Una rendición política

La perspectiva de continuar trabajando con el presupuesto vigente no es tan desoladora para el equipo económico, que vería concretada su subrayada aspiración de contener el gasto –de hecho, congelarlo– sin tener que pelearse con todo el FA y el movimiento sindical y además pagar el costo político de la responsabilidad. Pero es un panorama terrible para el resto del gobierno, toda vez que haría imposible cumplir con las metas estratégicas acordadas en el programa, sobre todo porque el presupuesto 2015 fue diseñado de una manera que hoy se revela como catastrófica: sólo se presupuestaron incrementos para los primeros dos años, confiados en que sería el tiempo necesario para superar las turbulencias y en que a partir de 2017 podrían disponer con más tranquilidad. La catástrofe surge de un error de previsión que nada tiene que ver con proyecciones de macroeconomía: lo que el gobierno no pudo anticipar es que en 2017 no iba a tener los votos.

El diputado independiente Gonzalo Mujica ya se reunió con Luis Lacalle Pou para discutir estos temas. Le dijo que sería malo que no se lograra aprobar una rendición de cuentas, pero le dejó claro que no va a apoyar un proyecto que suponga el incremento de partidas. Su periplo de reuniones incluiría un encuentro con el presidente del FA, Javier Miranda, y muy probablemente su agenda próxima esté atiborrada de bilaterales. El hombre está buscando y buscándose. Miranda quiere negociar para obtener el voto 50; el resto lo pretende para bloquear al gobierno. Para tener “la pelota”, como se sinceró el pequeño Lacalle, sin detenerse a pensar que la única forma legítima de hacerse del balón en política democrática es con el respaldo de la gente, lo que significa votos en las urnas, y no adquisición de bancas por otra vía. Para la izquierda, a esta altura cifrar esperanzas en la conducta de Gonzalo Mujica es un acto de ingenuidad.

El camino para avanzar en un escenario como este es muy complejo. El gobierno quiere proponer una rendición de cuentas con prioridades muy claras y muy sensibles para la población, en cuyos rubros se concentrarían los incrementos presupuestales propuestos. El resto de la rendición sería más bien conservadora o, en términos de economistas disciplinados, sería “responsable”, “cautelosa”, “medida”, “prudente”, “equilibrada”… en suma, sin aumentar el gasto.

Los rubros a priorizar en la rendición, según comunicó el presidente, serán la educación, el sistema nacional de cuidados, la vivienda y la seguridad. Las cuatro prioridades se corresponden con las votadas por la ciudadanía cuando se eligió al FA para su tercer período, pero también están en sintonía con las demandas del resto de la sociedad. Si los incrementos presupuestas que se propongan para esos rubros naufragan, los responsables van a pagar un costo político alto. Y el gobierno tiene que procurar que sea tan alto como sea posible. Para ello tiene que comunicar muy bien su proyecto, que además tiene que ser un proyecto muy bueno, y con mucha base social. Un proyecto presupuestal que movilice a favor, en lugar de movilizar en contra, algo que los economistas locales no conocen, porque están acostumbrados a proceder al revés: proponen una rendición magra, para después ir desactivando conflictos con concesiones en una suerte de regateo tradicional, en el que el mayor aliado de los gobiernos es el tiempo, que está constitucionalmente acotado.

La cuestión inevitable es con quién hay que acordar la rendición cuando no es posible avanzar en la negociación parlamentaria. La respuesta sería evidente si volviéramos un poco a la fuente: hay que acordar la rendición adentro del FA y con el “bloque social de los cambios”, como algunos gustan llamar a la base social de sustentación del FA.

Esto no quiere decir que el Poder Ejecutivo y el equipo económico deban sumergirse en negociaciones interminables con cuanta organización exista para armar un proyecto de rendición. Pero sí que el proyecto tiene que ser un proyecto con respaldo social, sobre todo en los rubros que se pretenden priorizar. Una rendición que cuente con el apoyo de los trabajadores, las instituciones educativas, los estudiantes, en lugar de un proyecto que anime una confrontación cuando, además, lo más probable es que ni siquiera obtenga los votos.

Los proyectos presupuestales y las rendiciones de cuentas han sido fundamentales para la gestión de gobierno. Pero sobre todo lo han sido y lo son cuando tienen posibilidades de ser aprobados en las cámaras, aun a expensas de una negociación con sus idas y vueltas. Pero con ser trascendentes para la gestión, su función no se agota allí: los proyectos presupuestas deberían ser fundamentales para la política, porque es en su articulado donde se establecen las prioridades y con ello se desnuda la sensibilidad de un gobierno y las fuerzas políticas que lo conducen, con la trama de los intereses que se defienden. En todos estos años de comodidad, mayoría automática y entronización del gestionismo, muchas veces la política ha quedado atrás, la sensibilidad se ha desdibujado, y ha crecido a tal punto la indiferenciación que sólo los más avisados son capaces de distinguir en los discursos las ideologías en las que se sostienen. Ahora que se terminó esa comodidad, ahora que lo que se viene es la minoría automática, es hora de que los proyectos que van a fenecer, antes de su destino de cajón, cumplan la función primordial de dejar claro ante la sociedad quiénes están de un lado y quiénes están del otro.