los medios, alegando que era un tema que se encontraba fuera del proceso. Lula se impuso, reiterando cómo los jueces hacen llegar, de manera privilegiada y fuera de cualquier procedimiento legal, informaciones sigilosas a los medios. Los jueces no sólo hablan fuera de los autos de los procesos; aparecen reiteradamente en portadas de revistas y diarios, al igual que sus propias esposas, y en fiestas de líderes políticos de derecha, siempre en posturas serviles al presidente Michel Temer, el jefe de toda la corrupción en Brasil. Lula logró imponer la idea de que la participación de los medios, junto con el Poder Judicial, es parte esencial de la operación de judicialización de la política. Sin poder cuestionar las políticas de prioridad de los programas sociales -que responden en gran medida al éxito de esos gobiernos y por el prestigio en las capas populares de los presidentes-, los dirigentes de la nueva derecha intentan desplazar el debate hacia los gastos estatales, como si fueran los responsables de la crisis económica. Y tratan de desplazar el debate sobre el significado de los líderes de los gobiernos populares hacia supuestas irregularidades que habrían cometido, incluyendo el cuestionamiento judicial a medidas de gobierno. Cuando se acercan las elecciones, se montan operativos especiales para copar el clima político, buscando réditos electorales inmediatos. En las elecciones municipales del año pasado en Brasil, se retomaron acusaciones antiguas en contra de Lula, fueron apresados exdirigentes del PT, todo con gran despliegue mediático, revelando que se trata de la gran carta de la que dispone la derecha. En vísperas de las PASO, en Argentina, se desplegó una nueva ofensiva en contra de Cristina Fernández, del mismo modo que, ahora, cuando se acercan las elecciones, se retoman casos como el del fiscal Alberto Nisman -con una indecente supuesta reconstrucción en imágenes de lo que habría sido su asesinato-, así como otras acusaciones en contra la expresidenta en perspectiva de la disputa electoral, en particular en la provincia de Buenos Aires. Esos son los nuevos métodos de la vieja derecha, cuyos objetivos son los mismos: acaparar el poder político en manos de la banca privada, destruir el patrimonio público, los derechos de los trabajadores y los programas sociales, así como la soberanía en la política externa de nuestros países. Lo único nuevo es ese método de comunión entre la Justicia y los medios.